27 abril 2010

Conclusiones mesa redonda Secretarios Judiciales-Registradores de la Propiedad.



El pasado 19 de abril de 2010 se celebró en Valencia una mesa redonda entre Registradores de la Propiedad y Secretarios Judiciales en la que, con el propósito de unificar criterios o de aproximar interpretaciones en los casos más dudosos, se discutieron diferentes extremos de los procesos de ejecución civiles. Las conclusiones del encuentro y de los debates se exponen en este documento.

Conclusiones REG-SJ 19-4-2010

26 abril 2010

Otra de LEXNET en el tránsito a la NOJ y al más allá.


Nueva moda de informática judicial que de moderna tira para atrás. LEXNET es un sistema de correo electrónico que en justicia da muchas vueltas, de tal modo que es imposible recadear con el Abogado y hay que pasar por el Colegio de Procuradores y por el procurador del asunto, para llegar al final del principio, porque el abogado no puede contestar en red, sino a pie de mostrador y el procurador del asunto (ya sin el Colegio de Procuradores de carabina) aparece al día siguiente, mandado por el Abogado, pidiendo éste o aquel papel o, aquella aclaración; porque se firma cada cosa en las oficinas judiciales que eso, se firma. Un éxito de la técnica en la memoria histórica.

¿Y qué pasa cuando el mensaje no llega donde se supone que debe hacerlo?. El Juzgado tiene un acuse de recibo que dice que el mensaje salió bien y que se recibió igual de bien en la primera estación (el correo del colegio de Procuradores), pero nada más. El problema aparece cuando el Juzgado dicta una segunda resolución y aparece un viajero en el mostrador (el procurador del asunto) diciendo que no sabe de qué va el asunto. – Ya ¿y?- Respuesta del primer funcionario que acude al mostrador (incluyendo quien firma estas líneas) en los primeros tiempos del sistema al viajero (o sea al procurador del asunto).

Pero los procuradores han conseguido la cuadratura del rizo. El sistema da el acuse de recibo diciendo que está bien, pero si está mal (lo que ignora el Juzgado) el Ministerio de Justicia le da un recibo al viajero diciendo que está mal. Y gana este último, con retroacción de actuaciones, tutela judicial efectiva quebrada, nulidades varias y derechos vulnerados (el empleo del plural es frecuente en la casa).

¿Plantea esto algún problema?. Ninguno. El sistema funciona bien para lo que son los inventos en la casa, han sido pocas las quejas por este asunto (recuerdo tres) y tengo bastante con no dármela a partir del 5 mayo de 2010, sin salir de Sala, con el mismo sueldo, con el triple de responsabilidad y de competencias y sin ninguna instrucción, protocolo o documento que se le parezca que aclare alguna duda o interrogante. Hacia el infinito y más allá, que diría el clásico.

25 abril 2010

El concepto de interesado (ii)

Señala el Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala 3ª, Sección 7ª, de dieciocho de septiembre de dos mil seis (en el página del TS ROJ 8722/2006) que en principio, ha de rechazarse la posibilidad de que terceros accedan a datos personales que no obran en fuentes accesibles al público y no cuenten con el consentimiento del afectado o medie la autorización de la Ley y a falta de una regulación legal específica del régimen de los ficheros y tratamientos de datos de los órganos jurisdiccionales, hay que decir que los artículos 232 y siguientes LOPJ ofrecen el marco jurídico en el que ha de buscarse la solución, la cual ha de estar presidida por la interpretación más favorable a la efectividad del derecho fundamental.

Las normas que recogen dichos artículos la facilitan en la medida en que se dirigen a hacer compatible el principio de la publicidad de las actuaciones judiciales que enuncia el artículo 120.1 CE con el respeto a los derechos fundamentales de quienes intervienen en los procesos de los que conocen los Juzgados y Tribunales. Por eso, si bien prevén el acceso a las actuaciones judiciales y a los libros, archivos y registros y a las resoluciones de los Juzgados y Tribunales, lo limitan a los interesados. Pero el interés que asiste a quien no es el afectado se ve circunscrito, entre otros factores, por los derechos de las personas a quienes se refieren las informaciones o datos objeto de la pretensión de acceso, entre ellos el que descansa en el artículo 18.4 de la Constitución . De este modo, se detiene donde empieza el espacio protegido por el derecho fundamental.

En este contexto, hay que situar las Sentencias de esa Sala de 3 de marzo de 1995 (en el buscador del TS ROJ 1227/1995), de 6 de abril de 2.001 (en el buscador del TS ROJ 2897/2001) y la más reciente de la misma Sala, Sección 8ª, de 1 de febrero de 2.010 (en el buscador del TS ROJ 557/2010) que han establecido – y reiterado- la interpretación que merece el concepto de interesado utilizado por los artículos 235 y 266.1 LOPJ. El acuerdo del Pleno del Consejo recoge su doctrina y la mantiene, entre otras, la Sentencia de 6 de abril de 2001 invocada en la demanda. Se hace en estos términos:

El interés legítimo solo puede reconocerse en quien, persona física o jurídica, manifiesta y acredita, al menos "prima facie", ante el órgano judicial, una conexión de carácter concreto y singular bien con el objeto mismo del proceso -y, por ende, de la sentencia que lo finalizó en la instancia-, bien con alguno de los actos procesales a través de los que aquel se ha desarrollado y que están documentados en autos, conexión que, por otra parte, se halla sujeta a dos condicionamientos:

a) Que no afecte a derechos fundamentales de las partes procesales o de quienes de algún modo hayan intervenido en el proceso, para salvaguardar esencialmente el derecho a la privacidad e intimidad personal y familiar, el honor y el derecho a la propia imagen que eventualmente pudiera afectar a aquellas personas; y

b) Que si la información es utilizada, como actividad mediadora, para satisfacer derechos o intereses de terceras personas, y en consecuencia adquiere, como es el caso, un aspecto de globalidad o generalidad por relación no a un concreto proceso, tal interés se mantenga en el propio ámbito del Ordenamiento jurídico y de sus aplicadores, con carácter generalizado, pues otra cosa sería tanto como hacer partícipe o colaborador al órgano judicial en tareas o actividades que, por muy lícitas que sean, extravasan su función jurisdiccional. Desde esta perspectiva, pues, ha de examinarse si el interés de la Entidad mercantil recurrente en obtener acceso al texto de las sentencias dictadas en procesos civiles se incardina en los límites descritos y que configuran el derecho a la información debatido.

23 abril 2010

El acceso de los interesados a la documentación judicial (i)

Un Juez Decano denegó el acceso a determinados procesos según lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de carácter personal. El Consejo General del Poder Judicial confirmó la decisión del Decano ratificando su competencia, afirmó la aplicabilidad de la Ley Orgánica 15/1999 y la improcedencia de utilizar en este caso su artículo 11.2 a); y explicó el régimen de publicidad de las actuaciones judiciales y de acceso a los libros, archivos y registros de los órganos jurisdiccionales.

El Tribunal Supremo, en Sentencia de la Sala 3ª, Sección 7ª, de dieciocho de septiembre de dos mil seis ( en el página del TS ROJ 8722/2006
) respaldando las decisiones del Decano y del CGPJ, afirmó que el recurrente pretendía es que se le comunicaran unos datos de carácter personal contenidos en los registros de dicho órgano jurisdiccional (artículo 3 a) de la Ley Orgánica 15/1999). Y la protección de los datos de ese carácter es el objeto de un derecho fundamental autónomo, fundamentado en el artículo 18.4 CE y distinto de los que enuncia su apartado primero.

Sobre la competencia del Juez Decano dice la Sentencia que el Magistrado-Juez Decano no es incompetente para resolver sobre la solicitud. Ciertamente las normas sobre el estatuto de los Secretarios Judiciales les encomiendan la custodia de los archivos judiciales y, también, procurar a los interesados el acceso a los libros, registros y archivos que no tengan carácter reservado. Incluso, el artículo 82 del Reglamento del CGPJ 5/1995, de 7 de junio, sobre Aspectos Accesorios a las Actuaciones Judiciales, asigna al Secretario la condición de responsable de los ficheros automatizados de datos de los órganos jurisdiccionales.

"Eso, sin embargo, no comporta la incompetencia del Juez para adoptar una resolución como la que ha dado lugar a este proceso porque a él corresponde decidir en qué casos procede limitar la publicidad de las actuaciones judiciales (artículo 232.2 LOPJ), entre las que se incluye su plasmación documental (artículo 234), revisar las decisiones que los secretarios adopten respecto de los ficheros automatizados de datos de los órganos jurisdiccionales (artículos 85 y 4.3 del Reglamento 5/1995), además de resolver con carácter gubernativo interno las cuestiones que se susciten con motivo del reparto (artículo 167.2 LOPJ). Este conjunto de previsiones normativas es suficiente para descartar la tacha de incompetencia, especialmente si se tiene presente que, en este caso, el Magistrado- Juez Decano estaba haciendo efectiva la protección de los datos de carácter personal conforme a la Ley Orgánica 15/1999".

En esa línea la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 3ª, Sección 7ª, de 30 de septiembre de 2008 ( en la página del TS ROJ STS 5442/2008) rechazó el recurso interpuesto contra el artículo 4º.3 del Reglamento CGPJ 1/2005 en el que se alegó la vulneración los principios de legalidad y competencia, por cuanto se invadía las funciones que, con exclusividad y plenitud se atribuyen a los Secretarios el art. 453, LOPJ , y olvidaba la dependencia jerárquica de los Secretarios Judiciales de los Secretarios de Gobierno, y Coordinadores Provinciales (art. 463, LOPJ )- pues contemplado el problema bajo la perspectiva que deriva de la doctrina sentada en la sentencia de 1 de Diciembre de 1998 , si se tiene en cuenta que la solicitud de exhibición de libros, archivos o registro, o el acceso al texto de la sentencia, puede venir referida a un proceso en curso, y o bien estar destinada a producir efectos en ese mismo proceso, es indudable, su carácter jurisdiccional y su ineludible sometimiento al sistema de recursos procesales a resolver por el órgano judicial legalmente competente, o bien estar llamada a tener efectividad fuera del proceso, en cuyo caso como el proceso sigue en curso, no cabe decir que haya cesado su intima relación con el mismo, por lo que al no haber perdido su esencial carácter jurisdiccional, aunque lo fuera para controlar si habría la solicitud de afectar al buen curso del proceso a que se refiere, estarán sometidas (las denegaciones) al régimen de recursos procesales antes indicados, posibilidad éstas que en una interpretación favorable a la presunción de validez de los actos y reglamentos impugnados, cabe entender que se halla cubierta por la alusión del inciso inicial de ese punto 3 del art. 4º del Reglamento , a lo establecido en las leyes procedimentales.

Incluso en el caso que el proceso estuviere concluido sigue manteniéndose la relación entre el juez o Tribunal que intervino y el proceso en cuestión; si bien en este punto cabría sostener que la intervención judicial lo sería en ejercicio de funciones gubernativas, que adoptarían la forma de acuerdo, y que estarían sometidas al sistema de recursos establecidos por el Reglamento 1/2000, de 26 de Julio, de los órganos de Gobierno de los Tribunales.

17 abril 2010

La responsabilidad objetiva y la memoria histórica.


Las Sentencias del Tribunal Supremo que publiqué el viernes no son ninguna sorpresa para quien haya leído algo de historia de España. Aquí siempre hay un culpable, nunca un responsable y no es de extrañar que cuando se produce alguna falla en el sistema, no se pierda un segundo en cazar al funcionario – grupo A, quede claro- que estaba más cerca. Nuestra historia está repleta de acusaciones interesadas a quien pasaba por allí, para ocultar los errores, las omisiones o la simple ignorancia de quienes ejercían “mando en plaza”. Lo que sucede hoy, ha ocurrido siempre.



El 15 de septiembre de 1585 salió Drake de Plymouth con su escuadrón naval. El Marqués de Santa Cruz, fue llamado a consejo y su aviso fue que se enviase una carabela rápida a las Indias para advertir que Drake se dirigía a saquear aquellos puertos indefensos y que tomasen las medidas defensivas del caso (Discurso del marqués en Lisboa el 26 de octubre de 1585). El excmo. Sr. Presidente del Consejo de Indias, pidió opinión al Cardenal de Sevilla, Don Rodrigo de Castro (que no sabía nada del mar y que no había estado nunca en las Indias) y a este le parecieron “impertinentísimas y muy excusadas” las razones del marino (Carta del Cardenal al Presidente del Consejo de Indias; 15 de noviembre de 1585). No se avisó de la llegada del pirata y Drake saqueó Puerto Rico, Santo Domingo y Cartagena de Indias. Más aún, un pobre hidalgo portugués se apresuró por su cuenta a llegar a las Indias para advertir del inminente arribo del pirata inglés; pero el Presidente de la Audiencia de Santo Domingo, lo metió en la cárcel por alarmista.

El conflicto anglo-español por el dominio oceánico (Siglos XVI-XVII)”, Juan A. Ortega y Medina, 1992, páginas 215 y 216.


15 abril 2010

Hacia la responsabilidad objetiva del Secretario Judicial.



Entre las múltiples funciones que el Reglamento de Secretarios Judiciales atribuye a estos funcionarios y, por tanto, a quien suscribe estas líneas, no solo se encuentra el don de la ubicuidad – ignoro por qué razón hay nueve personas más en la oficina judicial- sino el de la responsabilidad “plus objetiva” del artículo 1902 CC. Veamos la teoría. La responsabilidad por riesgo o cuasiobjetiva del Tribunal Supremo (Sala 1ª) consiste en que, acreditado por la parte perjudicada el origen del daño, corresponde a quien creó el riesgo la carga de acreditar que el resultado dañoso no es consecuencia de su actuación, sino de la interferencia de elementos extraños a ella como pudieran ser la propia actuación de la víctima o la fuerza mayor.

La Sala 3ª del Tribunal Supremo ha ido más allá respecto al Secretario Judicial, de tal modo que el simple hecho de “estar” crea una relación de causalidad con el “daño” y, en consecuencia, con la “responsabilidad”. Ya no se trata de crear ningún riesgo, pues la “función de Secretario Judicial”, constituye el mismo “riesgo”, sin necesidad de ejercicio alguno. Cito los dos siguientes ejemplos:

Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 8ª, de 17 de julio de 2.009 ROJ STS 5229/2009) (sobre la recepción de documentos)

Lo cierto es que si examinamos el documento que obra al folio 29 del expediente, en el que se reflejan los escritos recibidos en el Juzgado de Primera Instancia nº 70 de Madrid el 7 de febrero de 2008, tan solo figura uno presentado por la Procuradora Dª Ana Caro Romero referido al procedimiento 1671/05, con lo que no hay manera de saber si comprende los dos escritos citados que iban referidos al mismo procedimiento. Ahora bien, aun admitiendo que con esa referencia se incluyera el escrito de interposición del recurso de apelación que se dice no proveído y que hubiera entrado efectivamente en el Juzgado, tampoco podría hablarse de responsabilidad disciplinaria imputable a la Magistrado denunciada, al no ser competencia suya la recepción y custodia de escritos, que viene atribuida al Secretario Judicial conforme al art. 7.c) del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba su Reglamento Orgánico.

Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 8ª, de 25 de noviembre de 2.009 (ROJ STS 7541/2009) (sobre el archivo de gestión)

En relación con lo anterior, coincide esta Sala en la apreciación efectuada por el Consejo General del Poder Judicial puesto que el recurrente anuda al extravío del documento en autos una serie de consecuencias en materia de valoración de prueba que, evidentemente, inciden en la actividad jurisdiccional propia del Juzgado denunciado, careciendo el Consejo de facultades para investigar el posible efecto que dicho extravío, caso de haberse producido, pudiera haber supuesto en la resolución final adoptada y siendo ello una cuestión que corresponde resolver a la Audiencia Provincial de Almería en el recurso de apelación que el recurrente ha interpuesto frente al auto que resolvió la oposición a las medidas cautelares. En relación con este extremo, se debe destacar que, en la documentación adjuntada al escrito de demanda, consta auto de la Audiencia Provincial, de 15 de diciembre de 2008, en el que, entre otros extremos, se solicita al Juzgado de Berja la remisión para su unión a los autos del referido Decreto y providencia de 22 de enero de 2009del Juzgado por la que se da cumplimiento a dicho requerimiento mediante la remisión de copia del citado Decreto cotejada por el Ayuntamiento de Adra.

Por otro lado, tal y como dispone el artículo 458.1 LOPJ y el art. 11.b del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el reglamento orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, corresponde a estos la responsabilidad del Archivo Judicial de Gestión en el que se han de conservar y custodiar los autos y expedientes cuya tramitación no esté finalizada, por lo que, en principio y salvo prueba en contrario, el supuesto extravío de la prueba documental no sería susceptible de generar una responsabilidad disciplinaria del titular del Juzgado denunciado, que es la única que puede ser examinada por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial.

11 abril 2010

Un teléfono y el Arancel de Procuradores.


El día 30 de marzo de 2010 el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto Ley que modificaba el arancel de procuradores, fijando que la cuantía global por derechos devengados por un Procurador de los tribunales en un mismo asunto, actuación o proceso no podía exceder de trescientos mil euros. Solo excepcionalmente, se podría superar el límite para remunerar justa y adecuadamente los servicios profesionales efectivamente realizados por el Procurador de manera extraordinaria.

La modificación, que también afectaba a los procesos concursales, se aplicaría a todas las actuaciones o procedimientos en tramitación a la entrada en vigor del Real Decreto Ley, incluidas las cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme. Dos días después, el BOE de 1 de Abril de 2010, publicó el Real Decreto-ley 5/2010, de 31 de marzo, por el que se amplía la vigencia de determinadas medidas económicas de carácter temporal, cuya Disposición adicional única se dedica a la modificación del Arancel de derechos de los procuradores de los Tribunales en los términos ya indicados.

La Exposición de motivos del Real Decreto explica la celeridad de la reforma: “El trabajo de todos los profesionales implicados en los procesos concursales es esencial para tal fin, pero su remuneración debe ajustarse a los servicios realmente desempeñados y en todo caso a unos límites que garanticen que la masa no se reduce de tal manera que frustre el objetivo final del cobro por los acreedores”. Y, cómo no, “La imperiosa necesidad de salvaguardar los legítimos derechos de los acreedores y la reducción de los costes en la administración de justicia exige que ambas reglas sean de aplicación a todos los procedimientos en tramitación y a todos los derechos que aún devengados no se hayan liquidado con carácter firme. La situación económica actual y la retribución justa y equitativa de los servicios prestados por los procuradores de los tribunales justifican la adopción de esta medida con urgencia a través del presente instrumento evitando que se demore la puesta en práctica de unas medidas que ya son efectivas para otros operadores jurídicos lo que genera desigualdad y falta de equidad en estas cuestiones”.

Hagamos prehistoria, título del BLOG, sobre la reforma y su exposición de motivos. Desde hacía más de dos años el Ministerio de Justicia tenía sobre la mesa una modificación del Arancel – propuesta por el Colegio de Procuradores- para la adaptación de las cuantías de los diferentes conceptos y, para fijar un límite máximo por asunto. Que no se hizo nada es evidente y no necesita mayor explicación. Hasta que una mañana un empresario llama por teléfono al Ministerio de Justicia y pregunta por qué razón tiene que pagar 8.000.000,00€ a un procurador (han leído bien); el Ministerio llama al Colegio de Procuradores y éste confirma la minuta y, de paso, recuerda que desde hace más de dos años la propuesta de modificación está en algún despacho del Ministerio; se tranquiliza al empresario y en tres días la minuta se reduce a 300.000,00€ aplicando una retroactividad de difícil comprensión ( ¿qué son las “cantidades devengadas por actuaciones anteriores que no se hayan liquidado con carácter firme”?).

05 abril 2010

El Tribunal Supremo y ¿las notificaciones del Secretario Judicial?



La Sala 3ª del Tribunal Supremo está abriendo una senda, en varias sentencias que luego se recogen, en la que mezcla la responsabilidad disciplinaria del Juez – objeto del análisis y del pronunciamiento- con el régimen de notificaciones del proceso (sin distinción) y, por ende, con la posible responsabilidad del Secretario Judicial, estableciéndose una relación directa entre la omisión – la falta de notificación- y la conducta del Secretario Judicial del órgano afectado.

El “totum revolutum” llega al extremo de atribuir al Secretario Judicial “la ejecución de los actos de comunicación judicial” (STS 3 de junio de 2.009) como si este funcionario fuera el encargado de la “práctica material” del acto, cuando es lo único cierto que en el artículo 152.1 LEC se prevé que los actos de comunicación se realicen bajo la dirección del Secretario judicial, que será el responsable de la adecuada organización del servicio y se ejecuten por los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial y por el procurador de la parte que así lo solicite, a su costa, con la responsabilidad inherente a tales funciones en el artículo 168.1 LEC. Pero no puede ir más allá, aunque el Tribunal Supremo se empeñe en lo contrario.

Estas son las sentencias

Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 8ª, de 15 de abril de 2.009 (ROJ STS 2296/2009)

Planteado en tales términos el recurso, no puede prosperar porque como se deduce de los artículos 414 y siguientes de la LOPJ, tratándose de la responsabilidad disciplinaria de Jueces y Magistrados su ámbito subjetivo se limita a estos y en este caso la conducta denunciada no puede ser atribuida al titular del Juzgado de lo Penal nº 14 de Madrid, porque por parte de la Secretaria del Juzgado, a quien competía la función de que se llevase a efecto las notificaciones, se impulsó con suficiente diligencia esta actividad, a través de los tres intentos que resultaron fallidos por causas ajenas a sus posibilidades de actuación, en cuanto que se originaron en sendos traslados penitenciarios, lo que obviamente excluye cualquier indicio de responsabilidad disciplinaria del Juez, ni siquiera desde la perspectiva de la atención por parte de éste a que el deber de notificación de la sentencia fuese debidamente cumplimentado, a la vista de que en este aspecto tampoco es apreciable signo alguno merecedor de reproche en la propia conducta de la Secretaria del Juzgado.

Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 8ª, de 3 de junio de 2.009 (ROJ STS 3693/2009)

Ahora bien, independientemente de la obligación del titular del órgano judicial de garantizar el buen funcionamiento de éste, la ausencia de una notificación por parte de un Juzgado no es susceptible de generar responsabilidad disciplinaria en su titular, salvo que dicha disfunción, caso de concurrir, fuera tan frecuente o común como para afirmar la existencia de un defectuoso funcionamiento del órgano jurisdiccional imputable a su titular como último responsable del correcto funcionamiento del servicio, pero no si se trata de un hecho aislado y puntual, insuficiente por tanto para integrar cualquiera de las faltas disciplinarias que resultan de aplicación a Jueces y Magistrados que es precisamente lo que aquí sucede. A lo anterior hay que añadir que la ejecución de los actos de comunicación judicial, entre los que se encuentran las notificaciones de las resoluciones judiciales, es competencia del Secretario Judicial, en virtud de lo dispuesto en el artículo 152 LEC pudiendo éste incurrir en una responsabilidad disciplinaria, que en ningún caso sería exigible ante el Consejo General del Poder Judicial, cuyas competencias sobre el particular se limitan a los Jueces y Magistrados.

Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 8ª, de 9 de junio de 2.009 (ROJ STS 3674/2009)

Por otro lado, la falta de notificación del antedicho Auto de sobreseimiento provisional tampoco puede determinar una reapertura de las información previa sustanciada por el Consejo puesto que, aún en el caso en que concurriera, únicamente sería atribuible al Secretario del Juzgado, no siendo, por tanto, susceptible de generar una responsabilidad disciplinaria en su Juez titular, que es la única que puede ser examinada por la Comisión Disciplinaria del Consejo, tal y como ya señaló esta Sala en Sentencia de diez de marzo de 2003, recurso nº 440/2001.

Sentencia de la Sala 3ª del Tribunal Supremo, Sección 8ª, de 26 de febrero de 2.010 (ROJ STS 832/2010)

A mayor abundamiento y en la línea que señala el Abogado del Estado, tampoco cabría imputar ninguna falta de diligencia al titular del Juzgado denunciado derivada de la ausencia o defectuosa notificación de una resolución judicial ya que, aún en el caso en que concurriera, únicamente sería atribuible al Secretario del Juzgado, no siendo, por tanto, susceptible de generar una responsabilidad disciplinaria en su Juez titular, que es la única que puede ser examinada por la Comisión Disciplinaria del Consejo, tal y como ya señaló esta Sala en Sentencia de diez de marzo de 2003, recurso nº 440/2001.