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El límite por cuantía de 2.000 euros en la tasación de costas.

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No sería materia propia de la tasación de costas la discusión sobre la preceptividad de la intervención de letrado y de procurador. Esto tiene que estar resuelto en sentencia. Suele ser una costumbre muy extendida la de postular sin más la condena en costas del contrario, para luego, cuando el Letrado de la A. de Justicia interpreta las normas reguladoras de la tasación, comenzar un segundo debate sobre la cuantía del proceso y el carácter de la intervención del letrado y del procurador. Y del mismo modo que a nadie le extraña que la declaración de temeridad se haga en la sentencia, tampoco debería sorprender que se introdujera en ella la referencia al art. 32.5 LEC. Sostengo, por tanto, que los límites de la condena en costas deberán ser objeto de pronunciamiento expreso en la sentencia y, cuando proceda, advertir a las partes de la aplicación del art. 32.5 LEC. 
Sentado lo anterior tendríamos los siguientes supuestos: 
a) El límite cuantitativo fijado en 2.000,00€ supone que el conden…

El letrado de la Administración de Justicia en el expediente digital.

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La revista Practica de Tribunales número 131 (marzo- abril 2018) publica el trabajo titulado La importancia de la figura del letrado de la administración de Justicia en el nuevo expediente judicial. 
La Disposición adicional undécima de la Ley 18/2011, de 5 de julio, «reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia» dispone que todo proyecto de ley que disponga o incluya reformas en las leyes procesales podrá ir acompañado de una declaración de requerimientos tecnológicos para su correcta implantación y aplicación. En ese mandato se contiene un resumen del largo proceso de desarrollo del expediente judicial electrónico en España y también, de su aislamiento respecto a las reformas orgánicas y procesales que se han sucedido. Esa falta de coordinación no solo afecta al impacto de cada una de estas, sino también a la intervención de todos los implicados en la implantación del referido expediente electrónico y entre ellos la de los…

La naturaleza de la indemnización por incapacidad al efecto de su embargabilidad.

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Establece el art. 607 LEC que será inembargable el salario, sueldo, pensión, retribución o su equivalente, que no exceda de la cuantía señalada para el salario mínimo interprofesional y si el ejecutado fuera beneficiario de más de una percepción, se acumularán todas ellas para deducir una sola vez la parte inembargable. Igualmente serán acumulables los salarios, sueldos y pensiones, retribuciones o equivalentes de los cónyuges cuando el régimen económico que les rija no sea el de separación de bienes y rentas de toda clase, circunstancia que habrán de acreditar al Letrado de la Administración de Justicia (art. 607.3 LEC). 
Entre los variados interrogantes que suscita el mandato dos son los que destacan: el concepto de retribución y su equivalente y la calificación del bien en relación al régimen económico matrimonial; particulares ambos que suelen coincidir cuando el órgano judicial acuerda la traba de alguna clase de indemnización (laboral o de otra naturaleza) o de prestación (becas…

Hagámoslo fácil así que ¿para que el Tribunal Supremo?

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Es cierto, tenemos unos bancos, los que quedan, malísimos que nos han hecho firmar de todo y por todo y en documentos con una letra pequeñísima, apenas legible, y ello pese a que no seamos un pueblo muy dado a la lectura de nada, que el pronto solidario nos dura dos telediarios y que abrazamos, como si no hubiera un mañana, cualquier causa dirigida a la salvación de la humanidad, siempre que dure los dos telediarios o que haya dinero por medio. Y si en esa postura nos llevamos por delante los principios de jerarquía normativa y de seguridad jurídica ya vendrá otro para arreglarlo. 
Hace seis años aquí solo tres o cuatro sabían lo que era una cuestión prejudicial y hoy, como pasa con la Formula 1, tenemos miles de especialistas entendidos en la materia y creo que fuimos el país de la Unión Europea que más cuestiones planteó en el año 2016 o en el 2017, no puedo precisarlo, aunque en realidad me dé igual. Esto no debería sorprendernos, al fin y al cabo es un mecanismo de interpretación d…

La reducción del embargo.

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Ordena la ley que no se embarguen bienes cuyo previsible valor exceda de la cantidad por la que se haya despachado ejecución, salvo que en el patrimonio del ejecutado sólo existieren bienes de valor superior y la afección de dichos bienes resultare necesaria a los fines de la ejecución (art. 584 LEC). Pero el embargo no es un acto independiente del proceso de ejecución y su duración puede condicionarlo, justificando que el ejecutante interese del Tribunal la mejora de la traba o que el ejecutado pida su reducción. En el primer caso se trata de adecuar el embargo a la cantidad que se ejecuta, bien por haberse producido una disminución de valor de los bienes inicialmente trabados, bien porque se acordó la ampliación de la ejecución. En el segundo caso estamos en presencia de un embargo que vulnera por exceso el requisito relativo a la suficiencia de los bienes ya sea porque los trabados han aumentado de valor, bien porque se embargaron mayor número de bienes de los necesarios. 
Reducir e…

Criterios Sala1 TS sobre competencia territorial y objetiva

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La Sala de lo Civil del Tribunal Supremo acaba de publicar una recopilación de sus criterios sobre competencia objetiva y territorial. El interés del trabajo elaborado por la Magistrado Raquel Blázquez Martín consiste en que a diferencia de ocasiones anteriores, en las que se hacían transcripciones más o menos detalladas de las resoluciones de la Sala, se ha optado en esta ocasión por facilitar una referencia de la cuestión o del conflicto planteado y de las resoluciones de la Sala  que las abordan. Criterios SALA 1ª TS competencia territorial y objetiva de justiciayprehistoria

La desaparición de la dación de cuenta (art. 455 LOPJ) y la transformación de obligación de custodia (art. 458.1 LOPJ)

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Entendía la doctrina que la dación de cuenta implicaba una misión técnica de cooperación por la que el entonces Secretario Judicial estudiaba, valoraba y relataba al juez las peticiones de las partes contenidas en los escritos que se presentaban, pronunciándose sobre lo que debía acordarse. 
La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial del año 2003 atribuyó al secretario judicial la dación de cuenta en los términos establecidos en las leyes procesales (art. 455 LOPJ), lo que condujo a las previsiones del art. 178 LEC y a una dación de cuenta que tenía que ver únicamente con la responsabilidad por la falta de pronunciamiento del Juez o Tribunal y no con el impulso del proceso. Con la implantación de la Nueva Oficina Judicial, el concepto volvió a sufrir una modificación: una cosa es lo que dijera el art. 178 LEC y otra bien distinta su encaje en el expediente digital (LexNet), en los Servicios Comunes (donde no había Juez) y en los casos en los que la competencia de la resolución d…