11 abril 2010

Un teléfono y el Arancel de Procuradores.


El día 30 de marzo de 2010 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley que modificaba el arancel de procuradores, fijando que la cuantía global por derechos devengados por un Procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podía exceder de trescientos mil euros. Solo excepcionalmente, se podría superar el límite para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales efectivamente realizados por el Procurador de manera extraordinaria.

La modificación, que también afectaba a los procesos concursales, se aplicaría a todas las actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme. Dos días después, el BOE de 1 de Abril de 2010, publicó el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, cuya Disposición adicional única se dedica a la modificación del Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales en los términos ya indicados.

La Exposición de motivos del Real Decreto explica la celeridad de la reforma: “El trabajo de todos los profesionales implicados en los procesos concursales es esencial para tal fin, pero su remuneración debe ajustarse a los servicios realmente desempeñados y en todo caso a unos límites que garanticen que la masa no se reduce de tal manera que frustre el objetivo final del cobro por los acreedores”. Y, cómo no, “La imperiosa necesidad de salvaguardar los legítimos derechos de los acreedores y la reducción de los costes en la administración de justicia exige que ambas reglas sean de aplicación a todos los procedimientos en tramitación y a todos los derechos que aún devengados no se hayan liquidado con carácter firme. La situación económica actual y la retribución justa y equitativa de los servicios prestados por los procuradores de los tribunales justifican la adopción de esta medida con urgencia a través del presente instrumento evitando que se demore la puesta en práctica de unas medidas que ya son efectivas para otros operadores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas cuestiones”.

Hagamos prehistoria, título del BLOG, sobre la reforma y su exposición de motivos. Desde hacía más de dos años el Ministerio de Justicia tenía sobre la mesa una modificación del Arancel – propuesta por el Colegio de Procuradores- para la adaptación de las cuantías de los diferentes conceptos y, para fijar un límite máximo por asunto. Que no se hizo nada es evidente y no necesita mayor explicación. Hasta que una mañana un empresario llama por teléfono al Ministerio de Justicia y pregunta por qué razón tiene que pagar 8.000.000,00€ a un procurador (han leído bien); el Ministerio llama al Colegio de Procuradores y éste confirma la minuta y, de paso, recuerda que desde hace más de dos años la propuesta de modificación está en algún despacho del Ministerio; se tranquiliza al empresario y en tres días la minuta se reduce a 300.000,00€ aplicando una retroactividad de difícil comprensión ( ¿qué son las “cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme”?).

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