¿Tolerancia cero?: A propósito de los registros penales.


El pasado sábado 7 de febrero de 2.009, el BOE publicó el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Ha pasado más de un año y no hemos vuelto a saber del asunto o, al menos, ignoro la información que facilita el sistema; sí la hay.

El artículo 8 se dedica a la Información de carácter general que debe comprender el Sistema (aparece con mayúscula) y que alcanza a los siguientes datos: Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o medida cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros, órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de procedimiento, y número de identificación general; los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos de la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado siempre que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de género y la condición de menor de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Cuidado, información general, porque en el artículo 9 se multiplica por diez la recogida de datos (letras a) a la s) ) en toda clase penas.

Uno de los antecedentes de los registros penales españoles lo encontramos en la Ley número 103/322 de 13 de septiembre de 1994, conocida como “Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program”. Esta legislación obligaba al registro a los penados por delitos sexuales. La violación y el asesinato en 1994 de Megan Kanka, una niña de 7 años, provocó que se implantara un sistema de notificación a la comunidad y se incluyera en el registro a los individuos que hubieran sido convictos de delitos sexuales contra menores de edad. La Ley “Pam Lychner Sexual Offender Tracking and Identification”, de 3 de enero de 1996, autorizó al Fiscal General de los Estados Unidos a establecer un Centro de Datos, adscrito al Buró Federal de Investigaciones, (FBI), para el seguimiento nacional de condenados por delitos sexuales a menores de edad, y delincuentes sexuales violentos. Por último, en la Ley Federal de Protección y Seguridad de Menores Adam Walsh (“Adam Walsh act”) promulgada en el año 2006 se obliga a los Estados a la creación de registros, el control de los cambios de residencia de los penados, las restricciones o prohibiciones de residencia y la práctica de determinadas notificaciones a la comunidad de residencia del condenado.

No hay comparación posible entre una norma (administrativa, la española) y un cuerpo legislativo (penal y civil, el norteamericana); tampoco son los mismos los sistemas informáticos y menos aún, los medios que se emplean en uno y otro país en la implantación de la reforma, pero ya que se trata del primer registro informático nacional, no estaría de más que después de un año se cumplieran las previsiones del artículo 27 del Real Decreto; esto es, que se elaborarán estadísticas de los datos contenidos en los Registros Centrales con arreglo a los criterios de la Comisión Nacional de Estadística Judicial (en la que creo recordar que no hay ningún Secretario Judicial, pese a ser el responsable de la trasmisión de los datos). Solo así dejaremos de amontonar datos y podremos buscar soluciones: para eso se inventó la estadística.

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