20 marzo 2010

¿Tolerancia cero?: A propósito de los registros penales.


El pasado sábado 7 de febrero de 2.009, el BOE publicó el Real Decreto 95/2009, de 6 de febrero, por el que se regula el Sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Ha pasado más de un año y no hemos vuelto a saber del asunto o, al menos, ignoro la información que facilita el sistema; sí la hay.

El artículo 8 se dedica a la Información de carácter general que debe comprender el Sistema (aparece con mayúscula) y que alcanza a los siguientes datos: Nombre y apellidos del condenado, rebelde, sometido a medidas de seguridad o medida cautelar, alias en su caso, sexo, fecha de nacimiento, nombre de los padres, localidad, provincia, país de nacimiento, domicilio conocido, nacionalidad y documento nacional de identidad o NIE, pasaporte o tarjeta de identidad en el caso de los extranjeros, órgano judicial que acuerda la resolución, fecha de la misma, clase y número de procedimiento, y número de identificación general; los datos personales identificativos de la víctima, domicilio o domicilios conocidos de la víctima, y relación de parentesco entre la víctima y el condenado o denunciado siempre que sea necesario y, en todo caso, en los procedimientos de violencia doméstica o de género y la condición de menor de edad de la víctima cuando se trate de delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Cuidado, información general, porque en el artículo 9 se multiplica por diez la recogida de datos (letras a) a la s) ) en toda clase penas.

Uno de los antecedentes de los registros penales españoles lo encontramos en la Ley número 103/322 de 13 de septiembre de 1994, conocida como “Jacob Wetterling Crimes Against Children and Sexually Violent Offender Registration Program”. Esta legislación obligaba al registro a los penados por delitos sexuales. La violación y el asesinato en 1994 de Megan Kanka, una niña de 7 años, provocó que se implantara un sistema de notificación a la comunidad y se incluyera en el registro a los individuos que hubieran sido convictos de delitos sexuales contra menores de edad. La Ley “Pam Lychner Sexual Offender Tracking and Identification”, de 3 de enero de 1996, autorizó al Fiscal General de los Estados Unidos a establecer un Centro de Datos, adscrito al Buró Federal de Investigaciones, (FBI), para el seguimiento nacional de condenados por delitos sexuales a menores de edad, y delincuentes sexuales violentos. Por último, en la Ley Federal de Protección y Seguridad de Menores Adam Walsh (“Adam Walsh act”) promulgada en el año 2006 se obliga a los Estados a la creación de registros, el control de los cambios de residencia de los penados, las restricciones o prohibiciones de residencia y la práctica de determinadas notificaciones a la comunidad de residencia del condenado.

No hay comparación posible entre una norma (administrativa, la española) y un cuerpo legislativo (penal y civil, el norteamericana); tampoco son los mismos los sistemas informáticos y menos aún, los medios que se emplean en uno y otro país en la implantación de la reforma, pero ya que se trata del primer registro informático nacional, no estaría de más que después de un año se cumplieran las previsiones del artículo 27 del Real Decreto; esto es, que se elaborarán estadísticas de los datos contenidos en los Registros Centrales con arreglo a los criterios de la Comisión Nacional de Estadística Judicial (en la que creo recordar que no hay ningún Secretario Judicial, pese a ser el responsable de la trasmisión de los datos). Solo así dejaremos de amontonar datos y podremos buscar soluciones: para eso se inventó la estadística.

16 marzo 2010

Los abajo firmantes.


Garzón no es el único Juez español, ni tan siquiera es el único Juez Central de Instrucción o, mejor dicho, Magistrado-Juez en un Juzgado Central de Instrucción. Garzón – dice ALEJANDRO NIETO, en “El malestar de los Jueces y el modelo judicial” (página 147)- "es espejo vivo de una realidad que ha convertido la Justicia española en un esperpento. Su desviación es tan desmesurada que roza lo genial y si se le trae aquí a colación no es para denostarle personalmente a él sino para denunciar hasta dónde pueden llegar los efectos políticos de un comportamiento (y no sólo de una sentencia) judicial".

No sé lo que pretenden los “abajo firmantes” con el manifiesto de apoyo al Juez Garzón (dicho de otra forma, si lo sé, aunque no lo pueda escribir con la contundencia apropiada), pero es intenso el cansancio de esta clase de comportamientos, que llevamos padeciendo desde el año 2003. Los “abajo firmantes” afirman la “máxima esperanza de que el 'caso Garzón' se resuelva a favor del Derecho en un país en democracia y en contra de la impunidad de los graves delitos perseguidos por el magistrado". Y en ello está el Tribunal Supremo, sí le dejan o, quizá, se trata, precisamente, de eso, de no dejarle.

Pero al margen de ello, observemos tres pequeños datos que nos permitirán un juicio equilibrado:

1º.- Las filtraciones del “Caso Gurtel” a la prensa, terminaron al día siguiente de la salida del proceso del Juzgado Central de Instrucción del Juez Garzón.

2º.-El Portavoz del Foro Judicial Independiente dijo en la Comisión de Justicia del Congreso, el pasado 25 de febrero de 2.009:

"Se ha preguntado también que por qué en el caso del Juez Garzón, que ha sido objeto de críticas por un determinado partido político, no se ha hecho[salir sus compañeros a defenderlo]. Muy sencillo: no es que no se haya hecho, es que la carrera judicial no se siente identificada con el Juez Garzón, y lo digo así de claro". (“El malestar de los Jueces y el modelo judicial”,página 96)

3º.- No se detecta en la casa “ninguna gravísima situación” que no tenga que ver con el “Caso Mari Luz”.

15 marzo 2010

Otra forma de hacer las cosas.


Kenia, 2008, centro de huérfanos Omwabini y tres chicas norteamericanas (blancas). Unas elecciones en el país, que dejan más de quinientos muertos y miles de desplazados; con el habitual panorama de grupos descontrolados (dos eufemismos) adueñándose de las carreteras para cobrarse antiguas deudas o, simplemente, provocar terror a machetazos.

El padre de una de las chicas recibe el habitual “estate quieto y callado”, que tan bien conocemos por estos lares, y trata de contratar un helicóptero, que además de caro, no encuentra. Pero el padre sigue sin estarse quieto. El final de la historia: gente de Blackwater (horribles mercenarios) evacuan a todo el personal del orfanato. Los ciudadanos keniatas y los huérfanos son recogidos por miembros de su iglesia en Nairobi.

Hasta aquí la noticia en prensa. Ignoro cómo se hizo la evacuación, que medios se emplearon y si se pidió algún permiso a alguien – incluyendo Estados-, pero sí tengo claro que cuando el Derecho no sirve, tampoco sirve cruzarse de brazos, ni alegar la bondad de la humanidad. Los cuentos infantiles son eso, cuentos infantiles y que no deberían salir de las librerías o del cine.

Posdata: la fotografía es un C-212 (hecho en España) de Blackwater en Afganistán.

11 marzo 2010

La independencia judicial del poder político















Desde el Siglo XIX llegamos tarde a cualquier sitio y por supuesto, después de inventar la rueda, la bombilla y la pólvora. Fernando, el Séptimo, gran amigo de Pérez Reverte y de Julián Marías (échenle un vistazo a “LA ESPAÑA INTELIGIBLE”), inició una carrera que no ha terminado, pero que va por muy mal camino. Los Jueces, rebelados a resultas de los Secretarios Judiciales, insisten en lo imposible, porque imposible es separarse del poder político sin reconstruir el Consejo General del Poder Judicial y, sin obviar la llamada del “saltimbanqui judicial”(hoy aquí, mañana allí y pasado, otra vez aquí).

El manifiesto por la despolitización del poder judicial no me parece ni bien, ni mal; me aburre. Como me aburre el de los Fiscales, que intentan subirse al carro y, si se ponen, el de los Inspectores de Hacienda (que no se si lo tienen) o, el de cualquier otro Cuerpo de la administración que se acuerde de Santa Barbará cuando ha dejado de tronar. Que me aburra, no quiere decir, ni mucho menos, que lo desprecie o que lo tome a chirigota: un último asomo de dignidad no le viene mal a nadie.

Tampoco lo critico. El papel de damisela ofendida que se atribuye alguna organización de Secretarios Judiciales es incomprensible y más, cuando defendieron la sanción a la Secretario Judicial del Penal número 1 de Sevilla (eso sí, durante cuarenta y ocho horas).Otra cosa es la propaganda y ahí, guardo silencio, porque detrás de los unos y de los otros, ni sé lo que hay, ni en el fondo, me importa.

10 marzo 2010

Haciendo amigos y cerrando puertas.













El pasado 4 de marzo de 2010 compareció en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el SECRETARIO GENERAL DE MODERNIZACIÓN Y RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA Sr. Sánchez Guiu, para explicar, en pocas palabras, que lo que no se ha arreglado en siglos -ni interés- va a hacerse en dos años largos y a costa, sea dicho, de los Secretarios Judiciales (el firmante de este BLOG, afectado y que anda escamado con tanta velocidad reformista).

El Secretario General se esforzó en facilitar a los diputados presentes – que ignoro quiénes son, algo que no me extraña ya que voto en las elecciones con la misma ignorancia- programas y datos del Ministerio de Justicia. Nos fijamos en la formación. En diez semanas se formará a 4000 secretarios judiciales y a los 10.000 funcionarios del ámbito del territorio ministerio. En total impartirán 1.300 cursos, en los que están participando 345 docentes, con 38.000 horas de docencia.

Muy bien, vayamos con los Secretarios Judiciales. Me han “formado” un día en Madrid y se supone que tengo que hacerlo con mis compañeros de la provincia; desconozco los materiales (si los hay) y las fechas (no las hay), y como estoy destinado en una Comunidad Autónoma transferida también desconozco qué clase de oficina judicial va a implantarse (si la hay). Hubiera bastado un calendario, algo de conocimiento sobre el funcionamiento de los Juzgados y otro algo de trabajo de la oposición parlamentaria para saber que eso de la formación de los Secretarios Judiciales y casi nada, es nada o, casi.

Solo preguntó la representante del Grupo Parlamentario Popular y en diez minutos hizo lo que pudo; al resto, si estaba, no le interesaba el asunto (vide página 12). Lógico, la reforma de la Administración de Justicia es asunto menor y propio de intereses corporativos. Y hasta nacionalistas. Cuidado, amigo. Terreno peligroso. Si haces amigos, te cierras puertas y cuando te cierras puertas, no hay fotografía.