30 enero 2013

Otra vista sobre el limite del 1/3 del art. 394 LEC en ejecución.


Sobre la aplicación del límite del art. 394.3 LEC, al proceso de ejecución existen dos posturas claramente encontradas. La primera señala que no es aplicable el citado límite cuantitativo del art. 394.3 LEC en las actuaciones del proceso de ejecución en base a lo dispuesto en el art. 539 LEC. Esta norma recoge que son de cargo del ejecutado todas las costas de la ejecución, sin necesidad de expresa imposición, por lo que parece lógico entender que no es de aplicación el límite del art. 394.3 LEC, cuando en dicho precepto se exceptúa su aplicación para los supuestos en que el Tribunal declare la temeridad del litigante condenado en costas, y resultaría injustificado aplicar la limitación de forma general a las costas de la ejecución, lo que supondría un perjuicio para el acreedor y un beneficio para quien incumple voluntariamente una resolución judicial firme y le obliga a acudir a la vía de apremio (Auto AP CIUDAD REAL, Sección 1.ª, de 6 de junio de 2007 ). 

Ese argumento, que responde a una exégesis literal de los arts. 394.4 y 539.2 LEC, se repite en todas las resoluciones que defienden la inaplicación del límite del art. 394.3 LEC. A título de ejemplo indica la Sentencia AP LEÓN, Sección 2.ª, de 11 de julio de 2008 «en definitiva la ejecución se hubiera evitado de haberse dado cumplimiento voluntario al título judicial de condena, y por tanto las costas derivadas de dicha ejecución deben ser abonadas por el ejecutado sin el límite que el art. 394.3 de la ley establece para los juicios declarativos, y cuya norma no es la que contiene el art. 539 de la LEC al regular las costas y gastos de la ejecución, que ninguna referencia hace al art. 394, remitiendo en los demás casos en que sea preciso pronunciamiento expreso de condena al art. 241 LEC que tampoco contiene limitación alguna al respecto». 

Una segunda postura jurisprudencial apuesta decididamente por la aplicación del límite del art. 394.3 LEC al proceso de ejecución en los términos que se recogen, entre otros, en el Auto AP LA CORUÑA, Sección 5.ª, de 27 de noviembre de 2007 . El art. 394 contiene los principios y reglas generales sobre la condena en costas, y en aquellos aspectos de su normativa que no se encuentren recogidos en ningún precepto especial y que carezcan de regulación específica, como es el caso del límite cuantitativo de la condena establecido en el art. 394.3 LEC, que no se contempla ni se contradice de ningún modo en el art. 539.2 LEC tienen plena vigencia y aplicación en toda clase de procesos, y en particular en los de ejecución. 

Además, el espíritu y finalidad que informa la limitación contenida en el citado art. 394.3 LEC, de reducir e imponer un límite máximo al importe de la condena en costas, respecto a los honorarios y partidas de los profesionales que no están sujetos a una tarifa fija o arancel, para evitar que se puedan cometer abusos en la minutación a cargo de la parte condenada, tiene el mismo sentido y obedece a igual necesidad en los procesos declarativos que en los de ejecución, por lo que su aplicación a éstos se encuentra totalmente justificada. A mayor abundamiento, la interpretación contraria a la aplicación del límite del art. 394.3 LEC a los procesos de ejecución conduciría de hecho a imponer una sanción, encubierta y carente de respaldo legal, al ejecutado, obligado a pagar la totalidad de las costas, en una cuantía que, podría superar el importe de las costas del proceso principal. 

Más recientemente el Auto AP VALLADOLID, Sección 1.ª, de 13 de febrero de 2009 resuelve que el límite es de aplicación en el de-nominado proceso de ejecución, no solo por la doctrina jurisprudencial de determinadas Audiencias Provinciales que expresamente se citan (Ss. de AP de Lugo de 21 de diciembre de 2005, Cádiz de 11 de octubre de 2005 y Málaga de 22 de noviembre de 2006), sino también porque, ni tan siquiera en el art. 539 LEC se cuestiona o prohíbe expresamente la aplicación en el proceso de ejecución de la limitación cuantitativa del art. 394.3 LEC. Si esto es así, si además resulta que en determinados supuestos, como el del art. 561 de la propia Ley Procesal, se alude expresamente al art. 394 del mismo texto, y si además resulta de aplicación el art. 394 citado con carácter general ante la falta de previsión expresa en la Ley, no cabe sino concluir que la limitación del art. 394.3 LEC es aplicable también en el proceso de ejecución, pues la razón de ser de esta limitación es exacta-mente la misma en la fase declarativa y en la fase ejecutiva, la cual no es sino consecuencia directa e inmediata de la anterior. «Se trata en todo caso de evitar el abuso de quien obtiene a su favor una condena en costas y de ajustar la percepción de los honorarios de quien se ve favorecido por dicha condena al verdadero objeto económico debatido en el proceso, y si esto acontece en la fase declarativa, con mayor razón debe serlo de igual manera en la fase de ejecución de la resolución que fue dictada como culminación de la fase declarativa». 

A mi entender la solución deberá darse en atención al concepto de costa, que parece olvidarse cuando se trata del proceso de ejecución, porque —como ya dije y ahora repito— es inadmisible que los importes que se satisfacen por ese concepto superen, en muchas ocasiones, a las cantidades reclamadas por el principal o, mejor dicho, a las que fueron objeto de condena o a las cantidades reclamadas en la demanda de ejecución en concepto de principal e intereses y moratorios vencidos (art. 575.1 LEC). En otras palabras: es evidente que si el fundamento de la limitación del art. 394 LEC en la determinación de las costas debidas es evitar el abuso y el exceso en la minutación de honorarios al litigante vencido por la parte vencedora, ese criterio de justicia y de ponderación es tan aplicable, y aún más, en los procesos de ejecución. 

Ese primer razonamiento teleológico, ya bastante, se completa con una interpretación analógica del art. 561 LEC. Este precepto establece que el auto que desestime la oposición (por motivos de fondo) condenará en las costas de ésta al ejecutado, conforme a lo dispuesto en el art. 394 LEC para la condena en costas en primera instancia, por lo que hace una remisión en bloque en el proceso de ejecución a la normativa que para las costas se establece en la fase declarativa.

7 comentarios :

  1. Totalmente conforme con el criterio que mantiene y, añadir, que ha realizado el inciso donde debe de ser: COSTA y el concepto de la misma. No se puede usar como "elemento" sancionador y además, el límite dispuesto en el artículo 394.3 LEC no contradice lo dispuesto en el art. 539.2 del mismo texto. Hubiera sido deseable que en alguna de las reformas y a la hora de precisar detalles técnicos y de sistema hubieran aclarado si el criterio general de las costas lo es para todos los procesos (incluídos la ejecución) y en caso negativo, los motivos a los que conduce que el límite opere en unos procesos y no en otros. La ejecución, conceptualizada como la fase de "ejecutar lo juzgado" debe regir en lo que no se contemple, las normas supletorias. Resulta, a estas alturas, paradójico que encontremos dos posturas jurisprudenciales totalmente opuestas. Igualmente, si se me permite la licencia, aprovecho para felicitarle por su libro "Cómo practicar e impugnar una tasación de Costas en el Proceso Civil" un manual práctico y útil. Totalmente recomendable.

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    1. Muchas gracias por la participación y el comentario sobre el libro.

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  2. Desgraciadamente no comparto tan defendible razonamiento porque entiendo que el ejecutado ya tuvo, como demandado, sus opciones. Ha obligado a un juicio, ha perdido y encima que no paga, hay que ejecutarle...¿pensaremos alguna vez en el acreedor -no bancos, grandes financieras ó poderosos millonarios,...- como persona ya suficientemente agraviada como para encima tener que ver que su abogado le cobra una cantidad -honorarios mínimos-por la ejecución que la convierten en antieconómica? ¿No merece salir indemne?¿y el ejecutado? Pues si estamos hablando del "listo" que debe 900€ y que sabe que al acreedor la ejecución entre letrado y procurador le va a salir de 500-.€ para arriba...(ejecución, oposición desestimada, apremio, embargos insatisfactorios, incidentes de liquidación de intereses, recursos del ejecutado,...) no sólo no me da ninguna pena sino que lamento que no se le pueda penalizar con el doble de costas
    En fin, no es más que la otra tesis jurisprudencial, vista con un poco más de sentimiento "callejero". Y ante el buenismo judicial respecto de los ejecutados "insolventes para lo que les interesa", no hay nada como ponerse en el mismo lugar que el ejecutante y ponerse a pensar cómo nos sentiríamos de ver afectados nuestros bolsillos directamente...Apelaríamso sin duda al art 24 CE y que no puede ser...

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  3. Gracias por participar y dos reparos a dicha teoria:

    a) Las costas hace mucho tiempo que dejaron de ser sanción.
    b) El importe de las costas, por concepto, nunca puede superar al importe del principal objeto de condena.

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    1. Agradezco igualmente tu respuesta, a la que le "re-formulo" los mismos dos reparos:
      1. Superado el concepto de "sanción", vamos al de "resarcimiento pleno del ejecutante": la ejecución no le puede suponer a su costa ni un euro, salvo que no se "merezca" la tutela judicial efectiva de lo que le ha costado ganar
      2. Estábamos hablando de que no se le limiten las costas al 1/3 del asunto...;
      Ahora bien, cogiendo el guante...¿por qué no va a costarle más al ejecutado de Visa inembargable, cuenta de crédito inembargable, separado -por supuesto-, y pensador de argucias sin fin, cuando por un milagro se le "pilla" algo? Si debe 3000 y todo lo que se ha tenido que hacer para ejecutarle asciende a 3001-.€ de costas, pues ...¡qué se le va a hacer! ¡Que pague antes y así se lo evita!. ¡Cuánto trabajo se ahorrarían los juzgados si los deudores supiesen que les va a costar más caro no cumplir que cumplir! Porque claro, actualmente pleitear ejecutivamente en el juzgado es disponer, automáticamente, de una cuenta de crédito renovable a un tipo (legal + 2ptos) que ya quisiera cualquiera que va a hora a un banco. Súmesele a eso que el efecto de las costas se diluye cuando pasan unos dos años y tendremos un cómodo crédito forzoso a costa del ejecutante... ¿Para qué va a ir al banco a pedir uno? ¿para qué molestarse en pagar?
      Algún avezado lector estará pensando que "a este pobre hombre le han tenido que hacer gordas...". Pues no, afortunadamente no he sufrido personalmente esta situación, aunque he sido testigo de unas cuantas. Lo digo sin apasionamiento personal, sólo como constatación de la injusticia de un país que, como no podía ser de otra manera, inventó la picaresca y la morosidad como "modus vivendi".
      Un saludo al bloguero autor a pesar de la discordancia. GRAN NIVEL JURÍDICO

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    2. Hay, aquí entramos en un terreno peligroso. El problema es el exceso y en España no tenemos límite; este asunto del 1/3 comenzaría cuando las costas no tuvieron nada que ver con la deuda y alguien fijó el límite. Tampoco podemos olvidar que ya el legislador ha hecho propia la medida fijando otro límite en 2.000€ y, por último, que todo se solucionaría con honorarios libres o, fijando topes por ley según el proceso y la duración.

      ¿Problemas de todo ello?. Un verbal de 700€ lleva mucho más trabajo que un ordinario de 3.000.000 de preferentes y fijando la retribución por cuantía, que es lo que hacen los Colegios de Abogados hemos llegado a un callejón sin salida. Esto es lo que sucede en la ejecución y más ahora que no hay dinero. No es que no se quiera pagar es que en muchos supuestos no se puede.

      Gracias y un saludo.

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    3. Estimado Alberto:
      Bueno, peligroso...depende para quién; yo prefiero un sistema (aplicable a esos ejecutados "de buena fe" vamos a llamarlos, que los hay) en el cual el secretario, a la luz de las circunstancias de la ejecución (colaboración del ejecutado -de momento, manifestando bienes- que ya de por sí el pasotismo sin castigo es un cachondeo-, intento real de solucionar, situación personal y económica,...) efectivamente limite las costas a ese 1/3 o al tope que se marque legalmente. ¿Pero a los demás? Ni agua. Lo que dictamine el Colegio si se impugnan las costas...y si supera porque ha habido mucho que trabajar o que perseguir, vuelvo al criterio inicial: si no hubiera hecho falta ejecutar...
      Un saludo
      Pd. Que conste que hay minutas de ejecución que, sin llegar al 1/3, de por sí deberían moderarse (de oficio), por la desproporción entre la minuta y el trabajo desarrollado (y es que vuestros poderes -y el de SSª- son muy grandes e infrautilizados, amigo)
      2ªPd. No quiero ser malo, pero estoy seguro que el día en que un secretario judicial "sufra" en sus carnes la morosidad "voluntaria"/"indolente"/"temeraria" seguro que se apunta a la tesis de la AP Ciudad Real .

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