15 abril 2010

Hacia la responsabilidad objetiva del Secretario Judicial.



Entre las múltiples funciones que el Reglamento de Secretarios Judiciales atribuye a estos funcionarios y, por tanto, a quien suscribe estas líneas, no solo se encuentra el don de la ubicuidad – ignoro por qué razón hay nueve personas más en la oficina judicial- sino el de la responsabilidad “plus objetiva” del artículo 1902 CC. Veamos la teoría. La responsabilidad por riesgo o cuasiobjetiva del Tribunal Supremo (Sala 1ª) consiste en que, acreditado por la parte perjudicada el origen del daño, corresponde a quien creó el riesgo la carga de acreditar que el resultado dañoso no es consecuencia de su actuación, sino de la interferencia de elementos extraños a ella como pudieran ser la propia actuación de la víctima o la fuerza mayor.

La Sala 3ª del Tribunal Supremo ha ido más allá respecto al Secretario Judicial, de tal modo que el simple hecho de “estar” crea una relación de causalidad con el “daño” y, en consecuencia, con la “responsabilidad”. Ya no se trata de crear ningún riesgo, pues la “función de Secretario Judicial”, constituye el mismo “riesgo”, sin necesidad de ejercicio alguno. Cito los dos siguientes ejemplos:

Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 8ª, de 17 de julio de 2.009 ROJ STS 5229/2009) (sobre la recepción de documentos)

Lo cierto es que si examinamos el documento que obra al folio 29 del expediente, en el que se reflejan los escritos recibidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid el 7 de febrero de 2008, tan solo figura uno presentado por la Procuradora Dª Ana Caro Romero referido al procedimiento 1671/05, con lo que no hay manera de saber si comprende los dos escritos citados que iban referidos al mismo procedimiento. Ahora bien, aun admitiendo que con esa referencia se incluyera el escrito de interposición del recurso de apelación que se dice no proveído y que hubiera entrado efectivamente en el Juzgado, tampoco podría hablarse de responsabilidad disciplinaria imputable a la Magistrado denunciada, al no ser competencia suya la recepción y custodia de escritos, que viene atribuida al Secretario Judicial conforme al art. 7.c) del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico.

Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 8ª, de 25 de noviembre de 2.009 (ROJ STS 7541/2009) (sobre el archivo de gestión)

En relación con lo anterior, coincide esta Sala en la apreciación efectuada por el Consejo General del Poder Judicial puesto que el recurrente anuda al extravío del documento en autos una serie de consecuencias en materia de valoración de prueba que, evidentemente, inciden en la actividad jurisdiccional propia del Juzgado denunciado, careciendo el Consejo de facultades para investigar el posible efecto que dicho extravío, caso de haberse producido, pudiera haber supuesto en la resolución final adoptada y siendo ello una cuestión que corresponde resolver a la Audiencia Provincial de Almería en el recurso de apelación que el recurrente ha interpuesto frente al auto que resolvió la oposición a las medidas cautelares. En relación con este extremo, se debe destacar que, en la documentación adjuntada al escrito de demanda, consta auto de la Audiencia Provincial, de 15 de diciembre de 2008, en el que, entre otros extremos, se solicita al Juzgado de Berja la remisión para su unión a los autos del referido Decreto y providencia de 22 de enero de 2009del Juzgado por la que se da cumplimiento a dicho requerimiento mediante la remisión de copia del citado Decreto cotejada por el Ayuntamiento de Adra.

Por otro lado, tal y como dispone el artículo 458.1 LOPJ y el art. 11.b del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, corresponde a estos la responsabilidad del Archivo Judicial de Gestión en el que se han de conservar y custodiar los autos y expedientes cuya tramitación no esté finalizada, por lo que, en principio y salvo prueba en contrario, el supuesto extravío de la prueba documental no sería susceptible de generar una responsabilidad disciplinaria del titular del Juzgado denunciado, que es la única que puede ser examinada por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.

1 comentario:

  1. En realidad el TS no aplica el artículo 1.902 del CC acogedor del principio jurídico b asado en el brocardo neminem laedere y que debe probar los 3 requisitos necesarios para el éxito de la acción 1ª ) culpa o negligencia 2ª) daño resultante y 3º nexo causal eficiente entre el primero y el 2º, sino que en materia de SECRETARIOS JUDICIALES APLICA LA DOCTRINA DE LA ADMINISTRACIÓN EXTRAPÒLADO A LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Y LA RESPONSABILIDAD CUASI OBJETIVA O POR RIESGO donde el parámetro fundamental no es la aplicación del artículo 1.902 del texto sustantivo, y el que alega debe probar según el enterrado 1.214 CC y 217 de la LEC, sino que se produce como en toda la materia contenciosa-administrativa la INVERSIÓN DE LA CARGA DE LA PRUEBA . Esta doctrina no es nueva . Lleva aplicandose desde 1.943 por la Sala 3ª del TS…

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Gracias por participar. Si no lee una respuesta a la cuestión o pregunta que formula ruego me disculpe, tengo algún problema con la aplicación que estoy tratando de solucionar.