26 diciembre 2010

Matando moscas a cañonazos (otra de Coordinadores)

I. El hecho.

El Secretario Coordinador Provincial de Madrid, remite a un Secretario de un Juzgado de Instrucción, una comunicación en la que, siguiendo instrucciones del Secretario de Gobierno y éste a su vez de la Secretaría General de la Administración de Justicia, en relación con la jornada de paro convocada por asociaciones de Secretarios Judiciales, ponía en su conocimiento que, en caso que el Secretario Judicial no participara en la jornada de paro, debería certificar su presencia en el puesto de trabajo mediante comunicación dirigida al Secretario de Gobierno a través del Secretario Coordinador así como que si el Secretario Judicial no emitiera la indicada certificación se entendería que participaba en la jornada de paro.

II. Dos cañonazos.

El Secretario judicial del Instrucción denunció al Coordinador por coacciones (artículo 620.2 CP), amenazas (artículo 620.2 CP) y prevaricación administrativa (artículo 404 CP). Y otro Juzgado de Madrid –segundo cañonazo- dictó auto en el que desestimó la solicitud de archivo formulada por el Ministerio Fiscal y transformó el juicio de faltas en procedimiento de diligencias previas. Ese auto, que llegó a la Audiencia Provincial de Madrid, nos permite conocer el resultado del asunto.


21 diciembre 2010

De vergüenza: el artículo 579 LEC.

En una de esas entretenidas conversaciones de mostrador con Don Conozco Mis Derechos (invento de la simpar ORIANA FALLACI), versión artículo 24 de la Constitución Española, tuve a bien indicarle a un letrado de Banco que el artículo 579 LEC, no solo mostraba el desconocimiento de los redactores de los anteproyectos de ley (pre- legislador) y del Parlamento (legislador) sobre la realidad procesal, sino que escondía una suerte apaño en la que el BANCO o la Caja de Ahorros que había valorado el inmueble hipotecado – no vayan a creerse que los peritos valoran algo-; que había concedido un préstamo a cuatro siglos vista con evidentes posibilidades de impago (creo que le llaman riesgo de morosidad); que había ejecutado la hipoteca, previo impago, con el derecho a convertir el Juzgado en una Agencia de recobros de morosos y que, por fin, se había adjudicado el bien por el 50% del valor de tasación, terminaba la función, persiguiendo hasta la muerte al deudor, más los intereses y las costas en cálculo provisional, por mor del artículo 579 LEC, que le permite hacerlo.

08 diciembre 2010

El Tribunal Supremo y el depósito DAD 15ª LOPJ


Sobre el plazo de subsanación de la Disposición Adicional 15ª LOPJ, una doctrina consolidada de la AP de CASTELLON en autos de 9 de febrero, 1 de marzo, 6 de abril y 2 de junio de 2010 – que cita la Sección 3ª, de la Audiencia Provincial de Castellón en Auto de 14 de junio de 2010 (recurso 181/2010, número 118/2010), entendió que no era óbice a la inadmisibilidad, el plazo de subsanación del apartado 7, pues la redacción de la norma indicaba que la deficiencia se tenía que haber producido en la constitución del depósito, de suerte que el depósito era presupuesto de hecho de la deficiencia subsanable, lo que comportaba que la total y absoluta omisión del depósito no fuera susceptible de remedio.

El reciente Auto TS, Sala de lo Civil, de 2 de noviembre de 2010 (Nº de Recurso: 230/2010, ROJ. ATS 13855/2010), parece finalizar esta discusión y, estima el recurso de queja interpuesto contra uno de los autos de la Sección 3ª de AP de CASTELLON (el de 9 de febrero de 2010), obligando a que se conceda el plazo legalmente establecido de dos días, para que se subsane la omisión en la constitución del depósito. El Tribunal Supremo entiende que el párrafo 2º del apartado 7 de la Disposición Adicional 15º permite subsanar no solo los supuestos en los que no se haya aportado el justificante que acredite o justifique la constitución del depósito, sino que comprende también de la posibilidad de subsanación por no haber efectuado aún consignación o por haberla efectuado fuera del plazo legalmente establecido para ello.

Se accede a la resolución entrando en el enlace y facilitando los datos del ROJ.

03 diciembre 2010

Normas de reparto y Juez ordinario.



Planteamiento de la cuestión.

El supuesto que da lugar a este motivo es el siguiente: la demanda se refería a los derechos de autor, es decir, derivada del derecho de propiedad intelectual, formulada por la SGAE y fue turnada al Juzgado de 1ª Instancia Número 56 de Barcelona, a la que se acumuló otra turnada al Juzgado número 8. Ello, meses antes de la creación de los juzgados especializados en materia mercantil. Dictada sentencia en primera instancia, el 18 de octubre de 2004, la parte ahora recurrente formuló recurso de apelación y fue turnado a la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Barcelona, lo que se hace constar por diligencia de 26 de enero de 2005.Esta misma parte recurrente presentó escrito impugnando la diligencia y que se declarara la competencia de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial, especializada en materia mercantil. Se dictó auto, de 21 de abril de 2005, que declaró no haber lugar a reponer la diligencia impugnada, por, tal como dice su fundamento único: "la problemática planteada en el pleito tan sólo dispone de parentesco con los temas de propiedad intelectual por derivarse de ese derecho, pero la cuestión jurídica a debatir no se sustenta en aquélla". Este auto no fue recurrido.

Postura del Tribunal Supremo. La Sentencia Tribunal Supremo, de 17 de septiembre de 2010, Sala de lo Civil, (Recurso: 2138/2006, número de Resolución 570/2010) (ROJ STS 5024/2010) analiza el recurso por infracción procesal, en el que se pretende la nulidad por infracción del artículo 68.4 LEC y artículos 98.1, 80.3 y 86 ter 2 a) LOPJ.

La sentencia distingue la nulidad por infracción de las normas de reparto de la violación del derecho al Juez ordinario. Y señala que partiendo del hecho que las normas de reparto de la Audiencia Provincial de Barcelona atribuyen a la Sección 15ª la competencia exclusiva en la materia de propiedad intelectual, y la reclamación de los derechos de autor forman parte, indudablemente y fuera de toda discusión, de la misma, podrá darse lugar a la nulidad de las actuaciones. No a la violación del derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, que proclama como fundamental el artículo 24.2 CE, ya que las normas de reparto no afectan al mismo, pues todos los jueces gozan de la misma cualidad de juez ordinario; aquel derecho viene referido al órgano jurisdiccional y no a las diversas Secciones de una Audiencia Provincial y así, como dice la sentencia 37/2003, de 25 de febrero del Tribunal Constitucional "al haberse remitido el conocimiento del asunto a otra Sección distinta de aquella a la cual inicialmente le había correspondido en virtud de lo establecido en una norma de reparto de carácter general y que tiene carácter objetivo, no puede apreciarse la vulneración del derecho al juez predeterminado por la ley invocada".

Empero, el Tribunal Supremo desestima el motivo del recurso por infracción procesal, con arreglo a lo establecido en el artículo 469.2 LEC, por no haberse denunciado la nulidad en la instancia mediante el empleo de todos los recursos pendientes. El artículo 451 LEC prevé que cabe recurso de reposición contra todas las providencias y autos no definitivos. En el presente caso, la sociedad recurrente impugnó la diligencia y cuando se le denegó tal impugnación por medio de auto, este auto no fue recurrido conforme prevé dicho artículo 451. Con lo cual, no procede acoger el motivo por no haberse dado correcto cumplimiento a lo previsto en el artículo 469.2 LEC

29 noviembre 2010

NOJ en CATALUÑA


Estructura y organización de la oficina judicial en Cataluña. Decreto 169/2010, de 16 de noviembre, sobre estructura y organización de la oficina judicial en Cataluña (DOGC de 26 de noviembre de 2010).

Esperaré nuevas valoraciones, estudios, informes y recomendaciones varias, pero es interesante este camino en el que cada uno hace la guerra por su cuenta y alguien está metido (o no) en la de todos. Por cierto y al vuelo, una de las claves de nuestra crisis económica es la ruptura del mercado interior, pero eso a quién le importa la noche del clásico. Y otra segunda, en el suelo, ¿por qué las filtraciones de la embajada USA no nos han sorprendido nada?.

El documento, pinchando en el enlace.

26 noviembre 2010

Impugnación y contra impugnación.



Planteamiento de la cuestión.

CATIR S.A. -demandante en un proceso ordinario- recurrió en apelación la sentencia dictada en primera instancia por el Juzgado de tal clase nº 1 de Irún únicamente en cuanto absolvía a la aseguradora demandada HELVETIA SEGUROS y le imponía el pago de las costas causadas a instancia de esta última, consintiendo que la condena de la codemandada GARITRANS S.L. quedara fijada en la cantidad de 200.099,46€, más intereses, menor que la solicitada en la demanda, que ascendía a 269.389,10€ por incluir una indemnización por los gastos y costas de un procedimiento anterior.

A consecuencia de la apelación interpuesta por GARITRANS S.L. contra la sentencia, CATIR S.A., se opuso a dicha apelación y además, impugnó a su vez la sentencia -que ya había apelado- interesando ahora la estimación total de la demanda frente a GARITRANS S.L. cuando había consentido previamente su estimación parcial frente a ella.

La cuestión planteada consiste en determinar si la preclusión del trámite de impugnación afecta a las partes del pleito de primera instancia que hayan interpuesto recurso de apelación independientemente de la parte contra la que lo hayan dirigido o, por el contrario, no impide que quien ha recurrido en apelación contra una parte pueda hacer uso de la facultad de impugnar la sentencia frente a otra de las partes a la que no afectaba el primer recurso, si ésta interpone recurso de apelación.

La Audiencia Provincial de Guipúzcoa entendió que tal posibilidad no era admisible y, en consecuencia, no entró a conocer de dicha impugnación posterior.

Postura de la Sentencia Tribunal Supremo, de 13 de enero de 2010, Sala de lo Civil, (Recurso: 912/2005, Nº de Resolución 865/2009) ROJ STS 767/2010

La sentencia del Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal y considera que la cuestión planteada debe ser resuelta en el sentido de que la interposición de un recurso de apelación contra una parte, no impide impugnar la sentencia, en los aspectos relativos a otra de las partes a la que no afectaba el primer recurso interpuesto, si ésta, a su vez, interpone recurso de apelación. Esta conclusión se funda en los siguientes razonamientos:

a) De no aceptarse esta interpretación, en los casos de pluralidad de partes podría verse frustrada la finalidad del trámite de impugnación, consistente en favorecer el aquietamiento a la sentencia no totalmente favorable, pues se obligaría a quien desease limitar su recurso a una de las partes a recurrir contra todas las demás.

b) Podrían generarse situaciones de indefensión, pues el recurso de apelación interpuesto contra una sola de las partes limitaría las posibilidades de defensa contra las demás partes no afectadas por dicho recurso inicial que pudieran, a su vez, recurrir en apelación.

c) En sentido inverso, el artículo 461.4 LEC, al ordenar que del escrito de impugnación se dé traslado únicamente al apelante principal, revela que el escrito de impugnación no puede ir dirigido contra las partes que no han apelado. De esto se sigue que la no-interposición de recurso de apelación no puede fundarse en entender compensados pronunciamientos de la sentencia favorables y desfavorables relativos a partes diversas, y que debe imponerse la consideración separada, a efectos del recurso y de la impugnación de la sentencia, de las pretensiones dirigidas contra partes diversas.

d) El artículo 461.2 LEC no se opone a esta interpretación, pues al referirse a «quien inicialmente no hubiera recurrido» no precisa, en su estricta literalidad, si esta inicial ausencia de recurso debe entenderse de manera absoluta o solamente respecto de las partes contra las cuales se formula la impugnación. Desde el punto de vista sistémico, sin embargo, es obligado entender que «quien inicialmente no hubiera recurrido» es también aquel que no resulta afectado como apelante inicial por las pretensiones a las que se refiere el recurso de apelación al que se opone.

e) En el caso enjuiciado, la aplicación del artículo 461 LEC debe examinarse atendiendo a los términos en que quedó planteada la controversia. Esta Sala considera la recurrente estaba situada en la posición de parte apelante, no respecto a la demandada apelante a la que se referían las peticiones planteadas en la impugnación, que no resultaba afectada por el recurso de apelación inicialmente interpuesto.

La sentencia contiene un voto particular, a mí entender sumamente fundamentado, que sostiene la corrección de la resolución adoptada por la Audiencia Provincial al considerar inadmisible la impugnación que se analiza, por las siguientes razones:

1) La preocupación del legislador por delimitar lo que constituye el objeto del proceso se ha trasladado al recurso de apelación, que al ser de cognición plena o de plena jurisdicción permite una revisión total de la sentencia apelada, condicionada únicamente a los puntos de disconformidad señalados por cada parte, los cuales deben quedar perfectamente delimitados en el trámite de preparación y de impugnación del recurso; sin que sea posible introducir cuestiones nuevas o ejercitar pretensiones modificativas, con prohibición de la reforma peyorativa y plena facultad del Tribunal para valorar las pruebas sin impedimento alguno. Con esa finalidad, la sustanciación de la apelación se articula a través de distintos trámites que van a delimitar el objeto del debate en la segunda instancia, sobre el que deberá pronunciarse en la sentencia el Tribunal de apelación, como precisa el artículo 465 (STS 18 de enero 2010).

2) El derecho al recurso -en este caso el de apelación- se agota por tanto con su ejercicio, de modo que quien se constituye en apelante principal pretendiendo "que se revoque un auto o sentencia y que, en su lugar, se dicte otro u otra favorable al recurrente"(artículo 456.1 LEC) ha de incorporar a su recurso todas las pretensiones dirigidas a la modificación de la sentencia impugnada, expresando en el escrito de preparación los pronunciamientos que impugna(artículo 457.2 LEC), de modo que los no impugnados quedan definitivamente consentidos y no puede combatirlos posteriormente;

3) La posibilidad de impugnar la sentencia con ocasión de la oposición formulada frente a la apelación deducida por la parte contraria -que comporta una excepción a la aplicación del principio de preclusión en cuanto permite, en realidad, apelar cuando puede estar ya extinguido el plazo legal para hacerlo- es una facultad que se concede a quien inicialmente "no hubiere recurrido"(artículo 461.2 LEC) y tiene como finalidad permitir a quien no consideró oportuno dar lugar a la apertura de la segunda instancia -pese a que la sentencia le resultaba en algo desfavorable- sumarse a ella como apelante cuando se ha dado lugar a la misma por razón del recurso interpuesto de contrario; situación que no es la presente en el caso puesto que, quien ahora impugna, ya se constituyó en apelante principal. La impugnación es un instrumento procesal que la Ley pone al alcance de la parte que se aquieta con el fallo de primera instancia que no le resulta totalmente favorable y que es apelado por la contraria, para insertar pretensiones autónomas y eventualmente divergentes de la apelación principal (STS 18 de enero de 2010).

4) El contenido de la impugnación, en la forma que se pretende hacer valer en el motivo, resulta claramente extemporáneo por cuanto supone ampliar los pronunciamientos sobre los que el apelante había anunciado su recurso, convirtiendo al apelante inicial en impugnante del recurso formulado por otro codemandado frente al que tuvo la oportunidad de alegar lo que a su derecho e interés conviniere, haciéndolo contra la literalidad no sólo del artículo 457, sino del 461.2 de la Ley, que autorizan la impugnación respecto de aquello que resulta desfavorable a quien inicialmente no hubiere recurrido. De lo contrario se estaría admitiendo la posibilidad de dos apelaciones formuladas por la misma parte respecto de una misma sentencia, rompiendo el principio de integridad del recurso.

22 noviembre 2010

Cesiones de remate en las injustificadas ejecuciones hipotecarias.


Hace unos años, cuando el perito tasador tuvo a bien valorar el inmueble que pensaba adquirir, tuve unas palabras sobre el importe que aparecía en el original documento que me entregó. Que no se bajara del burro por cuestiones técnicas era asunto que a quien redacta no le incumbían, pero que no lo hiciera por cuestiones bancarias – permítanme las sucesivas patadas a la sintaxis-, ni lo entendí, ni mucho menos ahora.

Luego supe que BANCOS y CAJAS DE AHORRO concedían préstamos del 80% del valor de tasación y del otro 20% en créditos personales al consumo (para amueblar el pisito y renovar el coche) y hasta del 110%, cuando alguien caía por la sucursal y había que cubrir objetivos. El asunto llegó al punto en que se premiaba a Directores de sucursal por superar objetivos y, se los despedía a la semana siguiente por superar los límites de riesgo de morosidad.

El caso es que en el negocio participó toda la cadena: constructores, promotores, aparejadores, arquitectos, peritos, directores de Banca y Cajas, abogados, economistas y, obreros de toda clase, condición y situación, que saltaban de solar en solar, como la oca en el tablero. Que nos la íbamos a dar era algo evidente.

Y nos la dimos. Y como esto es España, ahora el péndulo se ha estrellado con la otra pared. BANCOS y CAJAS de AHORRO están ejecutando hipotecas con precios de tasación en la escritura tan ficticios e irreales que dan miedo, cuando no vergüenza, pero no paran, porque ese legislador tan preocupado de que nos muramos con dignidad, después de echarnos a la cabeza la memoria histórica del último cuarto de hora, no tiene a bien regular la adjudicación en pago en el mercado hipotecario, suprimiendo la responsabilidad personal ilimitada del artículo 1911 CC, ni la modificación de la tasación para adaptarla a los precios de mercado.

El precio de la vivienda no ha bajado nada. Repito, nada, de nada y el parque que acumulan BANCOS y CAJAS de AHORRO sigue subiendo, sin que entienda la razón, salvo el cuento de las provisiones a que obliga el BANCO de ESPAÑA, que no me creo. Y, no solo eso. La novedad, ahora costumbre, de la intervención de la inmobiliaria como tercero en el proceso de ejecución es sencillamente, eso, sencillamente. Imaginen: una subasta en la que aparece una persona por EL CORTE INGLES, otra por HIPERCOR y la tercera por OPENCOR y afirman que son tres personas distintas y, con personalidades distintas. Pues eso.

El asunto es que a mí me han incautado el sueldo y me andan tocando las narices por mi condición de funcionario – Grupo A.1 y turno libre y quedan invitados todos a intentarlo- y presido subastas en ejecuciones hipotecarias injustificadas, en las que la CAJA de AHORROS y su INMOBILIARIA aparecen del brazo, diciendo que son distintas y distantes, pero que como tercero, puja fijando un precio (el que le interesa a la contabilidad de la CAJA). Luego la INMOBILIARIA consigna en la cuenta del Juzgado el importe del precio, supongo que con fondos de la CAJA DE AHORROS, y quien suscribe, que trabaja gratis para todos, redacta el correspondiente decreto de adjudicación y libra el mandamiento de pago.

Dejo una pista para futuros comentarios. El artículo 20 del Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, regula las subastas a condición de ceder en los siguientes términos:

Si la enajenación tuviera lugar en subasta judicial, y el postor a quien se adjudique el remate hubiera hecho uso, en el acto de la subasta, del derecho a cederlo en las condiciones establecidas por la normativa reguladora de la subasta de que se trate, se liquidará una sola transmisión en favor del cesionario. Si la declaración de haber hecho la postura para ceder se formula después de celebrada la subasta, no tendrá aplicación lo dispuesto en este apartado y se liquidarán dos transmisiones distintas: una, al adjudicatario del remate, y otra, al cesionario de aquél.

No hace falta ser economista para saber cuándo te están tomando el pelo.

19 noviembre 2010

La naturaleza periférica del Secretario Judicial


Ahorro comentarios porque mi relación con el derecho administrativo es escasa y, por tanto, ignorante. Así que me limito a exponer la fundamentación y que cada cual saque sus conclusiones, sí las hay, que también lo desconozco.

El Auto de 7 de julio de 2010, del TSJ Galicia, Sala de lo Contencioso-administrativo, Sección 1ª, (recurso 2/2010, número 325/10) dice que la Secretaría Judicial de un Juzgado es un órgano que tiene como ámbito el partido judicial de la provincia, y que depende de la Secretaría Coordinadora provincial, dentro de la ordenación jerárquica que para el Cuerpo de Secretarios Judiciales recoge el artículo 13 del Real Decreto 1608/2005, de 30 de diciembre , por el que se aprueba el Reglamento Orgánico del Cuerpo de Secretarios Judiciales, debiendo tener asimismo en cuenta que en la estructura del Ministerio de Justicia existirá un órgano encargado de la dirección y coordinación de los Secretarios de Gobierno y del resto de Secretarios Judiciales, cuyo titular se denominará Secretario General de la Administración de Justicia (art. 13.3 RD 1608/2008), todo lo cual es congruente con el principio de dependencia jerárquica que proclaman el artículo 452.1 LOPJ y 3.3 RD 1608/2005 cuando se trata del ejercicio de las funciones de dirección técnico-procesal de la Oficina judicial, así como de todas aquellas que les encomiende la Ley Orgánica del Poder Judicial distintas de la fe pública judicial.

Bajo este diseño organizativo – perdonen la cursilada, pero no se me ocurría nada mejor
cito literal del fundamento de derecho del auto:

Por tanto, tanto por el ámbito en que ejercen sus funciones como por la dependencia jerárquica del órgano superior, tanto aquella Secretaria del Juzgado de Instrucción nº 2 de A Coruña como la Secretaria Coordinadora provincial, pueden y deben ser integrados en el concepto de Administración periférica del Estado a los efectos del artículo 8.3 de la Ley de jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que la competencia objetiva en el caso presente corresponde a los Juzgados de lo contencioso-administrativo, en este caso al de A Coruña, por pertenecer a ésta el órgano que dictó la resolución originaria.
Para no perdernos, aunque me faltan datos: la Secretaría Judicial del Juzgado de Instrucción nº 2 de de A Coruña, recurrió una instrucción de la Secretaria Coordinadora provincial, que se confirmó.

12 noviembre 2010

Exégesis literales de redacciones ininteligibles (la D.AD.15ª LOPJ) (i)



Una de las novedades de la reforma de Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2009 fue (o es) la introducción del depósito para recurrir. Ignoro el principio que inspira la norma, como también desconozco la razón por la que un recurso de apelación y otro de casación cuestan lo mismo (50,00€) y, hasta dudo que la revisión de las cuantías del apartado 12 se produzca en alguna ocasión (esperamos todavía la actualización de las cuantías de la Disposición Adicional SEGUNDA de la LEC 2000 y, creo que ya han transcurrido los seis meses que previó la Disposición Adicional CUARTA de la LEC 2000 para que el Gobierno publicara un Real Decreto de precios para la obtención de copias).

Pero el motivo del comentario no tiene nada que ver con la introducción del pago, del que soy firme partidario y muy crítico por defecto (¿50,00€ para interponer un Recurso de Casación?) porque sabido es que el español solo respeta lo que le agrede el bolsillo, sino de la interpretación del requisito que circula por el foro.

Veamos, el apartado 4 de la Disposición Adicional 15ª LOPJ dice:

4. Asimismo, para la interposición de recursos contra resoluciones dictadas por el Juez o Tribunal que no pongan fin al proceso ni impidan su continuación en cualquier instancia será precisa la consignación como depósito de 25 euros. El mismo importe deberá consignar quien recurra en revisión las resoluciones dictadas por el Secretario Judicial.

Se excluye de la consignación de depósito la formulación del recurso de reposición que la Ley exija con carácter previo al recurso de queja.

Fue materia de la teoría general del Derecho la de que la primera interpretación de toda norma era la gramatical: o sea, el precepto dice lo que dice y no lo que cada uno entiende que dice o, lo que quiere creer que dice y, empleando dicho criterio, el ingreso o el pago hay que exigirlo para todas las resoluciones de Jueces y Secretarios Judiciales que no pongan fin al proceso, ni impidan su continuación (recursos de reposición civiles) y el mismo importe de 25,00€ para el novedoso recurso de revisión contra las resoluciones del Secretario Judicial, que es algo así como un chivateo jurídico al Juez o Magistrado sobre gustos (y los gustos, como los colores no son infracciones legales; de momento, al menos).

Quien esto suscribe, como Secretario Judicial, dicta Decretos resolviendo recursos de reposición (resoluciones interlocutorias), forma parte del Tribunal (debate doctrinal que se remonta a la tercera glaciación) y sus resoluciones no están excluidas en el Apartado 4º y, si debían estarlo, nada costaba redactar un tercer párrafo dedicado en exclusiva a éste apasionante asunto.

08 noviembre 2010

Criterios Junta de Jueces de Instancia de Valencia (II).


En la línea seguida por comentarios anteriores se publican, actualizados, los criterios adoptados por la Junta de Jueces de Primera Instancia de Valencia. Y, repito también, como en ocasiones anteriores que desde el año 2007 y a instancia del Juez Decano Pedro Viguer – al que evidentemente debe citarse, porque una cosa es que la ley prevea tal o cual atribución y otra ejercerla y, de eso los Secretarios Judiciales sabemos mucho- los Jueces de Primera Instancia se reúnen periódicamente en Junta con un orden del día previamente establecido, sobre el acuerdo que pueda adoptarse y su fundamentación. Aunque solamente se publica el ACUERDO y no la fundamentación que lo justifica, no creo necesario explicar el interés – la importancia podrá discutirse por alguno- del asunto, dado que la Ley 13/2009 de 3 de noviembre atribuye al Secretario judicial funciones, competencias, atribuciones (o, pongan el verbo que prefieran) sobre cuestiones que ya han sido resueltas con mejor o peor criterio en el documento que se facilita.

Dos aclaraciones para terminar el comentario: a) la publicación de los ACUERDOS tiene una exclusiva finalidad divulgativa que incluye al propio autor de estas líneas y b) parece lógico – y quizá, hasta de sentido común- que sí en los Juzgados se ha venido resolviendo en uno u otro sentido durante mucho tiempo, cualquier modificación o alteración deba, cuando menos, meditarse (y me refiero, en particular, a los monitorios).

28 octubre 2010

Hoy toca hablar de mi libro.




Llevaba tiempo dándole vueltas al asunto y hoy he decidido reconocer que no tengo abuela y echarle unas líneas a mi libro (quizá único). Porque, digámoslo ya, es un estupendo estudio dedicado a una de las materias más sencillas a la par que enrevesadas del proceso civil: la ejecución.

Dejando al margen las ejecuciones de título no judicial (Bancos y Cajas de Ahorro como principales clientes de los Juzgados); en el resto, el demandante se lleva una buena sorpresa cuando se cree que con la Sentencia se ha acabado el asunto. Pues no, ni el pleito termina con la Sentencia, ni esas pólizas de crédito, préstamo o lo que sean, que se han firmado por estos lares, valen de mucho si el ejecutante no tiene claro que quiere o pide y, si el Juzgado no anda rápido.

Y aquí llegamos al principio de un interesante camino de obstáculos prefabricados, por una larga tradición histórica del principio dispositivo (o sea, del pido lo que quiero, como quiero y cuando quiero y usted lo hace) y de la edad de la piedra (hasta el año pasado no hemos tenido acceso en tiempo real a las bases de datos de la AEAT y de la TGSS).

Evidentemente podemos hacerlo complicado – otra larga tradición histórica del proceso español que quebró la reforma del proceso laboral del año 1995-, pero entre ustedes y quien esto suscribe, no parece de recibo a estas alturas del partido. Es sabido que la LEC 2000 olvidó la ejecución (sí, claro, la profundidad con la que se trata la oposición es inversamente proporcional al número de ellas que tramitamos) y la del 2009 no lo ha hecho mejor, pero no está justificado que las pocas puertas abiertas no empeñemos en cerrarlas vistiéndonos con ropajes propios del Siglo XIX.

Con ese propósito está escrito el magnífico manual que ocupa estas líneas, que contiene respuestas y citas jurisprudenciales de esas que nunca se refieren en sitio alguno, pero que en los Juzgados nos vienen al pelo, porque nos sacan de un recurso de reposición o de una petición que nos suena a chino.

Así que ya lo saben, tengan cuidado ahí fuera, adquieran un ejemplar (hay dos enlaces en el BLOG con información), disfrútenlo y no fotocopien. Sobre todo, no fotocopien.

18 octubre 2010

Nulidad de diligencia emplazamiento realizada por un SCAC (STS, Sala Civil 10-3-2010).



La Instrucción 3/2010 de la Secretaría General de la Administración de Justicia, relativa a aspectos derivados del nuevo régimen de competencias de los Secretarios Judiciales establecido por la Ley 13/2009, sujeta en su apartado Quinto (Práctica de actos de comunicación) la aplicación del artículo 152 LEC – que atribuye a los funcionarios del Cuerpo de Auxilio Judicial la ejecución de los actos de comunicación- al establecimiento de las relaciones de puestos de trabajo específicas de los servicios que realicen funciones de actos de comunicación, con lo que los Secretarios Judiciales responsables de los mismos darán las oportunas instrucciones a los funcionarios del Cuerpo de Gestión Procesal y Administrativa que las vienen realizando para que continúen desempeñándolas, conforme a lo establecido en la Disposición Transitoria Decimoquinta LO 19/2003.

Quizá la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 10 de marzo de 2010 (ROJ: STS 1737/2010) altere la exégesis administrativa, que no civil, del citado artículo 152 LEC. El Tribunal Supremo estima el recurso extraordinario por infracción procesal interpuesto contra una sentencia dictada por la Audiencia Provincial de Sevilla, la anula y ordena la reposición de las actuaciones al momento en que se cometió la infracción, que se concreta en el inmediatamente anterior a la diligencia de emplazamiento de 5 de mayo de 2003.

La diligencia de emplazamiento, recogida en el ANTECEDENTE OCTAVO, es como sigue :


Juzgados de Sevilla
Servicio Común de Notificaciones y Embargos.
Para Juzgado de 1.º Instancia N.ª 3
Juicio Prc. Ord. N.º 124 de 03
Funcionarios Intervinientes [...]

Diligencia: En Sevilla a 5-5-03 [...] Constituido en el domicilio que se designa como de Ramón [...] y no encontrándole en él, y sí a quien dice llamarse Guillermo [...] y ser el conserje [...] hago entrega en dicha persona el emplazamiento, notificación y entrega de copia de demanda acordada para aquel, con entrega de la correspondiente cédula comprensiva de los requisitos legales los efectos oportunos, y [...]. Advertida debidamente la obligación de hacerla llegar a manos del interesado y hechos los apercibimientos legales. Doy fe». [Constan al pie derecho rúbrica y trazo ilegibles]. .


El Tribunal Supremo después de citar la doctrina del Tribunal Constitucional en la materia afirma:

A) Sobre la normativa aplicable. La LEC encomienda la realización de los actos de comunicación al Secretario judicial y prevé que se practiquen materialmente por el propio Secretario o por el funcionario que aquél designe (artículo 152.1 LEC). El lugar en que deben efectuarse las comunicaciones cuando se trate del primer emplazamiento o citación al demandado, es el domicilio de éste(artículo 155.1 LEC), con quien, como regla, debe entenderse el acto de comunicación(artículos 152.1.3ª y 161.1 y 2 LEC).

El artículo 158 LEC, prevé para los casos en que no pudiera acreditarse que el destinatario ha recibido una comunicación que tenga como finalidad la personación en juicio que se proceda a su entrega en la forma prevista en el artículo 161.3 LEC [...] En la diligencia se hará constar el nombre de la persona destinataria de la comunicación y la fecha y la hora en la que fue buscada y no encontrada en su domicilio, así como el nombre de la persona que recibe la copia de la resolución o la cédula y la relación de dicha persona con el destinatario, produciendo todos sus efectos la comunicación así realizada.

El artículo 166.1 LEC sanciona con la nulidad los actos de comunicación que no se practicaran con arreglo a lo dispuesto en la Ley y pudieran causar indefensión.

B) Sobre la diligencia de emplazamiento controvertida. El examen de la diligencia de emplazamiento al demandado, revela la existencia de las irregularidades denunciadas por el recurrente.

Cita:


1. Indicación del funcionario actuante. En el apartado del impreso utilizado para extender la diligencia que se titula «funcionarios intervinientes» no se ha hecho constar el funcionario actuante (Secretario u otro funcionario debidamente autorizado), tan sólo consta que ha sido hecha a través del Servicio común de notificaciones y embargos de los Juzgados de Sevilla y no se ha identificado el mismo por cualquier medio suficiente para ello (nombre, número de tarjeta profesional, o, en su caso, sección o equipo del servicio), tampoco ha estampado firma legible. La literalidad de las normas que regulan los actos de notificación no recoge expresamente la mención de la identidad del funcionario actuante pero es una exigencia que deriva de la propia regulación de los actos de comunicación y, en especial, del artículo 168 LEC, que contempla la responsabilidad de los funcionarios que intervienen, y acorde con la extraordinaria relevancia que la LEC y la jurisprudencia otorgan a la realización de estos actos procesales. El examen de las actuaciones del juicio ordinario pone de manifiesto que, en otros actos de comunicación practicados por el Servicio común, el funcionario que los ha realizado se ha identificado mediante la consignación de una clave integrada por números y letras.

2. Firma de la diligencia por la persona con la que se ha entendido la misma. Al pie de la diligencia de emplazamiento consta una rúbrica y un escueto trazo, ninguno de ellos legible. No es posible afirmar que el trazo sea una rúbrica o el inicio de una rúbrica y menos aún identificar cuál de ellos corresponde al funcionario actuante y cuál al portero con el que se entendió la diligencia. Esta circunstancia adquiere mayor relevancia por el hecho de que en la diligencia no se consigna expresamente por el funcionario que el conserje firmara, con él, la diligencia y tampoco se dice que se negara a firmar o planteara evasivas para la firma de la misma.


A lo dicho se suma que la notificación de la providencia por la que se declaró en rebeldía al demandado intentada como indica el artículo 497 LEC por correo certificado, tampoco resulta acreditativa de su recibo por el demandado, ya que sólo consta en las actuaciones la devolución al Juzgado por el Servicio de correos del sobre y acuse de recibo con la nota de «caducado», de la que no puede deducirse la negativa del demandado a su recepción, pues no consta si el servicio de correos dejó aviso en el domicilio del demandado y, en su caso, de qué forma se hizo, si se puso en su conocimiento que el envío estaba a su disposición, dónde y por cuanto tiempo, antes de proceder a su devolución al Juzgado remitente. Siendo irrelevante que dicha providencia se publicara por edicto colocado en el tablón de anuncios del juzgado, ya que esta forma se reserva por el indicado precepto para los casos en que no es conocido el domicilio del afectado, lo que no acontece en el presente.

17 octubre 2010

El Modelo de cubo de basura.

El comentario anónimo de un lector (o lectora) sobre los concursos de Secretarios Judiciales en Burgos y Murcia me lleva a una reflexión sobre la organización del modelo de cubo de basura (uno de los modelos de decisión de la teoría de la organización de James Gary March y Herbert Alexander Simon) y que, creo sigue está NOJ de siete velocidades (con el Ministerio de Justicia y el País Vasco a la cabeza del pelotón)

Según éste modelo de anarquía organizada (que extraigo de varias fuentes en la red), la toma de decisiones es el resultado de la interacción compleja de cuatro corrientes independientes de sucesos:

Problemas: representan una brecha entre la situación presente y una situación deseada. Los problemas son independientes de las soluciones y pueden conducir o no, a una solución.

Soluciones: Son repuestas a la búsqueda de preguntas. En este modelo las soluciones sirven para formular problemas.

Participantes: Son los miembros de la organización que entran y salen de ella, aportan valores actitudes y experiencias.

Oportunidades de elegir. Son ocasiones en las que se espera que la organización tome una decisión.

Un bonito panorama del que curiosamente resulta la solución de los problemas más complejos, pero en el que no se tiene en cuenta ni a las Comunidades Autónomas, ni a los sindicatos (como fenómeno puramente hispánico y que no hemos logrado exportar, no aparecen como factor de agravamiento en ninguna de las teorías sobre la organización), con lo que cualquier consulta que hagan sobre el particular deberá hacerse con todas las salvedades.

14 octubre 2010

Traslado de copias de escritos y documentos entre procuradores (STS, Sala Civil 29-9-2010).

Por su evidente interés transcribo el fundamento de derecho cuarto de la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala 1ª, de 29 de septiembre de 2010 (ROJ STS 4719/2010), dedicado al estudio de la regulación del traslado de copias y a sus efectos. En negrita he destacado los particulares que en una primera lectura, parecen más relevantes.

Fundamento de derecho cuarto:

A) El artículo 276.1 LEC dispone que «[c]uando todas las partes estuvieren representadas por procurador, cada uno de éstos deberá trasladar con carácter previo a los procuradores de las restantes partes las copias de los escritos y documentos que vaya a presentar al tribunal». El traslado debe efectuarse en la forma establecida en el artículo 276.2 LEC, mediante la entrega de las copias de los escritos y documentos destinados a las otras partes en el servicio de recepción de notificaciones a que alude el artículo 283 LEC, en el que se entregará justificante de haberse realizado el traslado que deberá acompañarse a los escritos y documentos que se presenten ante el órgano judicial.

La finalidad del precepto, que supuso una novedad en la tramitación de los procesos introducida por la vigente LEC, es la de agilizar la entrega de las copias de escritos y documentos entre las partes, descargando a los órganos judiciales de estas actuaciones, para lograr mayor celeridad y eficacia en la administración de justicia. La efectividad de la medida exigía, como lo entendió el legislador, una consecuencia anudada a su incumplimiento con la suficiente relevancia como para hacer eficaz la previsión de la norma y, por ello, el artículo 277 LEC establece que, cuando todas las partes estén representadas por procurador «no se admitirá la presentación de escritos y documentos si no consta que se ha realizado el traslado de las copias correspondientes a las demás partes personadas»(AATS de 28 de mayo de 2002, RRQ n.º 323/22002, 2148/2001 y 2309/2001).

Esta Sala se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre el significado y alcance de los artículos 276 y 277 LEC(AATS de 22 de enero de 2002, RQ n.º 2224/2001, 9 de abril de 2002, RQ n.º 2362/2001, 20 de enero de 2009, RC n.º 2351/2005 y 29 de julio de 2008, RC n.º 1391/2005) y ha tenido en cuenta el criterio manifestado por el Tribunal Constitucional en la STC 107/2005, de 9 de mayo. De la doctrina mantenida se extraen las siguientes conclusiones:

a) El artículo 277 LEC es una norma imperativa que adopta una decisión estricta penalizando la omisión de lo dispuesto en el artículo 276 LEC con la ineficacia, para lograr que el traslado se lleve a cabo oportunamente, ya que la falta de una sanción haría inoperante la previsión de este último artículo.

b) La omisión del traslado de copias no es subsanable, porque la subsanación que contempla con carácter general el artículo 231 LEC está referida a los actos defectuosos, pero no a los no realizados, de tal modo que podrá corregirse la falta de acreditación o un traslado deficiente pero, en ningún caso, el omitido.

c) El rigor de esta carga procesal debe atemperarse cuando es el propio órgano jurisdiccional quien induce, propicia, motiva o coadyuva a la omisión de su cumplimiento, normalmente por haber admitido las copias del escrito o documento para su traslado a través del mismo, pues lo contrario supondría colocar al recurrente en una posición que excede del deber de colaboración con la Administración de Justicia(artículos 118 CE, 11.1LOPJ y 17 LOPJ), incluso de efectiva indefensión, vulnerándose su derecho a la tutela judicial efectiva. Así lo impone la doctrina del Tribunal Constitucional y la establecida en instancias supranacionales por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH 26 de octubre de 2000, asunto Leoni contra Italia, y STEDH 15 de febrero de 2000, asunto García Manibardo contra España).

d) Estos criterios generales deben verse completados con los que emanan de la doctrina constitucional sobre la posibilidad de subsanar los actos procesales que, además de asentarse sobre la distinción entre acto omitido y acto defectuoso, tiene en cuenta una adecuada relación entre el cumplimiento de las formalidades y requisitos procesales y el respeto al derecho a la tutela judicial efectiva, siempre bajo la consideración de que la subsanación no es incompatible con la obligación de cumplir oportunamente los requisitos y presupuestos procesales, y de que no se impone una interpretación favorable al derecho a la tutela judicial que determine la ineficacia de tales requisitos y presupuestos(SSTC 247/91, de 19 de diciembre, 16/92, de 10 de febrero, 41/92, de 30 de marzo, 29/93, de 25 de enero, 19/98, de 27 de enero, y 23/99, de 8 de marzo).

Siguiendo estos parámetros esta Sala, al examinar supuestos relativos al cumplimiento del requisito, ha tomado en consideración las diferencias entre el acto omitido y el acto defectuosos(AATS de 17 de julio de 2007, RC n.º 2597/2001, y de 25 de septiembre de 2007, RQ n.º 362/2007), el cumplimiento irregular del requisito aceptado en la práctica de los juzgados(ATS de 28 de noviembre de 2006, RC n.º 1914/2002), el cumplimiento irregular efectuado ante un órgano judicial que no correspondía(ATS de 24 de septiembre de 2002, RQ n.º 678/2002), la existencia de irregularidades en el servicio de recepción de copias(ATS de 24 de febrero de 2004, RQ n.º 791/2003, 17-junio de 2003, RQ n.º 1398/2002) el contenido confuso o discordante de un precepto legal que pudiera inducir a error a la parte, como es el caso de los artículos 474 y 485 LEC(AATS de 28 de mayo de 2002 RRQ n.º 2309/2001, y 2142/2001), la situación procesal de las otras partes en litigio cuando no todas se encontraban personadas a través de procurador, se trataba de la primera personación en la segunda instancia o el Ministerio Fiscal intervenía en el proceso(AATS de 20 de abril de 2004, RQ n.º 839/2003, 20 de marzo de 2004, RQ n.º 201/2003 y 21 de junio de 2005, RC n.º 1446/2001).

En todos estos casos se han conciliado dos principios: (i), la imposibilidad de subsanar el traslado de las copias una vez que se ha producido la preclusión del trámite para la realización del acto procesal de la parte(AATS de 6 de julio de 2004, RC 3167/2001, de 20 de enero de 2004, RQ 1413/2003 y 17 de julio del 2007, RC 2597/2001), y (ii) no puede trasladarse a la parte las deficiencias de funcionamiento de la Administración de Justicia(AATS de 22 de enero de 2002, RQ n.º 2224/2001, y de 9 de abril de 2002, RQ n.º 2362/2001), ambas conformes con lo declarado por el Tribunal Constitucional en la, ya citada, STC 107/2005, de 9 de mayo.

De acuerdo con el criterio sostenido en esta sentencia, el plazo de que disponen las partes para la formulación del recurso por determinación legal es un plazo de caducidad no ampliable a voluntad de aquellas, pero tampoco puede quedar acortado por la presentación del escrito sin cumplir todos los requisitos previstos en la norma procesal, en concreto, en este caso, los establecidos en el artículo 276.1 y 2 LEC. Presentado el escrito sin dar cumplimiento al requisito y sin agotar el plazo previsto para su presentación, la diligencia exigible al órgano judicial impone una actuación inmediata de éste dirigida a hacer posible la subsanación de la falta dentro del término conferido para la presentación del mismo. Por ello, esta Sala no ha permitido que prosperaran las impugnaciones en aquellos casos en los que la parte efectuó el acto procesal el último día del plazo legalmente previsto para su realización, ya que al órgano judicial no le era posible habilitar un trámite de subsanación que permitiera a la parte cumplir con el requisito dentro del término preceptuado(AATS de 14 de febrero de 2006, RQ n.º 916/2005, 13 de octubre de 2004, RC n.º 3019/2001, 20 de enero de 2009, RC n.º 2351/2005 y 17 de noviembre de 2009, RC n.º 2081/2006), y ha estimado el recurso cuando sí era posible -atendido que no había sido agotado el plazo de presentación- habilitar dicho trámite(ATS de 17 de febrero de 2009, RC n.º 1488/2006).

B) Siguiendo la doctrina expuesta han de ponderarse las circunstancias concurrentes en el recurso, para decidir si la falta de observancia del requisito acarrea, en este caso, la grave sanción que impone el artículo 277 LEC.

Resulta relevante el hecho de que por el Juzgado de Primera Instancia no se advirtiera de forma inmediata la existencia de una irregularidad subsanable, con lo que se privó a la parte de la oportunidad de intentar la subsanación en los dos días hábiles que restaban para la finalización del plazo para presentar el recurso. No tomándolo en consideración se ha hecho recaer sobre una parte las consecuencias de la actuación del Juzgado, cuando lo exigible desde la perspectiva del artículo 24.1 CE habría sido que se pusiera en conocimiento de aquellos de forma inmediata la omisión padecida. La ponderación de la trascendencia de la irregularidad para las garantías procesales de las demás partes del proceso (SSTC 41/1992, de 30 de marzo, 64/1992, de 29 de abril, 331/1994, de 30 de junio) permite, por otra parte, concluir que éstas no se han visto afectadas puesto que el Juzgado dio traslado de las copias del escrito de preparación.

09 octubre 2010

El señalamiento no nos deja ver el bosque.

Conozco pocos Jueces que quiera señalar los juicios. Pero, también, a pocos Secretarios Judiciales. Ignoro si los cirujanos se turnan los quirófanos o si los pilotos llaman antes de aterrizar a la torre de control preguntando por su pista de aterrizaje, pero estoy convencido que a los primeros les llevan la agenda y los segundos saben antes de despegar donde les van a permitir aparcar el avión. Quede claro que siempre hay excepciones y no niego que haya Jueces cuya independencia principie con el color de la capucha del bolígrafo y entienda que sin el desayuno y el señalamiento no hay poder judicial.

Entonces: ¿qué ocurre con el señalamiento de las vistas?. Nada. Como tampoco sucede nada con las grabaciones de los juicios. Los Jueces y los Secretarios Judiciales llevamos tanto tiempo en nuestras burbujas que somos incapaces de transmitir a la sociedad en un lenguaje comprensible (y no manipulable) nuestras peticiones. Y, sucede lo que sucede. Lean este párrafo: “Facultad de señalar juicios y vistas. Éste es uno de los capítulos que mayores fricciones genera con el Gobierno. El Ejecutivo quiere atribuir al secretario judicial la agenda de señalamientos pero los jueces se oponen a que los secretarios les lleven la agenda”. ¿Cuál es la conclusión que sacan?, ¿qué el Secretario Judicial es un inútil, como se ha encargado de vociferar alguna organización sindical?.

No. Los Jueces se niegan a que el Ejecutivo les marque la agenda. Lógico si tenemos en cuenta que a estas alturas del partido nadie asegura que el Ministerio de Justicia no cambie las reglas del juego en el último cuarto (hablo de baloncesto, para que se entienda). Y a los Secretarios Judiciales, en el fondo y en la forma, nos da trescientos cuarenta y tres que nos encomienden tan gratificante, “jurídica” y dificultosa labor. No hay más.

05 octubre 2010

Anda triste el gatito micifú: se rechaza su verbalito de 175,00€.

Un Juez de instancia ha rechazado la demandita que el dueño del gatito “micifú” presentó contra una clínica veterinaria. Entiende el magistrado que el gato y el dueño del gato no guardaron el oportuno reposo, empeorando el postoperatorio y que el vuelo del gato “micifú” contra el televisor, cuando en el postoperatorio trató de calzarse un pajarito de dibujos animados que aparecía en la pantalla, no mejoró la situación del gato, del dueño y del televisor.

Rechaza el Magistrado la “mala praxis” alegada por el abogado del dueño del gato “micifú” y afirma que pese a las advertencias médicas, la demandante – el dueño- no adoptó las precauciones necesarias para que el animal no hiciera ejercicios violentos, ni le obligó a hacer uso del collar “isabelino”, retirándoselo primero y recortándoselo después. Intervención que permitió que el gato “micifu” hiciera una pequeña obra de arte con los puntos de la sutura y terminará de arreglarlo cuando se estampó contra la pantalla plana.

Desestima el Juez, por último, otro de los fundamentales alegatos de la demanda de “micifú”: la falta de información sobre el postoperatorio de un gato, que se rebatió en el juicio oral por dos veterinarios y una enfermera de felinos, pero que no quedó clara por la falta de documental (faltaba la huella felina en el consentimiento informado, que tampoco estaba en autos). Afirma el Juez, contundentemente, que si cualquier persona sabe que tras una intervención quirúrgica es necesario que un animal esté quieto y no se toque la herida, con mayor razón debe saberlo quien ha dedicado su tiempo a la cría de este tipo de animales.

Conozco la tensión que en estos duros momentos se vivirá en la casa de “micifú” y, el desconsuelo sin consuelo del dueño del gato, que se presentó en juicio como “experto en la crianza de felinos”; pero solo es una batalla, una de tantas injusticias de los juzgados españoles. Pero ese sacrificado camino que se inició a los pies de un televisor, no ha terminado aún y, quién sabe, si “micifú” encontrara mejor respuesta en la Audiencia Provincial. Porque el gato “micifú” tiene derecho, como cualquier otro gato al acceso a la segunda instancia e incluso a que le sea nombrado abogado del turno de oficio.

Y uno se pregunta por qué las pantallas de los televisores son tan seguras para algunos dueños de gatos y que también, quizá, éste mundo hubiera sido mejor sin las tomas de tierra.

03 octubre 2010

Las cesiones de remate de inmuebles: ¿otra forma de gastar papel?.

La regulación de las subastas civiles, paradigma de un legislador anclado en no se sabe qué siglo de la era cristina, tiene un par de cientos de mejoras pendientes; entre las que incluyo la posibilidad de echar de Sala al subastero que pretende subir la puja de euro en euro, que de todo hay en la viña del Señor.

El subastero, por lo menos, no te da más trabajo del estrictamente necesario, pero con las cesiones de remate que nos estamos tragando, de sociedades respetables, la cosa cambia. La Caja de Ahorros viene del brazo de su inmobiliaria, que ha consignado en la cuenta del Juzgado el importe del 30% del precio del inmueble. Sin la consignación, no hay derecho a participar en la subasta y la cantidad puede ser considerable si tenemos en cuenta que son muchos los Juzgados vendiendo cada día (hagan cuentas de un verbigracia: 30% de 200.000,00€ en varias subastas).

Aparecido el tercero –la inmobiliaria, que suelta del brazo a la Caja de Ahorros en cuanto se abre la puja- hay puja por un precio que se trae en un fax, la Caja asiente y fin del primer acto. Aclaremos que por mor de ese legislador civil al que le cuesta entender el asunto – quizá, porque en la Universidad nadie sabe lo que es una subasta- si solo aparece el ejecutante (vendedor-acreedor) no hay puja. En este caso se cierra el telón cuando la inmobiliaria consigna en el Juzgado la diferencia entre la cantidad que consignó y el precio por el que se ha quedado el inmueble.

Hay un segundo acto que mosquea. La Caja se queda con el inmueble en la subasta y luego le cede el remate a la inmobiliaria, pidiendo ésta que el Juzgado le devuelva el importe de la consignación hecha para tomar parte en la puja. Dejando al margen el mareo de la cuenta y el absurdo movimiento de papel que provoca las dos sociedades del mismo grupo, nadie ha sabido explicarme dónde está el truco, seguiré buscando.

Otrosi: en la justicia española no se utiliza el mazo/martillo en Sala.

10 septiembre 2010

Arturo Pérez Reverte: Una historia de guerra.



Copio del BLOG DE JUAN DE HERAT

UNA HISTORIA DE GUERRA
Arturo Pérez Reverte,
XLSemanal, 12 de septiembre de 2010.

Alguien escribió en cierta ocasión que si una historia de guerra parece moral, no debe creerse. Y alguna vez lo repetí yo mismo. Pero eso no es del todo verdad. O no siempre. Como todas las cosas en la vida, la moralidad de una historia depende siempre de los hombres que la protagonizan, y de quienes la cuentan. Ésta de hoy es una historia de guerra, y quiero contársela a ustedes tal como algunos amigos míos me han pedido que lo haga. La moralidad la aportan ellos. Yo me limito a ponerle letras, puntos y comas.

Base de Mazar Sharif, Afganistán. Cinco guardias civiles, de comandante a sargento, perdidos en el pudridero del mundo, formando a la policía afgana. Cinco guardias de veintidós llegados hace cinco meses y medio, desperdigados por una geografía hostil y cruel, en misión de alto riesgo, en una guerra a la que en España ningún Gobierno llamó guerra hasta hace cuatro días.

Los cinco de Mazar Sharif, como el resto, eran gente acuchillada, porque lo da el oficio.Sabían desde el principio que a la Guardia Civil nunca se la llama para nada bueno. Y menos en Afganistán.Si lo que iban a hacer allí fuera fácil, seguro, cómodo o bien pagado, otros habrían ido en vez de ellos.Aun así, lo hicieron lo mejor que podían. Que era mucho.

Atrincherados en una base con americanos, franceses, holandeses y polacos, vivían con el dedo en el gatillo, como en los antiguos fuertes de territorio indio. Igual que en los relatos de Kipling, pero sin romanticismo imperial ninguno. Sólo frío, calor, insolaciones, sueño, enfermedades, soledad.

Peligro.Los únicos cinco españoles de la base, de la provincia y de todo el norte de Afganistán.Ellos y sus compañeros habían llegado a la misión tarde y mal, aunque ésa es otra historia.Que la cuenten quienes deben contarla.Aun así, con la resignada disciplina casi suicida que caracteriza al guardia civil, se pusieron al tajo.

Como era de esperar, no encontraron la mesa puesta.Quien estuvo por esos mundos con militares norteamericanos, holandeses y franceses, sabe de qué van las cosas.Sobre todo con los norteamericanos, que tienen a Dios sentado en el hombro como los piratas llevan el loro.

Para hacerse un hueco entre sus aliados, distantes y despectivos al principio, no hubo otra que la vieja receta de Picolandia: aprender rápido, trabajar más que nadie, no quejarse nunca y ser voluntarios para todo.Y por supuesto, tragar mierda hasta reventar.Y así, a base de orgullo y de constancia, poco a poco, los cinco hombres perdidos en Mazar Sharif se hicieron respetar.

Un triste día se enteraron de la muerte de sus dos compañeros en Qualinao.De la pérdida de dos guardias civiles de aquellos veintidós que llegaron hace medio año, y de su intérprete.Y pensaron que el mejor homenaje que podían hacerles era que la bandera norteamericana que ondea en la base fuese sustituida, aquel día, por la española a media asta.

Eso no se hace allí nunca, aunque a diario hay norteamericanos muertos, los franceses sufrieron numerosas bajas, y también caen holandeses y polacos.Así que el jefe de los guardias civiles, el comandante Rafael, fue a pedir permiso al jefe norteamericano.Accedió éste, aunque extrañado por la petición.Saliendo del despacho, el guardia civil se encontró con el jefe del contingente francés, quien dijo que a él y a sus hombres les parecía bien lo de la bandera.En ésas apareció otro norteamericano, el mayor James, que nunca se distinguió por su simpatía ni por su aprecio a los españoles, y con el que más de una vez hubo broncas.

Preguntó James si los muertos de Qualinao eran guardias civiles como ellos, y luego se fue sin más comentarios.A las ocho de la tarde, cuando fuera de los barracones apenas había vida, los cinco guardias se dirigieron a donde estaba la bandera. Formaron en silencio, solos en la explanada, cinco españoles en el culo del mundo: Rafael, Óscar, Rafa, Jesús y José.

Cuando se disponían a arriar la enseña, apareció el teniente coronel francés con sus cuarenta gendarmes, que sin decir palabra formaron junto a ellos.Luego llegaron el mayor James, el teniente Williams y veinte marines norteamericanos.Y también los polacos y los holandeses.Hasta el pequeño grupo de Dyncorp, la empresa de seguridad privada americana destacada en Mazar Sharif, hizo acto de presencia.Todos se cuadraron en silencio alrededor de los cinco españoles, que para ese momento apretaban los dientes, firmes y con un nudo en la garganta.

Y entonces, sin himnos, cornetas, autoridades ni protocolo, el capitán Rafa y el sargento José arriaron despacio la bandera.Una historia de guerra nunca es moral, como dije antes.Si lo parece, no debemos creerla.Pero a veces resulta cierta. Entonces alienta la virtud y mejora a los hombres.Por eso la he contado hoy.

06 septiembre 2010

Moviendo papel, que es gerundio (los embargos de sobrante).

El embargo de sobrante o, de lo que sobra en otra ejecución después de haberse saciado el acreedor con su principal, sus intereses de segundo y sus costas de postre, es una figura prevista por el legislador civil en el artículo 611 LEC para evitar que la agilidad del deudor, en forma de doble salto y alehop, le sustraiga de la acción de la justicia. Se trata, en resumen, que el acreedor que no ha llegado a tiempo al patrimonio del deudor, pueda satisfacer su crédito o, parte del mismo.

Pero el legislador no contaba con dos elementos que han trastornado la figura. El primero, propio de esa filosofía espartana, que no ateniense, imperante hoy en juzgados y tribunales, es el de “don conozco mis derechos”, que alumbrara magistralmente Oriana Fallaci y que consiste en convertir al Juzgado en una agencia de recobros por mor del artículo 24 Constitución Española. El segundo, afecta a la visión y como patología, excede el ámbito del derecho y me preocupa. La focalización parcial de la norma supone que el sujeto afectado solo pueda leer un artículo, pero no sus concordantes y así requiera, una y otra vez actuaciones judiciales, que permite una norma, pero que impiden o limitan otras.

La relación entre el artículo 611 LEC y los dos elementos que refiero en el párrafo anterior, solo produce movimiento de papel. Nada más. Y, viene esto al cuento porque después de perseguir infructuosamente una acumulación de ejecuciones (sres. letrados, toc, toc, el Secretario Judicial tiene también el tratamiento de SSª y dicta decretos y diligencias de ordenación ya ven), esta mañana me han pedido urgentemente un embargo de sobrante de prioridad DEFCON 1 y sí hay resistencia – que la hay- a la acumulación procesal por la focalización parcial que antes describía, corramos con las consecuencias, pero dejemos en paz a la agencia de recobros, perdón al juzgado.

03 septiembre 2010

¿Por qué abren los Juzgados en septiembre?.


Gracias a un artículo publicado en el diario EXPANSIÓN.COM y a su réplica, nos enteramos de la necesidad social de la apertura de los juzgados el mes de agosto. Necesidad que se extiende a las tardes de los días hábiles y quizá, a la apertura de un Openjuz para sábados y festivos en las cincuenta y dos capitales de provincia. Necesidad y, perdonen la redundancia, que tiene que ver con otro aforismo latino (¿qué hay de lo mío?) y con la doctrina del mostrador, que se remonta a los años cuarenta y que la informática no ha logrado desterrar, y que consiste en que se pide de palabra una cosa, se dice otra distinta por escrito y luego uno se queja que el Juez o el Secretario Judicial no le reciben a uno o una, cuando tienen a bien dejarse caer por el mostrador del juzgado, aprovechando el viento de levante o, el de poniente.

A estas alturas del partido y con el árbitro en contra, vende el tiro al plato contra la Administración de Justicia (como en su tiempo vendía hacerlo con Notarios y Registradores de la Propiedad), pero la apertura de los Juzgados no tiene nada que ver con su eficacia. Nos echaremos unas frases en un debate tan demagógico como irreal, porque si talamos un par de árboles y vemos el bosque, concluiremos que no hay tal necesidad, sino una queja contra éste o aquel juzgado o, éste o aquel funcionario, Secretario Judicial o Juez.

Como ya dije no tengo ningún inconveniente en que los juzgados tengan más horas de atención al público, que es de lo que se trata (¿qué hay de lo mío?), pero seamos serios, porque la ola que va, vuelve y afirmo, por experiencia, que con más horas poco solucionamos. Las horas tienen mucho que ver con los diferentes criterios de las resoluciones judiciales, en cuestiones que no deberían suscitar ningún interrogante. Pero ahí, no entraremos, ¿verdad?.

01 septiembre 2010

Diez causas del colapso judicial: realidades y ficciones (V)


Termino una novela de Torcuato Luca de Tena, “Sr. Ex Ministro”, 533 páginas en una edición de bolsillo de Planeta y un solo “de que” (sorprendente). Dos historias paralelas, la de los personajes y la de España, desde los años cincuenta hasta el entierro de Franco, muy bien escritas y de las que algo puede aprenderse. “La política es hacer posible lo necesario”, le dice uno de los personajes a otro, pendiente de ser nombrado ministro, en un diálogo políticamente incorrecto y del que no refiero más, para no contradecir la doctrina televisiva en la materia.

Los próximos episodios nacionales, si se escriben y no requiere previa aclaración el término “nacional”, reflejaran un dialogo bastante diferente, en el que un personaje le dirá a otro, (pendiente de ser nombrado para quince cargos distintos): “la política es hacer posible lo innecesario e imposible lo necesario”. Juego de palabras que atiende a otro de los nuevos principios generales del derecho (el del papel lo aguanta todo) y que ha tenido a bien respetar la Consejera de Justicia de Cataluña Montserrat Tura i Camafreita, en un artículo publicado el día 30 de agosto que se titula Indignación democrática.

En la “hora grave” que denuncia la autora estar viviendo, describe la manifestación del pasado 10 de julio como una muestra de “indignación democrática por la decisión de un tribunal deslegitimado que cuestiona aspectos sensibles del Estatut pero, sobre todo, por las actitudes contrarias a la legítima aspiración de Cataluña de incrementar su nivel de autogobierno”. En otras palabras: hora grave porque un Tribunal del Estado, aplicando el derecho en vigor, resuelve sobre la legalidad de una norma aprobada por una Comunidad Autónoma. Perdonen la redundancia: ¿hora grave porque el Estado de Derecho no se ha transformado en el Estado del Mito?.

Difícil, muy difícil, que sin ver la realidad atajemos las fallas de la Administración de Justicia y comprenderán que si aparecen realidades paralelas prioritarias en forma de mitos o espíritus (laicos, aclaro), no queda otra que seguir acumulando papel en las mesas y, unidades judiciales nuevas (juzgados y tribunales) en pueblos y ciudades.

30 agosto 2010

Acuerdos de Unificación AP MADRID (Secciones Penales)


En el enlace pueden encontrarse los ACUERDOS DE UNIFICACION de CRITERIOS, de la Audiencia Provincial de MADRID (Secciones Penales) actualizado a enero de 2010.

PINCHANDO EN LA FRASE.

ACUERDOS DE UNIFICACION DE CRITERIOS (AP. MADRID) SECCIONES PENALES.

Vuelvo a los calamares: los protocolos previos a la acción

Trataba hace algunas fechas el asunto de los calamares y su relación con la Justicia española o, quizá sería mejor decir, con el colapso que sufre en la actualidad, gracias a causas que nadie grita, ni a soluciones que tampoco se implantan. Y en el primer episodio que dedicaba a los calamares, aposté por cobrar desde la primera pisada en un Juzgado hasta el definitivo abandono de la respectiva sede judicial. Negué – y lo sigo haciendo- que el cobro de tasas afecte al ciudadano o menoscabe ese derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE, que sirve de bandera de enganche para cualquier solicitud por muy estrafalaria que sea.

Pues bien, dedico éste segundo episodio de los cefalópodos a los protocolos previos a la acción, que son algo parecido a un ordenamiento de pocas normas que sirven para preparar el juicio y, por tanto, la demanda y su contestación. La preparación no solo persigue evitar el juicio mediante el acuerdo, sino que evita las sorpresas con las que las partes tienden a obsequiarse durante el proceso declarativo y al órgano judicial, que tiene que aguantar estoicamente la sensación de tomadura de pelo en no pocas ocasiones (ese famoso: -“No hemos hablado Señoria”). Las audiencias previas del juicio ordinario, que buscaban limpiar el proceso y la transacción, no tienen ya ninguna función fuera del Derecho Austriaco de las que provienen y de las tres universidades que se ocupan del invento. Así que, por favor, si algún lector anda tentado con el argumento que no lo intente.

No hay truco. El incumplimiento del protocolo se sanciona, como también su defectuosa observancia, porque de lo que se trata es que las partes lleguen a un acuerdo y, en su defecto, que faciliten la labor del juzgado sino ha sido posible. Por lo demás, la implantación en el proceso civil español no tendría ninguna dificultad – bastaría una orden ministerial- dado que su naturaleza técnica evitaría una ley y, por ende, ese peculiar cambio de cromos que se produce en el Congreso de los Diputados, en forma de modificaciones de última hora que nadie sabe de dónde han salido pero que tienen la virtud de destrozar el texto que pretenden mejorar.


27 agosto 2010

¿Deben pagarse rescates por secuestros terroristas en el extranjero?.



En los dos últimos días ha corrido la idea, por determinados foros, que la vida humana está por encima de cualquier otra consideración o reparo a las gestiones que el Gobierno haya podido realizar para la liberación de los secuestrados por un grupo terrorista africano y, así quién pretende explicaciones se coloca, automáticamente, en una posición sospechosa: no sólo no quiere el resultado feliz de la liberación, sino que sitúa el dinero en primer lugar, sin valorar la vida humana.

No entraré en ese debate, propio de la inanidad intelectual en la que vivimos, pero no eludo otros dos: la obligación moral del Gobierno de proteger a sus nacionales y, la obligación legal del Gobierno de respetar el ordenamiento vigente. Bajo la primera, el Gobierno debe realizar cualquier actividad para liberar a los nacionales secuestrados; bajo la segunda, solo puede realizar las gestiones que se atengan al imperio de la ley. Pero para que ese razonamiento no quiebre – no hay aquí silogismos-, tanto el concepto de moral como el respeto al imperio de la ley deben quedar al margen de cada hecho; esto es, podrán modificarse los criterios de actuación (diplomáticos, policiales o militares), pero en modo alguno los principios que respaldan esa intervención (no puede premiarse al secuestrador).

No hace falta darle muchas vueltas. Tendremos un problema cuando se ignora el concepto de moral, próximo al cristianismo, que se repudia con dos lecturas o, cambia según la dirección del viento; y cuando los límites del imperio de la ley se alteran sin razón alguna. Con ese totum revolutum en el que todo se mezcla nos enfrentamos a un terrorismo islámico, asentado dentro y fuera de nuestras fronteras, que tacha como debilidad cualquier acto de humanidad. Podemos mirar para otro lado – lo hacemos- pero es la única realidad (esto no es la banda terrorista ETA).

Tampoco contestaré a la pregunta que encabeza estas líneas. Me limito a exponer los hechos y los fundamentos de derecho (perdón, es la costumbre) les toca decidir a otros. Vayamos con los segundos.

Decía Jesús Santos, ex Fiscal de la Audiencia Nacional, que en los supuestos de colaboración obligada (pago del impuesto revolucionario o pago de una cantidad para la liberación de una persona secuestrada) estaríamos ante supuestos de conductas atípicas o de justificación o de conductas con la presencia de una causa de justificación de tales conductas o causa de no exigibilidad de una conducta distinta; la acción no es típica por faltar el elemento subjetivo de favorecimiento a la asociación ilícita.

Ya he apuntado que lo que podría valer para ETA, no tiene sentido en el caso del terrorismo islámico y el pago de secuestros es delito penado en el artículo 518 Código Penal. La siguiente pregunta a contestar es tan sencilla como terrible: ¿tiene alguna justificación legal un Gobierno que paga rescate unos secuestrados?.

La fotografía es del pasaporte de Raquel Burgos García, casada con un talibán (supuesto), encontrado en Pakistán en una operación antiterrorista.

26 agosto 2010

El Estado de derecho de Pin y Pon y sus eufemismos.



Evidentemente que me alegro. Celebro que en el rescate de los dos secuestrados en África no haya fallecido ningún soldado español o funcionario de cualquier otra condición que, por obligación le hubiera tocado solventar el asunto en cuestión. Y me explico: la diferencia entre la caravana solidaria de Barcelona y los turistas que siguieron marchándose a la India éste verano contra la prohibición expresa del embajador es ninguna.

También me alegro, faltaría, de la paz en el mundo y de las manos juntas y los mecheros encendidos (si queda alguno ya que son armas que encienden cigarrillos, única amenaza contra la salud), pero por deformación profesional; relaciones que no vienen al caso y lecturas nada aconsejables, el
llamado Magreb no es seguro desde el año 2002 y sí lo sabe quien redacta, debería conocerlo quien se monta una caravana solidaria con fondos públicos. O, peor, quizá lo supieron, y fueron porque pensaron que no iba a pasar nada. Y hasta que pasa.

Y cuando las cosas pasan se supone que el Estado de Derecho tiene mecanismos para proteger a sus nacionales, a todos, porque tan nacional es la Monja que trabaja desde hace treinta años en una aldea pérdida de Guinea, el interprete muerto en combate en Afganistán ayer (en una guerra se combate, no se muere asesinado) y quien redacta estas líneas ya que se supone – teoría de derecho político- que el ciudadano renunció a su derecho a defenderse, cediendo esa función al Estado.

El problema es que no sabremos nunca qué mecanismos se han empleado en esta ocasión (el Estado de Derecho de Pin y Pon) y, aunque la prensa haya publicado que se ha pagado rescate y se ha liberado a un secuestrador, negándolo el Gobierno, es evidente que la impresión ha sido, nuevamente, la de completa debilidad y de rendición.
Y eso es muy preocupante porque las palabras –eufemismos de variado calibre- dejan de protegerte cuando cruzas la frontera; desde ahí eres un objetivo más.

Empero, apunto dos detalles. El pago de secuestros, como bien
indicara el catedrático de Derecho Penal Enrique Gimbernat, es delito del artículo 518 Código Penal castigado con pena de prisión de uno a tres años, multa de doce a veinticuatro meses, e inhabilitación para empleo o cargo público por tiempo de uno a cuatro años.

Cita del artículo del Catedrático:


A efectos penales, el hecho de si el Gobierno ha contribuido en todo o en parte a reunir la suma de cuatro millones de dólares entregados para la liberación de los rehenes carece de relevancia, ya que el Gobierno ha reconocido -atribuyéndose el mérito- que el llamado «Comité de Coordinación», presidido por Fernández de la Vega, ha conseguido el feliz desenlace del secuestro -al parecer, dos agentes del CNI fueron los que, desde una avioneta, arrojaron sobre el buque la suma exigida-, y como ese desenlace ha tenido lugar sólo después de que los piratas cobraran el rescate, es obvio que -independientemente de quien haya aportado los dólares- han sido servidores públicos del Estado español los que han contribuido a que los secuestradores somalíes recibieran la «cooperación económica» a la que se refiere el art. 518 CP, por lo que han sido responsables, al menos, de haber participado en el delito de favorecimiento económico de una asociación ilícita.


Y segundo y a propósito de los eufemismos de ida y vuelta. Comienzan ahora a publicarse las sentencias de los Tribunales Superiores de Justicia sobre los recursos presentados por militares destinados en las bases de Irak. Recordarán que según el Gobierno habíamos ido a una guerra ilegal. Por lo visto, desde el año 2004 dejó de tener tal calificación en las resoluciones del Ministerio de Defensa y se ha tenido que acudir a la justicia para el reconocimiento de la condición de excombatiente (Sentencia TSJ MADRID, Sección 6ª, 25 de febrero de 2009) o la pensión por atentado terrorista (Sentencia TSJ MADRID, Sección 9ª, 20 de abril de 2010).


22 agosto 2010

Una mirada al pasado y otra al futuro: ¿hacia dónde va la oficina judicial? (4ª parte).



3.- Una nueva oficina judicial que se desarrolla tarde, con falta de recursos y de elementos de juicio.

En marzo de 2.001 el Ministerio de Justicia Inglés publicó un estudio (CIVIL JUSTICE REFORM EVALUATION, “An early evaluation of the Civil Justice Reform”, LORD CHANCELLOR´S DEPARTMENT, marzo 2001) dedicado a examinar los primeros resultados de la reforma del año 1998. Aparecen cuadros estadísticos de las demandas presentadas en diferentes tribunales entre enero de 1.997 y noviembre de 2.000 para comprobar la evolución de la litigiosidad y si las caídas observadas en determinados pleitos se debían a la reforma. Se recogen, también, cuadros estadísticos sobre las tres vías procedimentales implantadas, en los que se observaba un notable incremento de los asuntos resueltos antes del juicio y se advertían algunas deficiencias, como un incremento de los asuntos ubicados en la multivia que habían sido transferidos.

En solo un ejemplo, aunque relevante, porque en España nadie sabe con certeza qué es lo que ha pasado con cada reforma, ni por ende hay claridad sobre los efectos que la implantación de la nueva oficina judicial (NOJ), pueda tener en órganos tan sobrecargados de innovaciones como los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción. Relata SANTOS PASTOR (“Los nuevos sistemas de organización y gestión de la justicia: ¿mito o realidad?” ) que en diciembre de 1998 comenzaron a operar los nuevos Juzgados de lo Contencioso, que constituyeron una forma particular de adición de medios –se creó una primera instancia que no existía antes, en lugar de haber aumentado el número de magistrados de los Tribunales Superiores–. Con esos medios adicionales, sumados a los ya existentes en estos tribunales la dilación disminuyó; la producción aumentó, la duración media de los pleitos disminuyó desde entonces, la tasa de pendencia pasó de 2,9 a 1,9 entre 1998 y 1999, la pendencia final se redujo en un 2% y la tasa de resolución pasó del 75% a algo más del 100%. Pero esa reducción de la dilación indujo un aumento de la litigiosidad al punto que la suma de los casos ingresados en uno y otro tipo de órganos no sólo no se mantuvo sino que aumentó el ritmo de crecimiento.

No discuto la necesidad de la reforma, reprocho que la falta de gestión provoque una relación injustificada entre aquella y los recursos económicos, de tal modo que solo mediante un gasto desproporcionado puede llegarse a algún resultado. Un tercer ejemplo ilustrara el comentario. Son conocidas las unidades judiciales– en terminología de la NOJ- en las que sobra personal y aquellas otras en las que su falta ha terminado llevando al colapso y la solución está, entre otras, en la reordenación de efectivos del artículo 528.2 LOPJ (y artículo 66 Real Decreto 1451/2005, de 7 de diciembre), lo que significa que por razones organizativas y a través de las correspondientes modificaciones de las relaciones de puestos de trabajo, los funcionarios puedan ser adscritos a otros centros de destino.

Reordenación que nunca se lleva a cabo, porque el mismo precepto establece que el proceso de movilidad se realice en base a un proyecto presentado por las Administraciones competentes y negociado con las organizaciones sindicales más representativas mediante procedimientos de movilidad voluntaria. Dado que la negociación conlleva enfrentamiento con las organizaciones sindicales, solo queda el presupuesto y su falta para dotar nuevas plazas o cubrir las bajas existentes, significa el colapso del órgano judicial afectado.

Si alguna duda quedaba sobre éste asunto la Resolución de 8 de abril de 2010, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Acuerdo entre el Ministerio de Justicia y las Organizaciones Sindicales Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia, integrantes de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia, ha terminado confirmando la impresión inicial, antes expuesta, que no habrá reforma sin grandes inversiones, pues el Ministerio de Justicia garantiza que la aprobación de las RPTS (relaciones de puestos de trabajo) para el despliegue de la nueva Oficina Judicial en todas y cada una de las localidades del ámbito ministerio en las que se implante, no supondrá una disminución del número total de plazas existentes en las actuales plantillas de cada uno de los cuerpos de funcionarios al servicio de la Administración de Justicia.

El último punto que comento es el primero del título de éste apartado. La nueva oficina judicial llega tarde y sin calendario, porque ese incomprensible reparto competencial permite su implantación en los órganos judiciales dependientes del Ministerio de Justicia y la deja en el aire en todos los demás, que es precisamente donde se encuentran la mayor parte de los juzgados y tribunales y donde, solo por el número, la reorganización, cualquiera, se antoja imprescindible.