20 marzo 2012

El embargo de bienes patrimoniales de las haciendas locales.


La Sentencia del Tribunal Constitucional 166/1998 de 15 de julio, abrió un debate sobre la embargabilidad de los bienes patrimoniales de las entidades locales que al día de la fecha no suscita interrogantes jurídicos (otra cosa es la mayor o menor dificultad práctica en la ejecución contra entidades locales). Esta sentencia declaró la inconstitucionalidad y nulidad del inciso "y bienes en general" del artículo 154.2 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, reguladora de las Haciendas locales, en la medida en que no excluía de la inembargabilidad los bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público. En el mismo sentido las Sentencias del Tribunal Constitucional 201/1998 de 14 de octubre, 210/1998 y 211/1998 de 27 de octubre y 228/1998 de 1 de diciembre. En estas resoluciones se afirma (o ratifica) que el régimen general de pago previsto en el artículo 154.4 LHL no garantiza, por sí solo, que la Entidad local deudora cumpla con el mandato judicial, ya que puede posponer o diferir la ejecución de la Sentencia, quedando insatisfecho el derecho de crédito del particular acreedor, por lo que la inembargabilidad establecida en el artículo 154.2 LHL, en la medida en que se extendía a "los bienes en general de la Hacienda local" y comprendía los bienes patrimoniales no afectados materialmente a un uso o servicio público, no podía considerarse razonable desde la perspectiva del derecho a la ejecución de las resoluciones judiciales firmes que el artículo 24.1 CE reconoce y garantiza. 

El artículo 57.2 de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, modificó el texto del artículo 154.2 Ley de las Haciendas Locales, para su adaptación al pronunciamiento del Tribunal Constitucional que quedó redactado como sigue: «Los Tribunales, Jueces y Autoridades Administrativas no podrán despachar mandamientos de ejecución ni dictar providencias de embargo contra los derechos, fondos, valores y bienes de la Hacienda Local, ni exigir fianzas, depósitos y cauciones a las Entidades Locales, excepto cuando se trate de bienes patrimoniales no afectados a un uso o servicio público». 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local fue posteriormente derogada (salvo tres disposiciones adicionales) por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales. 

En la actualidad la embargabilidad de los bienes patrimoniales se regula en el artículo 173.2 del Real Decreto Legislativo que tiene idéntico contenido al derogado artículo 154.2 LHL. La embargabilidad de los bienes patrimoniales no afectos a un servicio público no suscita ningún interrogante ya que la interpretación del artículo 154 LHL, y artículos 605.4 y el 559.3º LEC validan el despacho de ejecución contra la Corporación, pero condicionando la prosecución de la vía de apremio y en efectividad del crédito de la entidad ejecutante, a la adecuada individualización de los bienes del Municipio que fueran efectivamente embargables (Auto AP VALENCIA, Sección 7ª de 21 de marzo de 2.003).

La resolución de la Audiencia Provincial de Valencia descubre el principal problema que deben salvar los Juzgados cuando embargan bienes de las corporaciones locales: su naturaleza e identificación, pues la declaración de afectación que supone la traba no tiene mayor dificultad. Y no solo la Corporación local viene obligada a llevar un inventario actualizado de sus bienes, sino que el acceso de los Juzgados a determinadas bases de datos a través del Punto neutro judicial impide la aplicación del artículo 588 LEC. Otra cosa muy distinta es que la ejecución contra un Ayuntamiento se convierta frecuentemente en una carrera de obstáculos sin sentido, aunque la ley facilita suficientes mecanismos para evitarla (artículos 589, 590 y 591 LEC).

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