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La distinción entre los intereses de demora, los remuneratorios y los usurarios.

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El interés remuneratorio constituiría la retribución que el prestatario pagará al prestamista por disponer del capital prestado hasta su restitución, por lo que estaría directamente relacionado con la causa del contrato de préstamo retribuido. 
El interés de demora supone una sanción al incumplimiento por el consumidor de su obligación de pagar las cuotas del préstamo en los plazos establecidos en el contrato. Por eso consiste en añadir un recargo sobre el interés remuneratorio. La función del recargo sería la de indemnizar al prestamista los daños y perjuicios provocados por el retraso en el pago y también la de disuadir al prestatario para que no incurra en mora en el cumplimiento de su obligación. 
Empero, no existiría una separación radical entre intereses moratorios e intereses remuneratorios ya que los primeros también «retribuyen», siendo el legislador el que fija esa retribución, en defecto de pacto. Esto queda especialmente claro cuando se trata de los intereses moratorios conv…

Más vale ponerse una vez colorado que ciento amarillo.

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Los nombramientos en una Secretaría de Gobierno y de algunos Coordinadores provinciales han abierto un debate que si me permiten tiene escaso recorrido, por no decir ninguno y en el que no cabe la intervención de la Unidad Militar de Emergencias para abrir alguna senda. No estamos ante nada nuevo. Lo explica el catedrático Alejandro Nieto en “EL DESGOBIERNO DE LO PUBLICO” (páginas 184 y 185) y que aprovecho para ilustrar determinadas ideas. 
Hasta 1964 la vida de los funcionarios estaba programada. El funcionario ingresaba en el escalón inferior y con el transcurso de los años iba ascendiendo de peldaño en peldaño, adquiriendo experiencia en cada uno de ellos y viendo aumentadas correlativamente sus retribuciones. Hoy la carrera ha desaparecido. Cada funcionario ocupa un determinado puesto de trabajo y, desde él puede saltar a cualquier parte. Por decirlo con otras palabras: hoy - en los escalafones funcionariales civiles- el equivalente de un teniente novato puede saltar de un golpe…

No son miles, son miles de millones las sentencias sin ejecutar.

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De cuando en cuando algún medio de comunicación advierte a su clientela que en tal o cual partido judicial hay mil, tres mil o cincuenta mil sentencias sin ejecutar; qué cómo es posible esto y que así vamos, cuesta abajo y sin frenos. Tan sesuda información suele ir seguida de un par de cientos de tertulias en la que periodistas (sic), opinadores (sic) y toda clase enterados de la cosa (aquí van dos sic) desmenuzan en diez minutos los males de la Justicia española hasta que la publicidad, algún asesinato, el monotema Catalán o la corrupción del PP reconducen el debate a sus justos e inteligentes límites. 
La alarma ciudadana aparece luego en las encuestas valorando la Justicia española como una de las instituciones peor valoradas y, que peor responde a las necesidades de la sociedad y llegados a este punto surge la pregunta: ¿necesidades?, ¿sobre qué necesidades hablamos? Miren la justicia española no funciona bien porque cualquier español que se precie quiere que un Juez le ponga una…

Los medios de prueba electrónicos y su incorporación al proceso

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Señala DELGADO MARTIN («La prueba digital. Concepto, clases, aportación al proceso y valoración», Diario La Ley, Nº 6, Sección Ciberderecho, 11 de Abril de 2017, LA LEY 3841/2017) que en cualquier orden jurisdiccional, la prueba electrónica o digital atravesaría las siguientes fases: la obtención de la información o de los datos, su incorporación al proceso y, por último su valoración; si bien con la advertencia que, a diferencia de otros órdenes jurisdiccionales (singularmente el penal) la obtención de la información en el proceso civil implica que los datos deberán encontrarse en el dispositivo del que sea titular la parte interesada ya que en otro caso solo podrían aportarse por orden judicial. 

Salvado lo anterior el siguiente problema a resolver afectaría a la forma de incorporación al proceso y al de la acreditación de la autenticidad y la integridad, lo que nos conduciría a la concurrencia de tres presupuestos: 

— La prueba digital habrá de ser relevante para acreditar los hec…

Una estupenda fuente de dilaciones debidas: la audiencia previa del juicio ordinario.

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Corría el año del Señor de 1998 del Siglo pasado cuando avezados Catedráticos de la cosa de lo procesal decidieron oralizar el proceso civil patrio importando la audiencia previa austríaca y meterla, sin calzador, en el novedoso juicio ordinario. El objetivo y la finalidad de la novedad y no la del calzador, sea dicho, era doble: acabar con la corruptela del juicio de menor cuantía y su comparecencia delante de las máquinas de escribir de los entonces Oficiales de la Administración de Justicia, lo que convertía el Juzgado en una especie de mercado e impedía que el Juez o Magistrado viera y percibiera el quid del litigio y se pronunciara sobre la imprescindible prueba para resolverlo; y en segundo lugar, la depuración, limpieza, brillo y pulido del juicio ordinario, que sustituiría a los juicios de mayor y de menor cuantía en un acto que llevaba en volandas a la pretensión a otro segundo, el de la prueba, en el que solo se probaría o intentaría aquello en lo que las partes estuvieran d…

Un despropósito que no conoce límites: la cuenta de consignaciones judiciales.

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Cuando en el año 2006 se perpetró el Real Decreto 467/2006, de 21 de abril, por el que se regulan los depósitos y consignaciones judiciales en metálico, de efectos o valores, no solo la banca electrónica comenzaba a sustituir a toda clase de mecanismos mecánicos y humanos en las miles de sucursales habidas en suelo patrio, sino que iniciaba el desarrollo de aplicaciones para toda suerte de cacharrería electrónica para que cualquier gestión financiera pudiera hacerse sin pisar la oficina. Queda el pequeño fleco de las cancelaciones contractuales que obligan a la personación e identificación en la sucursal, cuando sabido es que como no andes con ojo una mala conversación telefónica puede suponerte un par de seguros y una tarjeta para que te compres unas vacaciones en el Caribe. 

Ni que decir tiene que Justicia y sus legisladores de la cosa suelen ir con dos Galaxias de retraso y, volviendo al estupendo Real Decreto de 2006 y a su primer y antológico artículo, nos advierte con severidad q…

El deber de colaboración de terceros en las diligencias ejecutivas

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El deber de colaboración de todas las personas y entidades públicas y privadas recogido en el art. 591 LEC completa la medida de investigación judicial del patrimonio del deudor del art. 590 LEC, y supone la concreción para el proceso de ejecución del deber general de colaboración previsto en los arts. 118 CE y 17 LOPJ. Ello supone la obligación de prestar la colaboración de terceros en las actuaciones de ejecución y de entregar cuantos documentos y datos tengan en su poder, sin más limitaciones que los que imponen el respeto a los derechos fundamentales o a los límites que, para casos determinados, expresamente impongan las leyes. 
Pero este deber no es absoluto, correspondiendo al Tribunal determinar los actos de colaboración que serían exigibles en cada supuesto (AAP GRANADA, Sección 4ª, de 7 de noviembre de 2006, ROJ: AAP GR 646/2006). Por lo mismo, la ley prevé que las personas o entidades puedan alegar razones legales o de respeto a los derechos fundamentales para no realizar la …