El acceso de los interesados a la documentación judicial (i)

Un Juez Decano denegó el acceso a determinados procesos según lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. El Consejo General del Poder Judicial confirmó la decisión del Decano ratificando su competencia, afirmó la aplicabilidad de la Ley Orgánica 15/1999 y la improcedencia de utilizar en este caso su artículo 11.2 a); y explicó el régimen de publicidad de las actuaciones judiciales y de acceso a los libros, archivos y registros de los órganos jurisdiccionales.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala 3ª, Sección 7ª, de dieciocho de septiembre de dos mil seis ( en el página del TS ROJ 8722/2006
) respaldando las decisiones del Decano y del CGPJ, afirmó que el recurrente pretendía es que se le comunicaran unos datos de carácter personal contenidos en los registros de dicho órgano jurisdiccional (artículo 3 a) de la Ley Orgánica 15/1999). Y la protección de los datos de ese carácter es el objeto de un derecho fundamental autónomo, fundamentado en el artículo 18.4 CE y distinto de los que enuncia su apartado primero.

Sobre la competencia del Juez Decano dice la Sentencia que el Magistrado-Juez Decano no es incompetente para resolver sobre la solicitud. Ciertamente las normas sobre el estatuto de los Secretarios Judiciales les encomiendan la custodia de los archivos judiciales y, también, procurar a los interesados el acceso a los libros, registros y archivos que no tengan carácter reservado. Incluso, el artículo 82 del Reglamento del CGPJ 5/1995, de 7 de junio, sobre Aspectos Accesorios a las Actuaciones Judiciales, asigna al Secretario la condición de responsable de los ficheros automatizados de datos de los órganos jurisdiccionales.

"Eso, sin embargo, no comporta la incompetencia del Juez para adoptar una resolución como la que ha dado lugar a este proceso porque a él corresponde decidir en qué casos procede limitar la publicidad de las actuaciones judiciales (artículo 232.2 LOPJ), entre las que se incluye su plasmación documental (artículo 234), revisar las decisiones que los secretarios adopten respecto de los ficheros automatizados de datos de los órganos jurisdiccionales (artículos 85 y 4.3 del Reglamento 5/1995), además de resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se susciten con motivo del reparto (artículo 167.2 LOPJ). Este conjunto de previsiones normativas es suficiente para descartar la tacha de incompetencia, especialmente si se tiene presente que, en este caso, el Magistrado- Juez Decano estaba haciendo efectiva la protección de los datos de carácter personal conforme a la Ley Orgánica 15/1999".

En esa línea la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 7ª, de 30 de septiembre de 2008 ( en la página del TS ROJ STS 5442/2008) rechazó el recurso interpuesto contra el artículo 4º.3 del Reglamento CGPJ 1/2005 en el que se alegó la vulneración los principios de legalidad y competencia, por cuanto se invadía las funciones que, con exclusividad y plenitud se atribuyen a los Secretarios el art. 453, LOPJ , y olvidaba la dependencia jerárquica de los Secretarios Judiciales de los Secretarios de Gobierno, y Coordinadores Provinciales (art. 463, LOPJ )- pues contemplado el problema bajo la perspectiva que deriva de la doctrina sentada en la sentencia de 1 de Diciembre de 1998 , si se tiene en cuenta que la solicitud de exhibición de libros, archivos o registro, o el acceso al texto de la sentencia, puede venir referida a un proceso en curso, y o bien estar destinada a producir efectos en ese mismo proceso, es indudable, su carácter jurisdiccional y su ineludible sometimiento al sistema de recursos procesales a resolver por el órgano judicial legalmente competente, o bien estar llamada a tener efectividad fuera del proceso, en cuyo caso como el proceso sigue en curso, no cabe decir que haya cesado su intima relación con el mismo, por lo que al no haber perdido su esencial carácter jurisdiccional, aunque lo fuera para controlar si habría la solicitud de afectar al buen curso del proceso a que se refiere, estarán sometidas (las denegaciones) al régimen de recursos procesales antes indicados, posibilidad éstas que en una interpretación favorable a la presunción de validez de los actos y reglamentos impugnados, cabe entender que se halla cubierta por la alusión del inciso inicial de ese punto 3 del art. 4º del Reglamento , a lo establecido en las leyes procedimentales.

Incluso en el caso que el proceso estuviere concluido sigue manteniéndose la relación entre el juez o Tribunal que intervino y el proceso en cuestión; si bien en este punto cabría sostener que la intervención judicial lo sería en ejercicio de funciones gubernativas, que adoptarían la forma de acuerdo, y que estarían sometidas al sistema de recursos establecidos por el Reglamento 1/2000, de 26 de Julio, de los órganos de Gobierno de los Tribunales.

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