19 julio 2016

El pago del título ejecutivo y su incidencia en las costas de la ejecución


Uno de los quebraderos de cabeza más habituales en los Juzgados aparece cuando en la ejecución de títulos procesales el deudor paga después de la demanda y antes del despacho de ejecución o, en el tiempo que media entre el despacho y la notificación al ejecutado. 

Cuando hablamos del «pago» nos referimos – aunque sea erróneamente- a la consignación en la cuenta de consignaciones del Juzgado del principal objeto de condena, lo que sería equivalente al cumplimiento del título e impediría el despacho de ejecución. Pago que no incluiría, ni debiera hacerse, las cantidades presupuestadas para los intereses y costas de la propia ejecución; una cosa es que se pidan en la demanda de ejecución (siempre en el máximo del 30% que permite el art. 575 LEC) y otra bien distinta que puedan reclamarse al demandado que no tendría la condición de parte ejecutada. Tesis que se sustenta en que no habrá proceso de ejecución propiamente dicho, hasta que no quede definitivamente fijada la cantidad por la que haya de procederse a la ejecución o vía de apremio. 

A idéntica conclusión llegamos en el caso de pago extraprocesal previo al despacho de ejecución. Cumplido el título ejecutivo, sería inadmisible el despacho por los intereses y costas en cálculo provisional de una ejecución que carecería de objeto (arts. 553.1.2.º y 575.1 y 2 LEC). Recuérdese, por cierto, que en el art. 575.1 LEC se vincula el despacho de ejecución con la «cantidad que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta» por lo que no podrán reclamarse los intereses y las costas presupuestadas si el principal ya se hubiera satisfecho. 

¿Cuál podría ser entonces, el fundamento o la razón que obligara al despacho de ejecución en estos casos? Lo dice la Audiencia de Madrid: el plazo hábil de que dispone el condenado para hacer el pago de lo debido, con el efecto de neutralizar la ejecución e impedir ser condenado en costas está previsto en el art. 548 LEC, como plazo de cumplimiento voluntario de las resoluciones de condena durante el que no cabrá despachar ejecución así que transcurrido el mismo estará obligado a soportar la ejecución y las costas inherentes a la misma y, ello aunque satisficiera la deuda antes de ser notificado del despacho de ejecución, en tanto continuaría obligado a soportar las consecuencias del procedimiento de ejecución, pues con su pasividad provocó el nacimiento de un proceso judicial que, de otro modo, se habría evitado (AAP MADRID Sección 14ª del 21 de septiembre de 2012, ROJ: AAP M 15519/2012); lo contrario equivaldría a dejar el pago de costas subordinado a la celeridad del órgano judicial en resolver sobre la pretensión ejecutiva. En resumen: el pago posterior al comienzo del proceso de ejecución (que se fijaría en el momento de la presentación de la demanda) implicaría, de forma automática, el devengo de las costas de la ejecución principal. 

Esta postura supondría la infracción del art. 549.1.2º LEC pues no habría tutela ejecutiva que satisfacer en relación con el título ejecutivo y tampoco podría reclamarse cantidad alguna con arreglo a lo dispuesto en el art. 575 LEC; y pese que no se desconozca la doctrina que afirma que las costas no son una sanción, sino una contraprestación de los gastos ocasionados al que obtuvo la victoria (el demandante no podrá resultar perjudicado económicamente debiendo hacer frente a unos gastos que debería abonarlos el vencido en el pleito), no podrán imponerse automáticamente las costas por el transcurso del plazo del art. 548 LEC sin atender a las circunstancias de cada ejecución; la práctica demuestra que el cómputo del art. 548 LEC puede presentar alguna dificultad (especialmente en el caso del recurso de apelación), que se realizan traslados de copias de las demandas de ejecución (con lo que se producen pagos voluntarios previos al despacho de ejecución que no merecen ser sancionados) y que de lo que en definitiva se trata es del cumplimiento del título ejecutivo. 

Ahora bien, si seguimos la tesis de la imposición automática de las costas de la ejecución, no solo la repetida imposición responderá a una especie de sanción al ejecutado por el agotamiento del plazo de cortesía (art. 548 LEC) si no que obligaría a despachar ejecución por los «intereses y las costas que se reclaman en cálculo provisional» y, además, por todas las cantidades que aparecieran en la demanda ejecutiva según el título ejecutivo, con la salvedad que en la misma resolución debería acordarse la entrega del principal objeto de condena —consignado en la cuenta de juzgado—, resolviéndose lo que correspondiera sobre los intereses y las costas de la ejecución. Obsérvese que en este caso sería posible que la tasación de costas se practicara con arreglo al importe por el que se hubiera despachado la ejecución.

07 julio 2016

Cesión de datos por un LAJ a un Magistrado y el tipo del art.197.2 CP (STS 4-7-2016)


Siendo evidente el desconocimiento del editor de este blog sobre los tipos penales y sus vicisitudes me limitaré a destacar unos párrafos de la interesante STS Sala 2ª de 4 de julio de 2016 (ROJ STS 3051/2016) y la falta de tipicidad de los hechos se advierte en las dos alternativas abiertas que el Tribunal a quo refleja en la redacción del juicio histórico: "... para realizar la incorporación del certificado de antecedentes penales del Sr. Paulino, el acusado, bien solicitó directamente a la Señora Secretaria Judicial que accediese al registro de penados y rebeldes para obtenerlo, o bien acordó que se realizase copia del certificado cuya obtención se ordenó mediante providencia de 14 de diciembre de 2009 respecto de todos los imputados en las diligencias previas 840/2008, siendo lo cierto que la Señora Secretaria Judicial accedió al registro de penados y rebeldes y obtuvo una nueva certificación el día 26 de noviembre de 2013 a las 11:27:10 horas, haciendo entrega de la misma a D. Gonzalo con expresa mención a que los antecedentes estaban cancelados". 

Dice el Tribunal Supremo que la solicitud por parte del acusado de un certificado de antecedentes penales, que fue obtenido del Registro Central de Penados mediante acceso por la Secretaria Judicial del Juzgado en el que aquel desempeñaba sus funciones y que a su vez, fue incorporada al escrito de alegaciones que el acusado remitió al Consejo General del Poder Judicial, en respuesta al expediente que le había sido abierto por una posible infracción disciplinaria, no sería susceptible de subsunción en el tipo previsto en el art. 197.2 CP. 

Construida la acción típica a partir de un acceso o, en otro caso, de la utilización de datos personales relacionados con una hoja histórico penal[..]


Lo que el Tribunal Superior de Justicia denomina un acceso o una utilización injustificada de datos por parte del magistrado acusado, no es tal. Se trata más bien de un supuesto de cesión de datos obtenidos por el funcionario responsable del tratamiento -en este caso, la Secretaria Judicial, ahora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de instrucción núm. 2 de Castro Urdiales-, a petición del titular del órgano jurisdiccional, que luego son remitidos al Consejo General del Poder Judicial en el marco de unas diligencias de contenido disciplinario. Es en esta secuencia fáctica -no en otra- en la que ha de ser ponderada la tipicidad de la acción declarada probada. Y es que conforme a la norma reguladora de la cesión o comunicación de datos personales, no siempre la cesión inconsentida de datos puede dar lugar a una infracción legal y, en su caso, a un delito.

Esto es, la cesión se define en el art. 3.i) de la LO 15/1999, 15 de diciembre, lo que obliga a un examen acerca de tres extremos imprescindibles para derivar una conclusión acerca de la tipicidad de la conducta imputada. El primero, si los datos fueron obtenidos por quien podía hacerlo, esto es, por quien se hallaba legitimado en su calidad de responsable de seguridad del tratamiento. En segundo lugar, si quien cedió esos datos a un tercero actuaba legítimamente y en el ejercicio de sus funciones. Por último, si el cesionario de esos datos podía acceder a ellos porque una ley así se lo autorizaba. Pues bien, a todas estas cuestiones dan respuestas los arts. 236 quinquies y 236 sexies de la LOPJ. 

La sentencia recurrida da a entender que para el órgano de instancia la legitimidad de toda cesión o tratamiento de los datos generados como consecuencia de la actividad judicial, sólo puede predicarse cuando el fin que los justifica es estrictamente jurisdiccional. Aquí reside el error jurídico que desenfoca el juicio de tipicidad proclamado por el Tribunal Superior de Justicia. La LOPJ admite la cesión de datos para fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y en ambos casos su cesión al Consejo General del Poder Judicial está autorizada cuando este órgano actúa "... en el ejercicio de sus funciones de inspección y control" o "... en el ejercicio de las competencias que tenga(n) legalmente atribuidas". La transcripción literal de los apartados 3 y 4 del art. 236 quinquies permite concluir la legitimidad de la cesión imputada al acusado Gonzalo y que ha sido reputada delictiva en la resolución objeto de recurso.

En consecuencia, la transferencia de datos personales referidos a la hoja histórico-penal de Paulino tiene adecuado encaje en el régimen jurídico que disciplina la cesión de datos en el ámbito de la actividad judicial, ya se ejecute esa cesión con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Ni el Juez Gonzalo que solicitó el certificado, ni la Letrada de la Administración de Justicia que accedió con sus claves al Registro Central de Penados ni, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial que había incoado una información previa a través del Servicio de Inspección, pueden considerarse actores de una ilegítima injerencia en el derecho a la autodeterminación informativa que proclama el art. 18.4 de la CE y que tutela penalmente el art. 197.2 CP. No se olvide que los apartados 1º y 2º del art. 236 sexies declaran responsables de los ficheros jurisdiccionales o no jurisdiccionales al órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero. Y el apartado 3 del mismo precepto adjudica al Letrado de la Administración de Justicia la condición de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos. Esta responsabilidad no es sino confirmatoria de la que ya proclamara el párrafo En síntesis, el Magistrado Gonzalo solicitó -de quien podía solicitar- el acceso al Registro Central de Penados y cedió -a quien podía ceder- los antecedentes penales y demás datos personales que incluían aquella certificación. Esos datos fueron, además, transferidos al órgano de gobierno de los Jueces que a través del Servicio de Inspección había incoado una información previa al acusado. Y fueron recibidos, por tanto, en el estricto ámbito del ejercicio de la función inspectora que le encomienda la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La gravedad de las penas asociadas al art. 197.2 CP son bien expresivas de la necesidad de una fundada y grave afectación del bien jurídico protegido, que no es la intimidad, entendida en el sentido que proclama el art. 18.1 CE , sino la autodeterminación informativa a que se refiere el art. 18.4 del texto constitucional. Se trata de una mutación histórica de innegable trascendencia conceptual, de un derecho de nueva generación que otorgaría a cada ciudadano el control sobre la información que nos concierne personalmente, sea íntima o no, para preservar, de este modo y en último extremo, la propia identidad, nuestra dignidad y libertad. 

Así centrada la tutela del bien jurídico protegido por el art. 197.2 CP, es entendible la ausencia de relieve penal de los hechos imputados al acusado Gonzalo. Y es que la nula afectación del bien jurídico -por más que la ya razonada ausencia de otros elementos del tipo objetivo sería suficiente para el desenlace absolutorio- es otra de las razones para concluir la falta de tipicidad de los hechos.

Basta un examen detenido de los precedentes más destacados de esta Sala, en los que el art. 197.2 del CP fue aplicado y derivó en una condena para constatar la intrínseca gravedad de los supuestos a los que se hacía frente. Son los casos, por ejemplo, del médico del Servicio Público de Salud que, aprovechando su cargo y el acceso a las bases de datos de historiales médicos, realizó numerosas consultas sin autorización ni justificación, con consciente incumplimiento del compromiso de confidencialidad que le incumbía, llegando a acceder en más de 200 ocasiones y durante el plazo de 2 años a las historias de salud e información de atención primaria de una enfermera, con la que había roto una relación amorosa, y las de sus familiares ( STS 40/2016, 3 de febrero); del policía autonómico que, valiéndose de su libre acceso a la base de datos policial, eludía las sanciones por sus multas de tráfico, identificando falsamente en los pliegos de descargo a terceras personas (cfr. STS 534/2015, 23 de septiembre); el médico del INSALUD que, aprovechando tal condición, consultó el historial clínico de varios compañeros sin su consentimiento, obteniendo así información clínica especialmente protegida (cfr. STS 532/2015, 23 de septiembre); el funcionario de la TGSS que, con la utilización de la clave asignada para otras funciones, facilitaba datos de trabajadores, empresas, vida laboral y certificados de situación de cotización a mutuas laborales y a terceras personas ( STS 525/2014. 17 de junio); el agente de la Guardia Civil que al amparo de su cargo accede al registro informático del Cuerpo y facilita datos reservados sobre varias personas, datos que luego son utilizados para chantajear a terceras personas (cfr. STS 1189/2010, 30 de diciembre); los funcionarios del INEM que difunden a terceros datos de múltiples personas, extraídos de ficheros informáticos oficiales a los que accedían con su propio código o con el otros compañeros y mediante los que facilitaban el embargo de sus bienes (cfr. STS 725/2004, 11 de junio); el colaborador temporal de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos que se apodera de datos con indicaciones expresas de la minusvalía y estado de salud de algunos de los miembros, así como datos relativos a sus domicilios, teléfonos y cuentas bancarias, con el fin de utilizar dichos datos en su propio beneficio, para actividades de contactos, sexo, o trabajos fraudulentos que ofrecía (cfr. STS 1532/2000, 9 de octubre ); o la información periodística que permitió por vía referencial identificar a enfermos de SIDA internados en un establecimiento penitenciario (STS 18 febrero 1999).

La sentencia contiene un voto particular que discrepa de la argumentación jurídica de la mayoría de la Sala, pero dejando al margen el debate doctrinal los límites del acceso a determinados datos y su destino no suscitan demasiados interrogantes o, si quieren que sea más claro, núnca es aconsejable dejarse llevar por el primer impulso y menos aún cuando las sucesivas reformas de la LOPJ insisten en atribuir al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia una responsabilidad en materia de protección de datos que, como se lee en la sentencia, suele tener más de un reparo. 

05 julio 2016

De nuevo el TS resuelve con la lógica (jurídica) sobre la naturaleza de los Decretos de los LAJ (STS.20-6-2016)


La STS, Sala 1ª de 26 de junio de 2016 (Roj: STS 2937/2016) reitera un criterio que impone la lógica sobre la naturaleza de los Decretos que dictamos los Letrados de la Administración de Justicia. Como entiendo que es un asunto sobre el que voces más autorizadas se han pronunciado me limitó a reproducir el fundamento en cuestión:


Antes de entrar en el examen de la demanda y en el motivo de revisión alegado, es necesario clarificar, ante la oposición del demandado, las resoluciones que pueden ser objeto de este proceso revisión.
En relación a esta cuestión, esta Sala tiene dicho, entre otros, en AATS de 25 de octubre de 2011 (PR nº 54/2011), 20 de septiembre de 2011 (PR nº 23/2011), 7 de septiembre de 2010 (PR nº 15/2010 ) y 14 de julio de 2009 (PR nº 56/2008), que el art. 509 LEC se refiere a la revisión de sentencias firmes y que el art. 510 LEC dice que "habrá lugar a la revisión de una sentencia firme" por los motivos que enumera. Esto significa, según los AATS antes citados, que "solo pueden ser objeto de revisión las resoluciones judiciales que tienen la forma y la naturaleza de sentencias". Sin embargo la STS 655/2013, de 28 de octubre en un supuesto en que se interesaba la revisión de un auto por el que se despacha ejecución en un proceso monitorio, estimó que se trataba de una resolución equivalente a las sentencias firme, porque pone fin al procedimiento monitorio y abre la fase de ejecución de este, que, según el art. 816.2 LEC, proseguirá "conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales".
Más recientemente, la STS nº 565/2015, de 9 de octubre , en el mismo sentido, estima que es objeto de revisión el decreto del Letrado de la Administración de Justicia que pone fin al proceso monitorio europeo y la posterior resolución despachando ejecución.
El tratamiento que se ha de dar al decreto del Letrado de la Administración de Justicia, poniendo fin al actual juicio de desahucio al no existir oposición tras el requerimiento realizado al demandado, -en este caso, también el auto dictado resolviendo el contrato de arrendamiento- y la posterior resolución despachando ejecución; ha de ser el mismo que el que se ha dado a los autos y decretos dictados en el ámbito del juicio monitorio, al tratarse de resoluciones firmes que ponen fin al procedimiento, en este caso de desahucio, y con efecto similar al de la cosa juzgada, en aquellas cuestiones propias de la resolución arrendaticia por falta de pago.

28 junio 2016

El recurso de revisión no sustituye a la impugnación de la tasación de costas (ATS, 13-4-2016).


La parte condenada en costas recurre en revisión un decreto argumentando que los honorarios del letrado minutante eran excesivos por aplicación del límite del tercio del art. 394.3 LEC y que la ley permite la revisión del citado decreto, aunque la tasación no haya sido impugnada, cuando no se ajusta a los límites del art. 243.3 LEC. 

El ATS, Sala 1ª, de 13 de abril de 2016 (ROJ: ATS 3078/2016) desestima el recurso. Del art. 243 LEC se deduce que la facultad del Letrado de la Administración de Justicia en orden a la exclusión de determinadas partidas de los derechos o de las minutas al practicar la tasación de costas, sin necesidad de esperar a una eventual impugnación de la parte perjudicada, resulta indiscutible. El letrado de la Administración de Justicia no solo decide sobre la exclusión de los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, o de las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Además, el art. 243 LEC faculta al letrado de la Administración de Justicia para reducir el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel cuando excedan de la tercera parte de la cuantía del pleito, salvo que se haya declarado la temeridad del litigante condenado en costas. 

El párrafo tercero del art. 243.2 LEC obliga al Letrado de la Administración de Justicia a aplicar el límite legal previsto en el art. 394.3 LEC (en el caso de condena en costas de primera instancia y, por remisión del art. 398 LEC, a las costas en apelación y en los recursos extraordinarios), y deja claro a quién está atribuida la competencia para la aplicación de la limitación de los honorarios del letrado minutante a la tercera parte de la cuantía del procedimiento y en qué momento debe ser apreciada la limitación. 

Pero ello, sin perjuicio de que pueda impugnarse la tasación de costas practicada, bien por el condenado, bien por el beneficiario de la condena en costas si se reducen los honorarios en cuantía superior a dicho límite, cuando lo único que se discute - partiendo de la corrección del importe o cuantía de la minuta- es la aplicación del límite a cuyo pago viene obligado el condenado en costas, la impugnación deberá tramitarse por el cauce de indebidos. Precisamente, porque no se cuestiona la correcta aplicación de normas orientadoras, carece de sentido recabar el informe del colegio de abogados en cuanto a la corrección de la minuta de un letrado incluida en una tasación de costas. 

El art. 245 LEC, referido a la impugnación de la tasación de costas, regula los incidentes a través de los cuales se instrumenta la oposición a la tasación de costas y en el caso de que el letrado de la Administración de Justicia no haya aplicado de oficio la reducción de los honorarios en el momento de tasar las costas (art. 243.2. III LEC ), la parte condenada, en el trámite de impugnación previsto en el art. 245.2 LEC, tiene la posibilidad y la carga de poner de manifiesto esa infracción, y si no lo hace no puede plantearlo a través del recurso de revisión contra el decreto que aprueba la tasación de costas.


En definitiva, el hecho de que el límite establecido en el art. 394.3 LEC sea aplicable de oficio por el letrado de la Administración de Justicia a la hora de practicar la tasación de costas, sin tener que esperar a que sea esgrimido por la parte condenada a través del trámite de impugnación, no significa que en el supuesto de que no se haya aplicado dicho reducción la parte perjudicada no esté obligada a reaccionar en tiempo y forma, con la debida diligencia, en defensa de sus derechos, a través de la impugnación de la tasación de costas. Se trata de un requisito inexcusable y una carga impuesta a la parte, ya que de no hacerlo así pierde la oportunidad de denunciar la irregularidad en la práctica de la tasación de costas a través del recurso de revisión contra el decreto que la aprueba .

Así que si la parte condenada no impugnó dentro de plazo la tasación de costas, el recurso de revisión interpuesto se convertirá en una impugnación extemporánea de la tasación.

22 junio 2016

Sobre la incomparecencia del Procurador al acto de la vista (STS 15-6-2016)


La STS Pleno Sala de lo Civil de 15 de junio de 2016 (Roj: STS 2737/2016) estima el recurso por infracción procesal contra la SAP Alicante (sección 8.ª) de 7 de junio de 2013 y la del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de dicha ciudad anulando la sentencia recurrida así como la dictada en primera instancia y las actuaciones realizadas desde la celebración del juicio, volviendo al momento procesal anterior al mismo para nuevo señalamiento. 

En el asunto en cuestión según la Audiencia Provincial se reconoció (i) que no compareció la Procuradora por lo que no pudo hacerlo en forma la parte actora en el acto del juicio; (ii) que no se tuvo por incomparecida a la parte actora de manera automática sino que se concedió un tiempo para intentar la comunicación con la Procuradora para conocer y justificar la razón de la incomparecencia; y (iii) que transcurrido el tiempo concedido, al no dar justificación alguna sobre la incomparecencia de la Procuradora, se procedió a la celebración del juicio sin tener por comparecida a la parte actora. 

Tampoco pudo considerarse como circunstancia de fuerza mayor (art. 183.1 LEC) la supuesta enfermedad alegada por la Procuradora mediante escrito presentado al día siguiente pues el parte médico que acompaña está expedido a las 22,19 horas del día 26 de julio cuando el juicio estaba previsto ese mismo día a las 9,00 horas en el que se indicó que padecía "desde hace 24 hs inicia dolor abdominal intenso tipo cólico". No se acreditó suficientemente la existencia de causa de fuerza mayor pues no estaba impedida la Procuradora para comunicar al Juzgado al momento de la celebración del juicio su imposibilidad para asistir al mismo o, al menos, haber informado con anterioridad al Letrado de las razones de su incomparecencia. 

Y dice el Tribunal Supremo:


Es cierto que el legislador ha querido que en el acto del juicio las partes comparezcan representadas por su procurador y asistidas de abogado, lo que viene establecido en el artículo 432.1 LEC como garantía procesal de la propia parte y no de la contraria ni de la actuación del tribunal. 
En el caso presente los demandantes comparecieron por sí con su abogado defensor, no haciéndolo la procuradora que los representaba por causas en ese momento ignoradas, sin que pudiera ser localizada pese a que consta que se intentó. Ante tal situación, cabía a la juzgadora de primera instancia adoptar distintas soluciones y optó finalmente por la más perjudicial para los derechos de la parte demandante, que quedó indefensa al no poder practicar la prueba que le había sido admitida, ya que se le tuvo por no comparecida. 
La norma del artículo 432 LEC -que se considera infringida- es clara al requerir la presencia de procurador y letrado para que la comparecencia de la parte en el juicio pueda entenderse correctamente efectuada. No obstante, ante una situación como la que se dio en el caso presente en que, sin conocimiento de la causa motivadora por la parte ni por su abogado, no comparece la procuradora y no es posible su localización, es preciso determinar si resulta proporcionada, y acorde con los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio, la consecuencia de tener por no presente a la parte y privarle de cualquier intervención, incluida la práctica de la prueba que se le había admitido y que podía llevarse a cabo en ese momento sin detrimento alguno de derechos para la contraria. 
La inasistencia del procurador al acto del juicio, cuando le consta el señalamiento y no alega causa justificada para ello, podrá comportar incumplimiento de deberes profesionales de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de apoderamiento, con las consecuencias a que haya lugar -incluso el artículo 553-3º LOPJ prevé la incomparecencia como generadora de posible responsabilidad disciplinaria exigible por el tribunal- pero no ha de suponer la privación al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido técnicamente por abogado. 
A tal conclusión conduce, además, la propia previsión del legislador para el caso de la suspensión de vistas, regulada en el artículo 188 LEC , pues en su apartado 1.5º dispone que la celebración de las vistas en el día señalado sólo podrá suspenderse en los siguientes supuestos y, entre ellos, «por muerte, enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente a juicio del secretario judicial, tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión ...». 
La lectura de dicha norma pone de manifiesto que la concurrencia de iguales circunstancias -que incluso pueden ser inmediatas a la celebración del juicio- no está previsto que provoquen la suspensión de la vista cuando afectan al procurador y no al abogado, siendo así que en cualquier caso si el tribunal considera imprescindible en el caso dicha presencia siempre puede instar a la parte a que se lleve a cabo la sustitución por otro procurador en los amplios términos que permite el artículo 29 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre , incluso sin necesidad de apoderamiento previo, como también prevé el artículo 543.4 LOPJ ; igualmente la ley no ha exigido de modo especial la presencia del procurador en la audiencia previa al juicio cuando comparezcan las propias partes, según dispone el artículo 414 LEC

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15 junio 2016

Impugnación de la tasación de costas, legitimación e inadmisión.


El plazo de impugnación de la tasación es el de los diez días del traslado del artículo 244.1 LEC, que vencido hará entrar en juego la inadmisión del artículo 245.4 LEC. Y dice este último que en el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. 

Hago aquí una aclaración. Lo que se impugna es la tasación de costas, que suele recogerse en una diligencia, pero no las diligencias de ordenación que acuerda la práctica y el traslado. Puede darse el caso – y escribo por experiencia- que se recurra en reposición la diligencia de ordenación que ordena la práctica de la tasación de costas o que se presente un escrito solicitando su aclaración. Ese quehacer está prohibido por la ley y en los dos casos hay que rechazar, sin otro trámite, la petición que se formule. 

Respecto a la legitimación no hay que darle muchas vueltas al asunto. Solo podrán impugnar la tasación las partes litigantes, no los profesionales que intervinieron en el proceso, ni quienes presentaron facturas, y ello porque las costas, que han de ser objeto de tasación, en su caso, dan lugar a una relación, derivada de una resolución judicial, entre la parte vencedora beneficiada con la condena en costas y la parte condenada al pago de las mismas (SAP BARCELONA, 525/2004, Sección 13ª, 13 julio 2004, ROJ: SAP B 9274/2004). Y solventando una impugnación por falta de legitimación en la impugnación de una tasación de costas reitera la SAP BARCELONA, 209/2011, Sección 1ª, 17 de mayo de 2011 (ROJ: SAP B 4826/2011) que el titular del crédito resultante de una condena en costas es la parte procesal. Se trata de un crédito que entra en el patrimonio del acreedor que es la parte procesal (no su Letrado), pues es el arrendatario (cliente) el obligado a satisfacer el importe del servicio prestado ya que solamente entre ambos se ha constituido tal relación, por lo que los derechos y obligaciones que puedan surgir como consecuencia de tal contrato solamente les afectan a ellos y no a los terceros condenados al pago, conforme se establece por reiterada jurisprudencia. 

Ahora bien, mientras el condenado al pago podrá impugnar todos y cada uno de los apartados de la tasación, la parte vencedora quedará limitada por el artículo 245.3 LEC a una impugnación: (a) por no haberse incluido en la tasación gastos debidamente justificados y reclamados (b) por no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia, o (c) por no haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador. 

La intervención de letrado y de procurador en la impugnación será necesaria por relación con el proceso en el que se ha practicado la tasación de costas (artículo 31 LEC) y en el caso de fallecimiento del litigante, el letrado necesitará nuevo poder de los herederos para promover o, en su caso, continuar, con la impugnación de la tasación de costas (SAP MALAGA, 560/2008, Sección 4ª, 7 de octubre de 2008, ROJ: SAP MA 1689/2008). 

Presentado el escrito de impugnación vuelve a precluir el trámite de alegaciones y no se podrán introducir posteriormente ulteriores motivos para impugnar la tasación, salvo que fuesen apreciables de oficio (SAP LA CORUÑA, 371/2010, Sección 3ª, 22 de septiembre de 2010, ROJ: SAP C 2449/2010) y para el caso de superar el trámite de admisión, la falta de mención de las razones de la impugnación podría luego transformarse en su desestimación (SAP ALICANTE, 431/2009, Sección 8ª, 17 de noviembre de 2009, ROJ: SAP A 3645/2009) . 

Lo que no vale son las impugnaciones genéricas en las que se alega, por ejemplo, que se infringe el límite del artículo 394.3 LEC sin aclarar respecto a qué cantidad y partida; que la cuenta de derechos del Procurador es indebida o que la minuta del letrado no es detallada, antes al contrario, pasado el filtro jurídico que hace el Letrado de la A. de Justicia corresponde al impugnante precisar su desacuerdo con la tasación y las razones que le llevan a tal conclusión. El artículo 245 LEC no presenta ninguna dificultad interpretativa con lo que no cabe subsanación (artículo 231 LEC), no hay obligación de averiguar qué es lo que se impugna y además se prevé un recurso de reposición, que siempre deberá sujetarse al requisito de admisión del artículo 452.1 LEC (el impugnante tendrá que precisar con toda claridad qué infracción se cometió en el decreto de inadmisión a trámite de la impugnación de la tasación de costas). 

Por último, la denominación de la impugnación por la parte no afecta ni a la admisión, ni a la tramitación posterior. Esta es una cuestión que el  Letrado de la A. de Justicia está obligado a examinar, impulsando el trámite como corresponda y de ahí, por ejemplo, que si se impugnan los derechos del Procurador por indebidos, pero sin atacar partida alguna, sino solo su cuantía, deba inadmitirse la impugnación, sin perjuicio de revisar el cálculo realizado.

10 junio 2016

Revisión o no revisión, frente a todas las resoluciones que dicten los LAJ, esa es la cuestión.


Esta semana, o la pasada, se publicó otra reflexión doctrinal sobre la auto cuestión de inconstitucionalidad que el Tribunal Constitucional, resolvió tres años después de auto plantearse la necesidad de articular algún sistema para revisar todas las resoluciones de los Letrados de la Administración de Justicia. 

La cosa por lo visto debe ser importantísima y voces más autorizadas que la mía, faltaría, proclaman la obligatoriedad de expandir, que no de extender, la revisión judicial a cualquier cosa que firme el arriba firmante; valga la singular redundancia. ¿Y qué hacer ante tal dilema? Perdonen un momento, que se ha vuelto a caer parte del archivo cartonero que inunda desbordado las instalaciones y, me indica la Auxilio – antes Agente- que han parado de llevarse papeles en el Instancia 18 porque abajo, en el archivo, no hay sitio para ninguna grapa más. ¿La junta de expurgo? Bien, gracias por preguntar, cumpliendo años como los demás. Dele recuerdos. 

Repito la pregunta: ¿qué hacer ante tal dilema planteado por el Tribunal Constitucional? Vaya, ruego me disculpen. Llaman del Decanato para que se bajen tres asuntos de BANKIA y se recojan cuatro sentencias. Lo de BANKIA ya es apasionante: este trimestre hay siete magistrados poniendo sentencias, se celebran juicios y audiencias previas de dos minutos en la Sala de vistas del Juzgado y en las de los otros diecisiete de la instancia y, está prohibida la palabra allanamiento por algunas diligencias penales que se tramitan en la Audiencia Nacional, con lo que hay estar interpretando lo que no se quiere decir y parece adivinarse. Que haya siete magistrados y un único Letrado de refuerzo (que hubo que nombrar a la fuerza ahorcan de la firma electrónica y de la imposible ubicuidad de los titulares de las mismas) es la respuesta a las posturas de la jerarquía en uno y otro cuerpo y, es evidente que cuando uno se pone de perfil durante mucho tiempo acaba invisible. 

Bueno, a ver si puedo responder al interesantísimo debate doctrinal originado por el Tribunal Constitucional. Y me temo que no. Urgentísimo requerimiento para que informe sobre la falta de cumplimentación de los boletines del INE, porque no coinciden los datos de los desahucios de la estadística a palotes del Consejo General del Poder Judicial con los del instituto estadístico nacional. Lógico, la aplicación del INE no permite registrar todas las resoluciones que dicta el Juzgado y así es imposible que dos más dos sean igual a cuatro: ¿hace falta decirlo? Parece que sí. Rectifico – ya me extrañaba- cuando quieren un dato paloteado o que te lo saques de la manga, recibes una educadísima (sic) petición que se encabeza con buenos días (sic y sic) y termina con muchas gracias (sic y sic) y reciba un cordial saludo (sic, sic, sic y sic). Así que no hay que informar nada, de momento.

¿Y el dilema? ¿qué dilema? Todavía estamos rehaciendo modelos de los inventos legislativos con dinamita del año pasado; sobre los desahucios corremos una pancarta (era un velo, pero se queda cortísimo) y los concursos siguen progresando adecuadamente hacia el precipicio. Ahora, que si quieren comenzar el modelito por el pie poniéndole un recurso de revisión y luego redactar lo demás, están en su perfecto derecho; no sería la primera casa que en esta administración se construye por el tejado, ni será la última y así nos va.

07 junio 2016

La petición monitoria en la LPH: gastos, otros recargos, titularidad plural y aprovechamiento por turnos.


El procedimiento monitorio empieza con la petición de la comunidad en la que hay que expresar la identidad del acreedor y del deudor, el domicilio de ambos o el lugar en que residiera o pudiera ser hallado el deudor, el origen y la cuantía de la deuda, junto con los documentos a que se refiere el art. 812 LEC. 

Si la reclamación no supera los 2000€ no será necesario valerse del servicio de procurador o de abogado (arts. 23.2.1.º y 31.2.1.º LEC) y en cualquier caso no será necesario abonar la llamada tasa judicial. 

El párrafo tercero del art. 21 LPH tan sólo permite reclamar «los gastos del requerimiento previo de pago» siempre que conste documentalmente la realización de éste y, se acompañe a la solicitud el justificante de tales gastos, expresión con la que se refiere al acto del requerimiento extrajudicial (pe. el coste del burofax) y en que no podrán englobarse los honorarios extraprocesales de un letrado (SAP ALICANTE, sede ELCHE, 513/2011, Sección 9ª, de 23 de diciembre de 2011, Roj: SAP A 3373/2011). Tampoco podrá incluirse el importe de las notas simples registrales, que no encuentra encaje en lo dispuesto en el art. 21 .3 LPH y ello sin perjuicio del tratamiento que de tales conceptos pueda hacerse, en su caso, en materia de costas. 

Sentado esto la SAP VALENCIA, 185/2012, Sección 7ª, 2 de abril de 2012 (Roj: SAP V 1890/2012) defiende una postura que confunde los conceptos del gasto del acto y el de las costas, que no olvidemos supone en el monitorio de la Ley de Propiedad Horizontal, una excepción. Este pronunciamiento parte del hecho que ninguna norma de la Ley de Propiedad Horizontal, imponen que el Presidente, Vicepresidente, Administrador o, cualquier propietario deban realizar gestión personal de cobro alguno frente al propietario moroso, por lo que si dicha gestión se encarga al correspondiente profesional (en este caso el administrador que a su vez es abogado) nada empiece desde un estricto punto de justicia material, que el precio de dicha gestión sea repercutido sobre el renuente propietario que la propició. Se apoya dicha tesis en la propia Exposición de Motivos de la Ley de Propiedad Horizontal, que trató de establecer un procedimiento ágil y eficaz para el abono de las deudas por gastos comunitarios y todos los gastos extrajudiciales derivados del intento de poner fin a la situación de impago y, en concreto, en el art. 21.3 de la citada Ley al permitir reclamar los gastos derivados del requerimiento previo de pago, siempre que conste documentalmente su realización. 

Pues bien, estamos ante unos conceptos que en ningún caso pueden ser incluidos en el ámbito de la deuda reclamada, que tiene por objeto la reclamación de cantidad debida en concepto de pago de gastos comunes de Comunidad de propietarios de inmueble urbano. Los conceptos de gastos de abogado y procurador tienen la consideración de costas del proceso (art. 241.1.1º LEC), cuya exigibilidad requiere de una previa imposición por el órgano judicial y de su oportuna tasación (SAP MALAGA, 273/2013, Sección 4ª, 14 de mayo de 2013, Roj: SAP MA 1115/2013) 

En cuanto a los recargos para el caso de morosidad leemos en la SAP VALLADOLID, 122/2012, Sección 3ª, 27 de marzo de 2012 (Roj: SAP VA 500/2012) que la obligación de abonar un recargo o la penalización por cuota impagada resulta procedente y exigible cuando se establece por un acuerdo comunitario, se notifica y no se impugna en el tiempo y forma establecidos por la ley, deviniendo en consecuencia de obligado cumplimiento y ejecutivo según lo dispuesto en los arts. 17 y 18.4 LPH. Queda por todo ello dotada la deuda reclamada por la Comunidad, de unos requisitos de certeza exigibilidad y liquidez que desde la óptica de la buena fe y de la seguridad jurídica deben ser tenidos en cuenta. Cuando los intereses de demora se acuerdan por la Junta se convierten para cualquier vecino que incurra en mora en una obligación accesoria, a la que la principal comunica su propia naturaleza, por lo que no ofrece ninguna dificultad incluirla dentro del concepto de gastos comunes, no tanto porque lo sean de todos los vecinos, sino porque lo son sólo de aquellos que incurran en el supuesto de hecho que los desencadena, esto es, el impago de las liquidaciones anuales ordinarias que resultan conformes con el coeficiente habido dentro de la Comunidad de Propietarios (SAP VALENCIA, 557/2010, Sección 11ª, 1 de diciembre de 2010, Roj: SAP V 6178/2010). 

Ahora bien, entre las obligaciones impuestas por la Ley de Propiedad Horizontal no se encuentra el pago de este tipo de recargos o un incremento del interés de demora por encima del legalmente previsto y, de ahí que sus circunstancias de aprobación deberán justificarse (SAP LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, Sección 4ª, 12 de marzo de 2013, Roj: SAP GC 370/2013). 

¿Se admite el monitorio de la LPH en las reclamaciones derivadas del aprovechamiento por turnos de bienes inmuebles? Existen posiciones encontradas entre las distintas audiencias. Por un lado, se estima que las comunidades de propietarios y el aprovechamiento por turnos no son jurídicamente equiparables, pero por otro se hace referencia a que según la legislación vigente, la normativa sobre propiedad horizontal es aplicable supletoriamente al referido aprovechamiento. 

Dejando al margen el debate sobre la naturaleza jurídica de la figura que nos ocupa el ATS, Sala 1ª, de 10 de febrero de 2016 (Roj: ATS 1058/2016), resolviendo una cuestión de competencia y con cita de los autos de la Sala de 6 de octubre de 2003, 5 de febrero de 2004 y 10 de junio de 2004 mantiene que «las comunidades de titulares de derechos de aprovechamiento por turnos, se rigen según establece el artículo 15 de la Ley 42/1998 de 15 de diciembre, por sus normas estatutarias previstas en la escritura reguladora o las que libremente adoptan los titulares de los derechos, cuyos acuerdos se sujetan a las normas que el precepto establece, siendo de aplicación supletoria y subsidiaria las normas de la Ley de Propiedad Horizontal»; y añade, también literalmente: Esta aplicación supletoria de la Ley de Propiedad Horizontal, hace que el proceso monitorio frente a unos de esos titulares de aprovechamiento requiera para su admisión, la certificación del acuerdo de la Junta, aprobando la liquidación de la deuda con la comunidad, tal como exige el art. 21 LPH, siendo entonces de aplicación el art. 813 LEC, que en estos casos considera Juzgados competentes el Juez de Primera Instancia del domicilio o residencia del deudor, o el del lugar donde se halle la finca, a elección del solicitante y que es el criterio más justo, pues si no se obligaría a litigar a la Comunidad de Propietarios en todos los lugares en que residieran los que no pagasen debidamente sus cuotas, lo que no parece una solución razonable. 

Por último y aunque la singularidad del supuesto no merezca un análisis enjundioso, la legitimación pasiva del IVIMA y de otros organismos similares ha sido admitida de forma mayoritaria, aunque no exenta de matices y en la SAP MADRID, 169/2012, Sección 21ª, 13 de marzo de 2012 (Roj SAP M 6246/2012) se afirma que en la Audiencia Provincial de Madrid, se ha mantenido el criterio uniforme de que la legislación reguladora de las viviendas de protección oficial, tanto estatal como autonómica, no modifican ni influyen ni afectan a la regulación que, de la contribución de los propietarios de las viviendas y locales a los gastos generales de la casa, se hace en la Ley de Propiedad Horizontal. Y habida cuenta que, la regulación de la contribución de los propietarios de las viviendas y locales a los gastos generales de la casa, constituye «legislación civil» y que, en la Comunidad de Madrid no existe Derecho Civil foral o especial, no se puede invocar, la legislación autonómica madrileña, como modificadora de la «legislación Civil estatal» ya que ello, está proscrito por el art. 149. 1. 8ª CE. En esta materia, por lo que a la Comunidad Autónoma de Madrid se refiere, solo cabe invocar legislación estatal. Esto supone que la comunidad de propietarios podrá para dirigirse contra el titular registral, IVIMA, dado que la comunidad es un ente jurídico ajeno a los pactos contenidos en el contrato de adjudicación de vivienda.

26 mayo 2016

Las sospechas de la Fiscalía en la STS, Sala 3ª, 20 de abril de 2010.


Reproduzco, sin comentario unos párrafos de la STS, Sala de lo Contencioso-Administrativo de 20 de abril de 2010 (Roj: STS 2007/2010) sobre la postura que adopta la Fiscalía en determinadas ocasiones para que luego, estimado lector, sospechemos, porque todos y todas tenemos el mismo derecho a hacerlo, creo.
cita:

En relación con esta pasividad de la Secretaria, no podemos dejar de hacer mención de la que también acompañó a la Fiscalía con respecto a la ejecutoria. 
Debemos recordar que el artículo 124.1 de la Constitución atribuye al Ministerio Fiscal, entre otras, la misión de promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, así como procurar ante los Tribunales la satisfacción del interés social. 
Para el cumplimiento de dichas funciones, reiteradas en el artículo 1 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal(en adelante, EOMF), el artículo 3 le encomienda, en su apartado 1, "velar porque la función jurisdiccional se ejerza eficazmente conforme a las leyes y en los plazos y términos en ellas señalados, ejercitando, en su caso, las acciones, recursos y actuaciones pertinentes", y, en su apartado 9, "velar por el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social", pudiendo a tal fin interesar la notificación de cualquier resolución judicial y la información sobre el estado de los procedimientos, pudiendo pedir que se le dé vista de éstos cualquiera que sea su estado o que se le remita copia de cualquier actuación, para velar por el exacto cumplimiento de las leyes, plazos y términos, promoviendo, en su caso, las correcciones oportunas. 
De estos preceptos se desprende que, al igual que manifiesta en relación al Magistrado sancionado, el Ministerio Fiscal tiene una obligación clara de actuar en los procesos penales de ejecución, aun en el caso, como aquí ocurrió, de que no se le diera traslado del asunto con el fin de despachar un trámite concreto, pues tiene legalmente encomendada la misión de velar por que la función jurisdiccional se ejerza eficazmente (y dicha función se integra por las labores de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado) y de vigilar el cumplimiento de las resoluciones judiciales que afecten al interés público y social .