15 septiembre 2016

Un Letrado de la A. de Justicia puede conseguir en el TJUE el reconocimiento que se nos niega en España (II).


Escribí hace meses que cuando se publicó la famosa y única Sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 28 de septiembre de 2011 (LA LEY 187848/2011) que resolvió un conflicto suscitado entre un Ayuntamiento y una Audiencia Provincial sobre un procedimiento de Jura de cuentas contra el Consistorio, no pocos quisieron extraer la conclusión que la Jurisprudencia confirmaba el contenido administrativo de los entonces Secretarios Judiciales, olvidando que el expediente de jura de cuentas no había perdido su carácter jurisdiccional tras la Ley Orgánica 13/2009, pues la nueva regulación permitía la aplicación de la doctrina jurisprudencial anterior en la materia y la citada jura no era un algo extraño al proceso; antes al contrario, se justificaba por su existencia. 

Luego vinieron las famosas cuestiones prejudiciales contra la hipoteca, la ejecución hipotecaria y el monitorio y en una de esas búsquedas sobre la famosa abusividad, encontré una cuestión publicada en el portal del Tribunal de Justicia de Unión Europa que formulaba el Secretario Judicial de Terrasa. Gracias a este Letrado de la Administración de Justicia, que se llama Óscar Ricardo Cabrera Galeano y es (o era) titular de la Secretaría del Juzgado de lo Social Número 2 e Interino de la del Juzgado de Violencia sobre la mujer único radicadas en la susodicha localidad tenemos hoy las CONCLUSIONES DE LA ABOGADO GENERAL SRA. JULIANE KOKOTT presentadas el 15 de septiembre de 2016 (asunto C‑503/15) sobre la cuestión prejudicial que planteó el día 23 de septiembre de 2015 y que, entre otras cosas, dice lo siguiente:


A. Sobre el expediente de jura de cuentas seguido ante los secretarios judiciales   
41. El expediente de jura de cuentas regulado en los artículos 34 LEC y 35 LEC permite a los abogados obtener un título ejecutivo para sus reclamaciones de pago de honorarios y no comporta debate contradictorio en cuanto al fondo, siempre que el deudor no lo desencadene formulando oposición. En esa medida, el procedimiento que es objeto del presente asunto es semejante al proceso monitorio que era objeto de los asuntos Banco Español de Crédito y Finanmadrid, puesto que este último proceso prevé el traslado de la iniciativa procesal ―denominado «inversión del contencioso»― al deudor, de modo que la carga de iniciar un procedimiento contradictorio recae sobre el destinatario del requerimiento de pago si no quiere que éste adquiera carácter ejecutivo. (14) 
42. La jura de cuentas, que surgió como procedimiento especial para la reclamación de los honorarios de abogado devengados en el contexto de un procedimiento jurisdiccional concreto, no es la única posibilidad que tienen los abogados para reclamar sus honorarios, dado que pueden también acudir a un procedimiento declarativo o bien a un proceso monitorio. 
43. La jura de cuentas debe seguirse ante el secretario judicial del órgano jurisdiccional que hubiera conocido del procedimiento jurisdiccional en que el abogado actuó por cuenta del cliente y se dirige únicamente al cobro de los honorarios devengados en el mismo. 1. Sobre el desarrollo de la jura de cuentas ante los secretarios judiciales 
44. Cuando los abogados presentan reclamación por impago de sus honorarios ante los secretarios judiciales, éstos comprueban si los créditos se corresponden con los servicios prestados por dichos abogados en los procedimientos correspondientes y excluyen aquéllos que no son susceptibles de reintegro. (15) A continuación, los secretarios judiciales requieren a los deudores para que paguen dichas sumas; si los deudores no formulan oposición, se despacha ejecución. 
45. Si, en cambio, los deudores rechazan la reclamación por no tratarse de honorarios debidos, los secretarios judiciales examinan la cuenta, las actuaciones procesales y la documentación aportada y dictan a continuación decreto determinando las cantidades que hayan de satisfacerse a los abogados. (16) 
46. Si, por otra parte, los honorarios se impugnan por excesivos y no existe presupuesto previo aceptado por los impugnantes, los secretarios judiciales en cuestión proceden a su regulación conforme al procedimiento de tasación de costas previsto en los artículos 241 y siguientes LEC; de conformidad con el artículo 246 LEC, dicho procedimiento prevé la posibilidad de oír a los acreedores y de recurrir a los colegios de abogados correspondientes. (17) 
47. Según su propio tenor, los artículos 34 LEC y 35 LEC sólo prevén expresamente en los supuestos en que se haya formulado oposición que los secretarios judiciales dicten un decreto fijando la cantidad debida por honorarios. Ahora bien, los secretarios judiciales también dictan resoluciones cuando examinan la cuenta del abogado, cuando (en su caso) excluyen los créditos que no son susceptibles de reintegro, cuando requieren a los deudores de conformidad con el artículo 35 LEC, apartado 2, párrafo primero, para que paguen dichas sumas, y cuando a falta de oposición se despacha ejecución por dichos créditos de conformidad con el artículo 35 LEC, apartado 3. Por ello, el concepto de «resoluciones de los secretarios judiciales» designa en lo sucesivo tanto los decretos que los secretarios dictan en caso de oposición (previstos expresamente en los artículos 34 LEC y 35 LEC) como las resoluciones que adoptan al requerir a los deudores para que satisfagan los créditos que previamente han examinado y al despachar la ejecución de los mismos por no haberse formulado oposición. Es de suponer que tales resoluciones también se dictan en forma de decreto. 2. Sobre los efectos de las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas 
48. Según los artículos 34 LEC y 35 LEC, las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas no serán susceptibles de recurso, pero no prejuzgarán la sentencia que pudiere recaer en juicio ulterior. Por tanto, las cantidades determinadas por los secretarios judiciales en concepto de reclamación de honorarios podrán ser modificadas ulteriormente en procedimiento ordinario. Así pues, dichas resoluciones de los secretarios judiciales surten efectos de cosa juzgada formal, pero no de cosa juzgada material. 
49. Es así puesto que la cosa juzgada formal únicamente supone, de acuerdo con el artículo 207 LEC, que contra una resolución ya no quepa recurso alguno, bien por no preverlo la ley, bien porque haya transcurrido el plazo fijado. En cambio, la cosa juzgada material implica, de acuerdo con el artículo 222 LEC, apartado 1, que el contenido de la resolución en cuestión resultará vinculante también para cualquier procedimiento ulterior. 
50. No obstante, el hecho de que las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas carezcan de fuerza de cosa juzgada material no obsta en absoluto a su carácter ejecutivo: de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC, los deudores quedan obligados a satisfacer la cantidad que hayan determinado los secretarios judiciales, bajo apercibimiento de apremio. 3. Sobre la ejecución de dichas resoluciones de los secretarios judiciales 
51 En relación con la ejecución propiamente dicha, el Derecho español contempla dos procedimientos ejecutivos distintos en función de la naturaleza del título ejecutivo. De acuerdo con el artículo 556 LEC, apartados 1 y 2, cuando se trata de resoluciones «procesales» o arbitrales (18) o de acuerdos de mediación, el ejecutado puede formular oposición (que no suspende el curso de la ejecución), siendo posible alegar tan sólo el pago o cumplimiento, la caducidad de la acción ejecutiva o los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución. En cambio, cuando se trata de títulos no judiciales ni arbitrales, (19) el artículo 557 LEC prevé la formulación de una serie significativamente más amplia de causas de oposición que, además, sí suspenden el curso de la oposición y que, en particular, permiten aducir la existencia de cláusulas abusivas. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 552 LEC, apartado 1, el juez o magistrado encargado de la ejecución de títulos no judiciales ni arbitrales comprueba de oficio si existen cláusulas abusivas. (20) 
52. No parece que esté suficientemente aclarado a cuál de esas dos categorías se hayan de asignar las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas. El Gobierno español entiende que se trata de títulos no judiciales ni arbitrales de los del artículo 557 LEC y que, por ello, al ejecutar dichas resoluciones, los jueces o magistrados de la ejecución deben de oficio comprobar si existen cláusulas abusivas. Esta tesis es uno de los fundamentos básicos de la argumentación del Gobierno español tanto en relación con la condición de «órgano jurisdiccional» de los secretarios judiciales como en relación con la contestación de las cuestiones prejudiciales planteadas. 
53. Sin embargo, la argumentación de España no es muy convincente, puesto que, si se sigue cuidadosamente la cadena de remisiones de las disposiciones de la LEC que se ocupan de la ejecución (artículos 517 LEC, 556 LEC y 557 LEC), resulta que las resoluciones de los secretarios judiciales se ejecutarán como resoluciones judiciales. 
54. El Gobierno español basa su tesis en que, al definir los títulos no judiciales ni arbitrales, el artículo 557 LEC remite al artículo 517, apartado 2, de la misma norma, el cual define a su vez la totalidad de los títulos ejecutivos y cita en su número 9.º las «demás resoluciones “procesales” y documentos que, por disposición de esta [...] ley, lleven aparejada ejecución», (21) entre los que a su vez están las resoluciones dictadas en la jura de cuentas de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC. 
55. No obstante, el artículo 557 LEC, apartado 1, remite sólo a «otros documentos con fuerza ejecutiva a que se refiere el número 9.º del apartado 2 del artículo 517» (22) y no a las «demás resoluciones “procesales”» que también se mencionan en la misma disposición, puesto que éstas últimas se regulan en el artículo 556 LEC, el cual, según su propio tenor, tiene por objeto precisamente la ejecución de las «resoluciones “procesales”». 
56. Además, los decretos dictados por los secretarios judiciales en la jura de cuentas de acuerdo con los artículos 34 LEC y 35 LEC no están entre los «documentos con fuerza ejecutiva» a que se refiere el artículo 517 LEC, apartado 2, número 9.º, sino entre las «resoluciones procesales» a que se refiere la misma disposición, puesto que, de conformidad con el artículo 206 LEC, apartado 2, dichos decretos quedan subsumidos en el concepto de «resoluciones» del mismo órgano. Por tanto, a efectos del artículo 556 LEC, los decretos dictados por los secretarios judiciales en la jura de cuentas son, sin género de dudas, resoluciones «procesales», por lo que, a la hora de proceder a su ejecución, se han de asimilar a las resoluciones judiciales. 
57. A pesar de que se le insistiera sobre el particular en la vista, el Gobierno español no supo aportar alegaciones fundamentadas para refutar esta interpretación, que se basa en el tenor expreso de las disposiciones de la LEC, contentándose en su lugar con una referencia vaga a la «interpretación sistemática» de dichas disposiciones, pero sin pronunciarse con precisión sobre el tenor de las mismas. 
58. En realidad, frente a dicha alegación, una interpretación sistemática de la LEC también confirma que, a efectos de su ejecución, las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en la jura de cuentas están sometidas a la regulación recogida en el artículo 556 LEC de la misma manera que lo están las resoluciones judiciales, puesto que la Ley 13/2009, que trasladó a los secretarios judiciales la competencia para conocer de la jura de cuentas, (23) modificó también el título del artículo 556 LEC, que antes era «Oposición a la ejecución de resoluciones judiciales o arbitrales» y ahora es «Oposición a la ejecución de resoluciones “procesales” o arbitrales»; por ello, tal como explica expresamente el preámbulo de la Ley 13/2009, «con el objeto de unificar la terminología y adaptarla a las nuevas competencias del Secretario judicial, se utiliza la expresión “resoluciones ‘procesales’”, para englobar tanto las resoluciones judiciales [...] como las del Secretario judicial». (24) 
59. En contra del criterio del Gobierno español, estas palabras prueban la voluntad del legislador español no sólo de transferir a los secretarios judiciales la competencia sobre la jura de cuentas, otrora reservada a jueces y magistrados, sino también de asegurarse de que, de acuerdo con el artículo 556 LEC, la ejecución de las resoluciones dictadas por los secretarios judiciales en dicho procedimiento deba despacharse del mismo modo que la de las resoluciones judiciales. 
60. Por lo tanto, en el presente procedimiento prejudicial se ha de considerar que las resoluciones dictadas en la jura de cuentas por los secretarios judiciales están equiparados, a efectos de su ejecución, a las resoluciones judiciales. Ello supone que en esa ejecución no están previstas ni la obligación de comprobar de oficio si existen cláusulas abusivas ni la posibilidad de formular una oposición que se base en la existencia de dichas cláusulas y suspenda el curso de la ejecución..

Llegando a las siguientes conclusiones


146. A la vista de todo lo expuesto, propongo al Tribunal de Justicia que responda a las cuestiones formuladas por el Secretario Judicial del Juzgado de Violencia sobre la Mujer Único de Terrassa (Barcelona) en los términos siguientes: 
1) En el contexto del procedimiento regulado en los artículos 34 y 35 de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil, debe considerarse que los secretarios judiciales sí son «órganos jurisdiccionales» facultados, con arreglo al artículo 267 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, para plantear peticiones de decisión prejudicial. 
2) La Directiva 93/13/CEE, en relación con la Directiva 2005/29/CE y con el artículo 47 de la Carta, debe interpretarse en el sentido de que se opone a una normativa nacional en la que, como sucede con la controvertida en el procedimiento principal, los órganos encargados de instruir los procedimientos mediante los que se resuelve sobre las reclamaciones de honorarios (expedientes de jura de cuentas) no pueden comprobar de oficio si en el contrato celebrado entre un abogado y un consumidor existen cláusulas abusivas o si se han dado prácticas comerciales desleales. 
3) La Directiva 93/13 no se opone a una normativa nacional como la controvertida en el procedimiento principal a condición de que dicha normativa admita una práctica de prueba suficiente como para permitir la comprobación efectiva de si existen cláusulas abusivas, extremo que corresponde comprobar al tribunal nacional.

07 septiembre 2016

El cumplimiento o la satisfacción del título ejecutivo fuera del plazo de oposición a la ejecución.


Dispone el art. 556.1 LEC que si el título ejecutivo fuera una resolución procesal o arbitral de condena o un acuerdo de mediación, el ejecutado, dentro de los diez días siguientes a la notificación del auto en que se despache ejecución, podrá oponerse a ella por escrito alegando el pago o cumplimiento de lo ordenado en la sentencia, laudo o acuerdo, que habrá de justificar documentalmente. También podrá oponer los pactos y transacciones que se hubiesen convenido para evitar la ejecución, siempre que dichos pactos y transacciones constasen en documento público. 

Esta primera oposición no suscita ningún interrogante ajeno a su resolución y a la justificación documental de la que disponga el ejecutado. El problema surge cuando el ejecutado, fuera del plazo de la oposición, manifiesta que ha cumplido e insiste en que el Juzgado dicte el decreto del art. 570 LEC. En tales ocasiones esa simple alegación, pues no otra cosa cabe colegir de un escrito de parte de esa naturaleza, se solventa mediante el traslado a la ejecutante y la posterior continuación de la ejecución en los términos en los que fue despachada, cuando aquella rechaza que se haya producido la satisfacción del título. En este caso no cabrá otra alternativa ya que cualquier petición de la ejecutada interrumpiría la ejecución. 

Distinto sería el supuesto en el que la parte ejecutada facilitara un medio de prueba que justificara el cumplimiento que manifiesta, o al menos que provocara una duda razonable sobre la satisfacción del título. En este punto la ley no dice nada y serían varias las posibilidades. 

La primera sería la del art 562.1.3º LEC. El ejecutado presentaría un escrito al que adjuntaría la documental que fundara su petición y previa audiencia a la parte ejecutante se dictaría el decreto del art. 570 LEC o, en su caso, un decreto que ordenara la continuación de la ejecución. La ventaja de este medio es triple: el trámite carece de complejidad; cabría revisión ante el Juez y evitará entorpecimientos del ejecutado en tanto el documento deberá ser muy claro y no suscitar dudas interpretativas ya que no podemos olvidar que la petición se producirá en el curso de una ejecución en la que no hubo oposición en el plazo legalmente previsto. 

La segunda posibilidad nos conduce al procedimiento incidental (arts. 387 a 393 LEC), pero se trata de una interpretación sumamente forzada. Obsérvese, en primer lugar, que el art. 387 LEC define la cuestión incidental como la que siendo distinta de la que constituye el objeto principal del pleito, guarde con éste relación inmediata, así como la que se suscite respecto de presupuestos y requisitos procesales de influencia en el proceso. No hace falta un análisis sumamente riguroso para concluir que la petición que nos ocupa nada tiene que ver con la definición de la «cuestión incidental» que hace la ley y de hecho, no habría una «cuestión incidental» en tanto el cumplimiento del título ejecutivo es el objeto principal del proceso de ejecución. 

En segundo lugar, no debe olvidarse que la ley arbitra un mecanismo de oposición a la ejecución (arts. 556 y ss LEC) y que no podrá reproducirse en el tiempo salvo causas muy excepcionales. Quiere esto decir, por una parte, que la supletoriedad del art. 388 LEC es aparente, pues como hemos dicho no habría una verdadera «cuestión incidental» y por otra que de la relación entre los arts. 565 y 570 LEC, fácilmente se concluye que resuelta la oposición a la ejecución o transcurrido el plazo para formularla, podrán rechazarse todas las peticiones que se dirijan a entorpecer el curso de la ejecución. 

Lo dicho nos llevaría a una tercera posibilidad: la satisfacción extraprocesal o carencia sobrevenida de objeto del art. 22 LEC. Esto es, si dejare de haber interés legítimo en obtener la tutela judicial pretendida, porque se hubiera satisfecho, fuera del proceso, las pretensiones del actor o por cualquier otra causa, se pondría de manifiesto esta circunstancia y, si hubiere acuerdo de las partes, se decretaría por el Letrado de la Administración de Justicia la terminación del proceso. En otro caso se convocaría a las partes, en el plazo de diez días, a una comparecencia que versaría sobre ese único objeto decidiéndose mediante auto contra el que cabría recurso de apelación. 

A mi entender esta sería la mejor solución de las tres posibles por dos razones. En primer lugar porque el supuesto que analizamos encontraría acomodo en las «circunstancias sobrevenidas» al nacimiento del título ejecutivo y además, tendría un soporte legal añadido en el art. 19 LEC en cuanto a la vigencia del principio dispositivo, lo que permitiría tramitar la petición del ejecutado, por defecto, en forma de acuerdo con suspensión del proceso y con el límite temporal que pactara o se resolviera en el decreto. 

La segunda razón atañe al trámite pues tanto la comparecencia, como su objeto y la resolución que la termina en forma de auto, responden a la estructura del proceso de ejecución y a las resoluciones que en el mismo se dictan (art. 545 LEC).

01 septiembre 2016

El principio general del derecho a ninguna obligación (o a la vía penal)


Hubo un tiempo, no muy lejano, en el que las líneas del proceso estaban más o menos marcadas y en el que la disconformidad con la resolución del juzgado se mostraba con el correspondiente recurso. La reforma de la oficina judicial del año 2009 y la intervención de los Letrados de la Administración de Justicia terminó de romper una presa que ya hacía aguas y que había transformado el recurso en un derecho al pataleo, pero fuera del proceso tirando de quejas en cualquier administración o de querellas: era el triunfo del art. 24 CE en la interpretación del Tribunal Constitucional de los años noventa o del Tribunal Supremo en la exigencia del depósito para recurrir. Cito este último caso porque en la actualidad son mínimos los supuestos en los que se consigna el depósito cuando se interpone un recurso y lo que era una excepción (la subsanación) es ahora la regla general.  
Ni que decir tiene que cuando a la sociedad se le vende un producto que solo tiene derechos y ninguna obligación, lógico parece que cuando acude a un órgano judicial tenga el derecho a ganar y que si no lo hace (por la razón que sea, que dará igual) algún responsable tendrá que rendir cuentas. 

Este proceder, que poco a poco va extendiéndose en la Administración de Justicia, no solo se asienta en la ausencia de una inspección informática de Juzgados y Tribunales (inexistente en la actualidad y, en este siglo al paso que vamos), sino en la inexistente sanción automática al ciudadano que acude a un órgano judicial sin razón para ello; y adviértase que en el término “ciudadano” se incluye también a la Administración que con reiteración obvia pronunciamientos judiciales del mismo sentido. 

De lo contrario, esto es, de seguir evitando límites en uno y otro lado, autos como el de 20 de abril de 2016 de la Audiencia Provincial de Barcelona (Roj: AAP B 547/2016) terminarán siendo la regla general:


PRIMERO.- En fecha 14 de septiembre de 2015, por el Juzgado de Instrucción nº 4 de los de Granollers se dictó Auto en las Diligencias Previas nº 2082/2015, seguidas por querella interpuesta por la Procuradora contra Feliciano, Letrado de la administración de justicia del Juzgado de 1ª Instancia nº 3 de Granollers, y contra el BBVA por presunto delito de expropiación ilegal previsto en el art. 541 CP, cuya parte dispositiva en lo que afecta al presente recurso es del tenor literal siguiente: "No admito a trámite la querella (...) por considerar que los hechos denunciados no son constitutivos de delito." 
SEGUNDO.- Notificada dicha resolución a las partes personadas, contra la misma se ha interpuso por la acusación particular, debidamente personada, recurso de reforma y subsidiario de apelación. Resultando desestimado el primero por auto de fecha 26 de noviembre pasado, al tiempo que se admitía a trámite el de apelación al que se le dio el trámite previsto legalmente por el Juzgado de Instrucción. 
TERCERO.- En la tramitación del presente recurso se han observado las prescripciones legales exigidas al efecto, habiéndose presentado escritos de oposición al recurso por parte del Ministerio Fiscal y ambos querellados, quienes han solicitado la condena expresa en costas a la apelante por concurrir temeridad y mala fe.
 FUNDAMENTOS JURÍDICOS 
PRIMERO.- Se admiten y dan por reproducidos los de la resolución recurrida, así como los de aquella otra de la que trae causa. El auto impugnado fundamenta la inadmisión de la querella a trámite en el contenido del art. 313 LECrim, entendiendo que los hechos en que se fundamenta ni constituyen el delito pretendido, ni pueden considerarse constitutivos de ilícito penal alguno. Contra tales argumentos se alza el recurrente, primero en reforma y ahora en apelación. Disiente en primer lugar de la interpretación que el auto recurrido hace de los elementos del tipo del mencionado precepto, pretendiendo que el término "expropiación" ha de considerarse en sentido genérico, abarcando la adjudicación de un bien inmueble en trámite de ejecución hipotecaria. Tal interpretación extensiva de un precepto penal contraria "a reo" resulta absolutamente inadmisible, pero es que además la discusión resulta intrascendente a efectos del recurso puesto que la resolución apelada excluye la existencia de cualquier ilícito penal en los hechos denunciados. 
SEGUNDO.- El recurso no puede prosperar. Dejando a un lado el carácter desafortunado y gratuito de algunas expresiones referidas a la resolución que se impugna, lo que se plantea no es sino una disconformidad con la resolución adoptada en el procedimiento hipotecario que, lejos de constituir la "expropiación ilegal" que se pretende, se ha ajustado en todo momento a las normas procesales que lo regulan. El propio apelante reconoce en su escrito que el art. 671 LEC reconoce la posibilidad de adjudicar al acreedor el bien hipotecado cuando a la subasta no concurre postor alguno y se declara desierta por el porcentaje del valor que allí se detalla dependiendo de que se trate o no de la vivienda habitual del deudor. Tal resolución podrá ser objeto de los recursos correspondientes pero en ningún caso justifica el ejercicio de una acción penal. 
TERCERO.- Por todo lo anterior, procede la desestimación del recurso y la confirmación íntegra de la resolución recurrida, sin perjuicio de las acciones que en otros ámbitos puedan corresponder. 
CUARTO.- El art. 240.3 LECrim permite la condena en costas al querellante cuando de las actuaciones resulte que el mismo ha obrado con temeridad o mala fe. La juez de instrucción no se ha manifestado al respecto en primera instancia, pero la interposición del recurso de apelación ha de considerarse, cuando menos, como temeraria, pues ningún profesional del derecho puede desconocer la imposibilidad de que la presente pretensión prospere por las razones que se exponen en su recurso tras la argumentación ofrecida por el auto que inadmitió la querella presentada, lo que lleva a este tribunal a condenar en cuanto a las costas de esta segunda instancia a la parte apelante.

Y de ahí al proceso preventivo habrá un paso. ¿Saben lo que es? No se discute con ninguna de las partes y se dice que sí a todo lo que pidan y en la forma en que lo hagan. No hay en este caso nada nuevo bajo el sol: la medicina en los Estados Unidos se practica de esta forma (evita demandas millonarias) y no pocos protocolos médicos en España están inspirados en ese principio.

19 julio 2016

El pago del título ejecutivo y su incidencia en las costas de la ejecución


Uno de los quebraderos de cabeza más habituales en los Juzgados aparece cuando en la ejecución de títulos procesales el deudor paga después de la demanda y antes del despacho de ejecución o, en el tiempo que media entre el despacho y la notificación al ejecutado. 

Cuando hablamos del «pago» nos referimos – aunque sea erróneamente- a la consignación en la cuenta de consignaciones del Juzgado del principal objeto de condena, lo que sería equivalente al cumplimiento del título e impediría el despacho de ejecución. Pago que no incluiría, ni debiera hacerse, las cantidades presupuestadas para los intereses y costas de la propia ejecución; una cosa es que se pidan en la demanda de ejecución (siempre en el máximo del 30% que permite el art. 575 LEC) y otra bien distinta que puedan reclamarse al demandado que no tendría la condición de parte ejecutada. Tesis que se sustenta en que no habrá proceso de ejecución propiamente dicho, hasta que no quede definitivamente fijada la cantidad por la que haya de procederse a la ejecución o vía de apremio. 

A idéntica conclusión llegamos en el caso de pago extraprocesal previo al despacho de ejecución. Cumplido el título ejecutivo, sería inadmisible el despacho por los intereses y costas en cálculo provisional de una ejecución que carecería de objeto (arts. 553.1.2.º y 575.1 y 2 LEC). Recuérdese, por cierto, que en el art. 575.1 LEC se vincula el despacho de ejecución con la «cantidad que se prevea para hacer frente a los intereses que, en su caso, puedan devengarse durante la ejecución y a las costas de ésta» por lo que no podrán reclamarse los intereses y las costas presupuestadas si el principal ya se hubiera satisfecho. 

¿Cuál podría ser entonces, el fundamento o la razón que obligara al despacho de ejecución en estos casos? Lo dice la Audiencia de Madrid: el plazo hábil de que dispone el condenado para hacer el pago de lo debido, con el efecto de neutralizar la ejecución e impedir ser condenado en costas está previsto en el art. 548 LEC, como plazo de cumplimiento voluntario de las resoluciones de condena durante el que no cabrá despachar ejecución así que transcurrido el mismo estará obligado a soportar la ejecución y las costas inherentes a la misma y, ello aunque satisficiera la deuda antes de ser notificado del despacho de ejecución, en tanto continuaría obligado a soportar las consecuencias del procedimiento de ejecución, pues con su pasividad provocó el nacimiento de un proceso judicial que, de otro modo, se habría evitado (AAP MADRID Sección 14ª del 21 de septiembre de 2012, ROJ: AAP M 15519/2012); lo contrario equivaldría a dejar el pago de costas subordinado a la celeridad del órgano judicial en resolver sobre la pretensión ejecutiva. En resumen: el pago posterior al comienzo del proceso de ejecución (que se fijaría en el momento de la presentación de la demanda) implicaría, de forma automática, el devengo de las costas de la ejecución principal. 

Esta postura supondría la infracción del art. 549.1.2º LEC pues no habría tutela ejecutiva que satisfacer en relación con el título ejecutivo y tampoco podría reclamarse cantidad alguna con arreglo a lo dispuesto en el art. 575 LEC; y pese que no se desconozca la doctrina que afirma que las costas no son una sanción, sino una contraprestación de los gastos ocasionados al que obtuvo la victoria (el demandante no podrá resultar perjudicado económicamente debiendo hacer frente a unos gastos que debería abonarlos el vencido en el pleito), no podrán imponerse automáticamente las costas por el transcurso del plazo del art. 548 LEC sin atender a las circunstancias de cada ejecución; la práctica demuestra que el cómputo del art. 548 LEC puede presentar alguna dificultad (especialmente en el caso del recurso de apelación), que se realizan traslados de copias de las demandas de ejecución (con lo que se producen pagos voluntarios previos al despacho de ejecución que no merecen ser sancionados) y que de lo que en definitiva se trata es del cumplimiento del título ejecutivo. 

Ahora bien, si seguimos la tesis de la imposición automática de las costas de la ejecución, no solo la repetida imposición responderá a una especie de sanción al ejecutado por el agotamiento del plazo de cortesía (art. 548 LEC) si no que obligaría a despachar ejecución por los «intereses y las costas que se reclaman en cálculo provisional» y, además, por todas las cantidades que aparecieran en la demanda ejecutiva según el título ejecutivo, con la salvedad que en la misma resolución debería acordarse la entrega del principal objeto de condena —consignado en la cuenta de juzgado—, resolviéndose lo que correspondiera sobre los intereses y las costas de la ejecución. Obsérvese que en este caso sería posible que la tasación de costas se practicara con arreglo al importe por el que se hubiera despachado la ejecución.

07 julio 2016

Cesión de datos por un LAJ a un Magistrado y el tipo del art.197.2 CP (STS 4-7-2016)


Siendo evidente el desconocimiento del editor de este blog sobre los tipos penales y sus vicisitudes me limitaré a destacar unos párrafos de la interesante STS Sala 2ª de 4 de julio de 2016 (ROJ STS 3051/2016) y la falta de tipicidad de los hechos se advierte en las dos alternativas abiertas que el Tribunal a quo refleja en la redacción del juicio histórico: "... para realizar la incorporación del certificado de antecedentes penales del Sr. Paulino, el acusado, bien solicitó directamente a la Señora Secretaria Judicial que accediese al registro de penados y rebeldes para obtenerlo, o bien acordó que se realizase copia del certificado cuya obtención se ordenó mediante providencia de 14 de diciembre de 2009 respecto de todos los imputados en las diligencias previas 840/2008, siendo lo cierto que la Señora Secretaria Judicial accedió al registro de penados y rebeldes y obtuvo una nueva certificación el día 26 de noviembre de 2013 a las 11:27:10 horas, haciendo entrega de la misma a D. Gonzalo con expresa mención a que los antecedentes estaban cancelados". 

Dice el Tribunal Supremo que la solicitud por parte del acusado de un certificado de antecedentes penales, que fue obtenido del Registro Central de Penados mediante acceso por la Secretaria Judicial del Juzgado en el que aquel desempeñaba sus funciones y que a su vez, fue incorporada al escrito de alegaciones que el acusado remitió al Consejo General del Poder Judicial, en respuesta al expediente que le había sido abierto por una posible infracción disciplinaria, no sería susceptible de subsunción en el tipo previsto en el art. 197.2 CP. 

Construida la acción típica a partir de un acceso o, en otro caso, de la utilización de datos personales relacionados con una hoja histórico penal[..]


Lo que el Tribunal Superior de Justicia denomina un acceso o una utilización injustificada de datos por parte del magistrado acusado, no es tal. Se trata más bien de un supuesto de cesión de datos obtenidos por el funcionario responsable del tratamiento -en este caso, la Secretaria Judicial, ahora Letrada de la Administración de Justicia del Juzgado de instrucción núm. 2 de Castro Urdiales-, a petición del titular del órgano jurisdiccional, que luego son remitidos al Consejo General del Poder Judicial en el marco de unas diligencias de contenido disciplinario. Es en esta secuencia fáctica -no en otra- en la que ha de ser ponderada la tipicidad de la acción declarada probada. Y es que conforme a la norma reguladora de la cesión o comunicación de datos personales, no siempre la cesión inconsentida de datos puede dar lugar a una infracción legal y, en su caso, a un delito.

Esto es, la cesión se define en el art. 3.i) de la LO 15/1999, 15 de diciembre, lo que obliga a un examen acerca de tres extremos imprescindibles para derivar una conclusión acerca de la tipicidad de la conducta imputada. El primero, si los datos fueron obtenidos por quien podía hacerlo, esto es, por quien se hallaba legitimado en su calidad de responsable de seguridad del tratamiento. En segundo lugar, si quien cedió esos datos a un tercero actuaba legítimamente y en el ejercicio de sus funciones. Por último, si el cesionario de esos datos podía acceder a ellos porque una ley así se lo autorizaba. Pues bien, a todas estas cuestiones dan respuestas los arts. 236 quinquies y 236 sexies de la LOPJ. 

La sentencia recurrida da a entender que para el órgano de instancia la legitimidad de toda cesión o tratamiento de los datos generados como consecuencia de la actividad judicial, sólo puede predicarse cuando el fin que los justifica es estrictamente jurisdiccional. Aquí reside el error jurídico que desenfoca el juicio de tipicidad proclamado por el Tribunal Superior de Justicia. La LOPJ admite la cesión de datos para fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Y en ambos casos su cesión al Consejo General del Poder Judicial está autorizada cuando este órgano actúa "... en el ejercicio de sus funciones de inspección y control" o "... en el ejercicio de las competencias que tenga(n) legalmente atribuidas". La transcripción literal de los apartados 3 y 4 del art. 236 quinquies permite concluir la legitimidad de la cesión imputada al acusado Gonzalo y que ha sido reputada delictiva en la resolución objeto de recurso.

En consecuencia, la transferencia de datos personales referidos a la hoja histórico-penal de Paulino tiene adecuado encaje en el régimen jurídico que disciplina la cesión de datos en el ámbito de la actividad judicial, ya se ejecute esa cesión con fines jurisdiccionales o no jurisdiccionales. Ni el Juez Gonzalo que solicitó el certificado, ni la Letrada de la Administración de Justicia que accedió con sus claves al Registro Central de Penados ni, por supuesto, el Consejo General del Poder Judicial que había incoado una información previa a través del Servicio de Inspección, pueden considerarse actores de una ilegítima injerencia en el derecho a la autodeterminación informativa que proclama el art. 18.4 de la CE y que tutela penalmente el art. 197.2 CP. No se olvide que los apartados 1º y 2º del art. 236 sexies declaran responsables de los ficheros jurisdiccionales o no jurisdiccionales al órgano jurisdiccional u Oficina judicial ante el que se tramiten los procesos cuyos datos se incorporen al fichero. Y el apartado 3 del mismo precepto adjudica al Letrado de la Administración de Justicia la condición de responsable de seguridad a los efectos previstos en la legislación de protección de datos. Esta responsabilidad no es sino confirmatoria de la que ya proclamara el párrafo En síntesis, el Magistrado Gonzalo solicitó -de quien podía solicitar- el acceso al Registro Central de Penados y cedió -a quien podía ceder- los antecedentes penales y demás datos personales que incluían aquella certificación. Esos datos fueron, además, transferidos al órgano de gobierno de los Jueces que a través del Servicio de Inspección había incoado una información previa al acusado. Y fueron recibidos, por tanto, en el estricto ámbito del ejercicio de la función inspectora que le encomienda la Ley Orgánica del Poder Judicial.

La gravedad de las penas asociadas al art. 197.2 CP son bien expresivas de la necesidad de una fundada y grave afectación del bien jurídico protegido, que no es la intimidad, entendida en el sentido que proclama el art. 18.1 CE , sino la autodeterminación informativa a que se refiere el art. 18.4 del texto constitucional. Se trata de una mutación histórica de innegable trascendencia conceptual, de un derecho de nueva generación que otorgaría a cada ciudadano el control sobre la información que nos concierne personalmente, sea íntima o no, para preservar, de este modo y en último extremo, la propia identidad, nuestra dignidad y libertad. 

Así centrada la tutela del bien jurídico protegido por el art. 197.2 CP, es entendible la ausencia de relieve penal de los hechos imputados al acusado Gonzalo. Y es que la nula afectación del bien jurídico -por más que la ya razonada ausencia de otros elementos del tipo objetivo sería suficiente para el desenlace absolutorio- es otra de las razones para concluir la falta de tipicidad de los hechos.

Basta un examen detenido de los precedentes más destacados de esta Sala, en los que el art. 197.2 del CP fue aplicado y derivó en una condena para constatar la intrínseca gravedad de los supuestos a los que se hacía frente. Son los casos, por ejemplo, del médico del Servicio Público de Salud que, aprovechando su cargo y el acceso a las bases de datos de historiales médicos, realizó numerosas consultas sin autorización ni justificación, con consciente incumplimiento del compromiso de confidencialidad que le incumbía, llegando a acceder en más de 200 ocasiones y durante el plazo de 2 años a las historias de salud e información de atención primaria de una enfermera, con la que había roto una relación amorosa, y las de sus familiares ( STS 40/2016, 3 de febrero); del policía autonómico que, valiéndose de su libre acceso a la base de datos policial, eludía las sanciones por sus multas de tráfico, identificando falsamente en los pliegos de descargo a terceras personas (cfr. STS 534/2015, 23 de septiembre); el médico del INSALUD que, aprovechando tal condición, consultó el historial clínico de varios compañeros sin su consentimiento, obteniendo así información clínica especialmente protegida (cfr. STS 532/2015, 23 de septiembre); el funcionario de la TGSS que, con la utilización de la clave asignada para otras funciones, facilitaba datos de trabajadores, empresas, vida laboral y certificados de situación de cotización a mutuas laborales y a terceras personas ( STS 525/2014. 17 de junio); el agente de la Guardia Civil que al amparo de su cargo accede al registro informático del Cuerpo y facilita datos reservados sobre varias personas, datos que luego son utilizados para chantajear a terceras personas (cfr. STS 1189/2010, 30 de diciembre); los funcionarios del INEM que difunden a terceros datos de múltiples personas, extraídos de ficheros informáticos oficiales a los que accedían con su propio código o con el otros compañeros y mediante los que facilitaban el embargo de sus bienes (cfr. STS 725/2004, 11 de junio); el colaborador temporal de la Asociación de Parapléjicos y Grandes Minusválidos Físicos que se apodera de datos con indicaciones expresas de la minusvalía y estado de salud de algunos de los miembros, así como datos relativos a sus domicilios, teléfonos y cuentas bancarias, con el fin de utilizar dichos datos en su propio beneficio, para actividades de contactos, sexo, o trabajos fraudulentos que ofrecía (cfr. STS 1532/2000, 9 de octubre ); o la información periodística que permitió por vía referencial identificar a enfermos de SIDA internados en un establecimiento penitenciario (STS 18 febrero 1999).

La sentencia contiene un voto particular que discrepa de la argumentación jurídica de la mayoría de la Sala, pero dejando al margen el debate doctrinal los límites del acceso a determinados datos y su destino no suscitan demasiados interrogantes o, si quieren que sea más claro, núnca es aconsejable dejarse llevar por el primer impulso y menos aún cuando las sucesivas reformas de la LOPJ insisten en atribuir al Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia una responsabilidad en materia de protección de datos que, como se lee en la sentencia, suele tener más de un reparo. 

05 julio 2016

De nuevo el TS resuelve con la lógica (jurídica) sobre la naturaleza de los Decretos de los LAJ (STS.20-6-2016)


La STS, Sala 1ª de 26 de junio de 2016 (Roj: STS 2937/2016) reitera un criterio que impone la lógica sobre la naturaleza de los Decretos que dictamos los Letrados de la Administración de Justicia. Como entiendo que es un asunto sobre el que voces más autorizadas se han pronunciado me limitó a reproducir el fundamento en cuestión:


Antes de entrar en el examen de la demanda y en el motivo de revisión alegado, es necesario clarificar, ante la oposición del demandado, las resoluciones que pueden ser objeto de este proceso revisión.
En relación a esta cuestión, esta Sala tiene dicho, entre otros, en AATS de 25 de octubre de 2011 (PR nº 54/2011), 20 de septiembre de 2011 (PR nº 23/2011), 7 de septiembre de 2010 (PR nº 15/2010 ) y 14 de julio de 2009 (PR nº 56/2008), que el art. 509 LEC se refiere a la revisión de sentencias firmes y que el art. 510 LEC dice que "habrá lugar a la revisión de una sentencia firme" por los motivos que enumera. Esto significa, según los AATS antes citados, que "solo pueden ser objeto de revisión las resoluciones judiciales que tienen la forma y la naturaleza de sentencias". Sin embargo la STS 655/2013, de 28 de octubre en un supuesto en que se interesaba la revisión de un auto por el que se despacha ejecución en un proceso monitorio, estimó que se trataba de una resolución equivalente a las sentencias firme, porque pone fin al procedimiento monitorio y abre la fase de ejecución de este, que, según el art. 816.2 LEC, proseguirá "conforme a lo dispuesto para la de sentencias judiciales".
Más recientemente, la STS nº 565/2015, de 9 de octubre , en el mismo sentido, estima que es objeto de revisión el decreto del Letrado de la Administración de Justicia que pone fin al proceso monitorio europeo y la posterior resolución despachando ejecución.
El tratamiento que se ha de dar al decreto del Letrado de la Administración de Justicia, poniendo fin al actual juicio de desahucio al no existir oposición tras el requerimiento realizado al demandado, -en este caso, también el auto dictado resolviendo el contrato de arrendamiento- y la posterior resolución despachando ejecución; ha de ser el mismo que el que se ha dado a los autos y decretos dictados en el ámbito del juicio monitorio, al tratarse de resoluciones firmes que ponen fin al procedimiento, en este caso de desahucio, y con efecto similar al de la cosa juzgada, en aquellas cuestiones propias de la resolución arrendaticia por falta de pago.

28 junio 2016

El recurso de revisión no sustituye a la impugnación de la tasación de costas (ATS, 13-4-2016).


La parte condenada en costas recurre en revisión un decreto argumentando que los honorarios del letrado minutante eran excesivos por aplicación del límite del tercio del art. 394.3 LEC y que la ley permite la revisión del citado decreto, aunque la tasación no haya sido impugnada, cuando no se ajusta a los límites del art. 243.3 LEC. 

El ATS, Sala 1ª, de 13 de abril de 2016 (ROJ: ATS 3078/2016) desestima el recurso. Del art. 243 LEC se deduce que la facultad del Letrado de la Administración de Justicia en orden a la exclusión de determinadas partidas de los derechos o de las minutas al practicar la tasación de costas, sin necesidad de esperar a una eventual impugnación de la parte perjudicada, resulta indiscutible. El letrado de la Administración de Justicia no solo decide sobre la exclusión de los derechos correspondientes a escritos y actuaciones que sean inútiles, superfluas o no autorizadas por la ley, o de las partidas de las minutas que no se expresen detalladamente o que se refieran a honorarios que no se hayan devengado en el pleito. Además, el art. 243 LEC faculta al letrado de la Administración de Justicia para reducir el importe de los honorarios de los abogados y demás profesionales que no estén sujetos a tarifa o arancel cuando excedan de la tercera parte de la cuantía del pleito, salvo que se haya declarado la temeridad del litigante condenado en costas. 

El párrafo tercero del art. 243.2 LEC obliga al Letrado de la Administración de Justicia a aplicar el límite legal previsto en el art. 394.3 LEC (en el caso de condena en costas de primera instancia y, por remisión del art. 398 LEC, a las costas en apelación y en los recursos extraordinarios), y deja claro a quién está atribuida la competencia para la aplicación de la limitación de los honorarios del letrado minutante a la tercera parte de la cuantía del procedimiento y en qué momento debe ser apreciada la limitación. 

Pero ello, sin perjuicio de que pueda impugnarse la tasación de costas practicada, bien por el condenado, bien por el beneficiario de la condena en costas si se reducen los honorarios en cuantía superior a dicho límite, cuando lo único que se discute - partiendo de la corrección del importe o cuantía de la minuta- es la aplicación del límite a cuyo pago viene obligado el condenado en costas, la impugnación deberá tramitarse por el cauce de indebidos. Precisamente, porque no se cuestiona la correcta aplicación de normas orientadoras, carece de sentido recabar el informe del colegio de abogados en cuanto a la corrección de la minuta de un letrado incluida en una tasación de costas. 

El art. 245 LEC, referido a la impugnación de la tasación de costas, regula los incidentes a través de los cuales se instrumenta la oposición a la tasación de costas y en el caso de que el letrado de la Administración de Justicia no haya aplicado de oficio la reducción de los honorarios en el momento de tasar las costas (art. 243.2. III LEC ), la parte condenada, en el trámite de impugnación previsto en el art. 245.2 LEC, tiene la posibilidad y la carga de poner de manifiesto esa infracción, y si no lo hace no puede plantearlo a través del recurso de revisión contra el decreto que aprueba la tasación de costas.


En definitiva, el hecho de que el límite establecido en el art. 394.3 LEC sea aplicable de oficio por el letrado de la Administración de Justicia a la hora de practicar la tasación de costas, sin tener que esperar a que sea esgrimido por la parte condenada a través del trámite de impugnación, no significa que en el supuesto de que no se haya aplicado dicho reducción la parte perjudicada no esté obligada a reaccionar en tiempo y forma, con la debida diligencia, en defensa de sus derechos, a través de la impugnación de la tasación de costas. Se trata de un requisito inexcusable y una carga impuesta a la parte, ya que de no hacerlo así pierde la oportunidad de denunciar la irregularidad en la práctica de la tasación de costas a través del recurso de revisión contra el decreto que la aprueba .

Así que si la parte condenada no impugnó dentro de plazo la tasación de costas, el recurso de revisión interpuesto se convertirá en una impugnación extemporánea de la tasación.

22 junio 2016

Sobre la incomparecencia del Procurador al acto de la vista (STS 15-6-2016)


La STS Pleno Sala de lo Civil de 15 de junio de 2016 (Roj: STS 2737/2016) estima el recurso por infracción procesal contra la SAP Alicante (sección 8.ª) de 7 de junio de 2013 y la del Juzgado de Primera Instancia n.º 9 de dicha ciudad anulando la sentencia recurrida así como la dictada en primera instancia y las actuaciones realizadas desde la celebración del juicio, volviendo al momento procesal anterior al mismo para nuevo señalamiento. 

En el asunto en cuestión según la Audiencia Provincial se reconoció (i) que no compareció la Procuradora por lo que no pudo hacerlo en forma la parte actora en el acto del juicio; (ii) que no se tuvo por incomparecida a la parte actora de manera automática sino que se concedió un tiempo para intentar la comunicación con la Procuradora para conocer y justificar la razón de la incomparecencia; y (iii) que transcurrido el tiempo concedido, al no dar justificación alguna sobre la incomparecencia de la Procuradora, se procedió a la celebración del juicio sin tener por comparecida a la parte actora. 

Tampoco pudo considerarse como circunstancia de fuerza mayor (art. 183.1 LEC) la supuesta enfermedad alegada por la Procuradora mediante escrito presentado al día siguiente pues el parte médico que acompaña está expedido a las 22,19 horas del día 26 de julio cuando el juicio estaba previsto ese mismo día a las 9,00 horas en el que se indicó que padecía "desde hace 24 hs inicia dolor abdominal intenso tipo cólico". No se acreditó suficientemente la existencia de causa de fuerza mayor pues no estaba impedida la Procuradora para comunicar al Juzgado al momento de la celebración del juicio su imposibilidad para asistir al mismo o, al menos, haber informado con anterioridad al Letrado de las razones de su incomparecencia. 

Y dice el Tribunal Supremo:


Es cierto que el legislador ha querido que en el acto del juicio las partes comparezcan representadas por su procurador y asistidas de abogado, lo que viene establecido en el artículo 432.1 LEC como garantía procesal de la propia parte y no de la contraria ni de la actuación del tribunal. 
En el caso presente los demandantes comparecieron por sí con su abogado defensor, no haciéndolo la procuradora que los representaba por causas en ese momento ignoradas, sin que pudiera ser localizada pese a que consta que se intentó. Ante tal situación, cabía a la juzgadora de primera instancia adoptar distintas soluciones y optó finalmente por la más perjudicial para los derechos de la parte demandante, que quedó indefensa al no poder practicar la prueba que le había sido admitida, ya que se le tuvo por no comparecida. 
La norma del artículo 432 LEC -que se considera infringida- es clara al requerir la presencia de procurador y letrado para que la comparecencia de la parte en el juicio pueda entenderse correctamente efectuada. No obstante, ante una situación como la que se dio en el caso presente en que, sin conocimiento de la causa motivadora por la parte ni por su abogado, no comparece la procuradora y no es posible su localización, es preciso determinar si resulta proporcionada, y acorde con los derechos constitucionales de tutela judicial y defensa en juicio, la consecuencia de tener por no presente a la parte y privarle de cualquier intervención, incluida la práctica de la prueba que se le había admitido y que podía llevarse a cabo en ese momento sin detrimento alguno de derechos para la contraria. 
La inasistencia del procurador al acto del juicio, cuando le consta el señalamiento y no alega causa justificada para ello, podrá comportar incumplimiento de deberes profesionales de carácter estatutario y de las obligaciones propias de la relación de apoderamiento, con las consecuencias a que haya lugar -incluso el artículo 553-3º LOPJ prevé la incomparecencia como generadora de posible responsabilidad disciplinaria exigible por el tribunal- pero no ha de suponer la privación al litigante de toda posibilidad de defensa en juicio cuando el mismo está presente y asistido técnicamente por abogado. 
A tal conclusión conduce, además, la propia previsión del legislador para el caso de la suspensión de vistas, regulada en el artículo 188 LEC , pues en su apartado 1.5º dispone que la celebración de las vistas en el día señalado sólo podrá suspenderse en los siguientes supuestos y, entre ellos, «por muerte, enfermedad, imposibilidad absoluta o baja por maternidad o paternidad del abogado de la parte que pidiere la suspensión, justificadas suficientemente a juicio del secretario judicial, tales hechos se hubiesen producido cuando ya no fuera posible solicitar nuevo señalamiento conforme a lo dispuesto en el artículo 183, siempre que se garantice el derecho a la tutela judicial efectiva y no se cause indefensión ...». 
La lectura de dicha norma pone de manifiesto que la concurrencia de iguales circunstancias -que incluso pueden ser inmediatas a la celebración del juicio- no está previsto que provoquen la suspensión de la vista cuando afectan al procurador y no al abogado, siendo así que en cualquier caso si el tribunal considera imprescindible en el caso dicha presencia siempre puede instar a la parte a que se lleve a cabo la sustitución por otro procurador en los amplios términos que permite el artículo 29 del Estatuto General de los Procuradores de los Tribunales de España, aprobado por Real Decreto 1281/2002, de 5 de diciembre , incluso sin necesidad de apoderamiento previo, como también prevé el artículo 543.4 LOPJ ; igualmente la ley no ha exigido de modo especial la presencia del procurador en la audiencia previa al juicio cuando comparezcan las propias partes, según dispone el artículo 414 LEC

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15 junio 2016

Impugnación de la tasación de costas, legitimación e inadmisión.


El plazo de impugnación de la tasación es el de los diez días del traslado del artículo 244.1 LEC, que vencido hará entrar en juego la inadmisión del artículo 245.4 LEC. Y dice este último que en el escrito de impugnación habrán de mencionarse las cuentas o minutas y las partidas concretas a que se refiera la discrepancia y las razones de ésta. 

Hago aquí una aclaración. Lo que se impugna es la tasación de costas, que suele recogerse en una diligencia, pero no las diligencias de ordenación que acuerda la práctica y el traslado. Puede darse el caso – y escribo por experiencia- que se recurra en reposición la diligencia de ordenación que ordena la práctica de la tasación de costas o que se presente un escrito solicitando su aclaración. Ese quehacer está prohibido por la ley y en los dos casos hay que rechazar, sin otro trámite, la petición que se formule. 

Respecto a la legitimación no hay que darle muchas vueltas al asunto. Solo podrán impugnar la tasación las partes litigantes, no los profesionales que intervinieron en el proceso, ni quienes presentaron facturas, y ello porque las costas, que han de ser objeto de tasación, en su caso, dan lugar a una relación, derivada de una resolución judicial, entre la parte vencedora beneficiada con la condena en costas y la parte condenada al pago de las mismas (SAP BARCELONA, 525/2004, Sección 13ª, 13 julio 2004, ROJ: SAP B 9274/2004). Y solventando una impugnación por falta de legitimación en la impugnación de una tasación de costas reitera la SAP BARCELONA, 209/2011, Sección 1ª, 17 de mayo de 2011 (ROJ: SAP B 4826/2011) que el titular del crédito resultante de una condena en costas es la parte procesal. Se trata de un crédito que entra en el patrimonio del acreedor que es la parte procesal (no su Letrado), pues es el arrendatario (cliente) el obligado a satisfacer el importe del servicio prestado ya que solamente entre ambos se ha constituido tal relación, por lo que los derechos y obligaciones que puedan surgir como consecuencia de tal contrato solamente les afectan a ellos y no a los terceros condenados al pago, conforme se establece por reiterada jurisprudencia. 

Ahora bien, mientras el condenado al pago podrá impugnar todos y cada uno de los apartados de la tasación, la parte vencedora quedará limitada por el artículo 245.3 LEC a una impugnación: (a) por no haberse incluido en la tasación gastos debidamente justificados y reclamados (b) por no haberse incluido la totalidad de la minuta de honorarios de su abogado, o de perito, profesional o funcionario no sujeto a arancel que hubiese actuado en el proceso a su instancia, o (c) por no haber sido incluidos correctamente los derechos de su procurador. 

La intervención de letrado y de procurador en la impugnación será necesaria por relación con el proceso en el que se ha practicado la tasación de costas (artículo 31 LEC) y en el caso de fallecimiento del litigante, el letrado necesitará nuevo poder de los herederos para promover o, en su caso, continuar, con la impugnación de la tasación de costas (SAP MALAGA, 560/2008, Sección 4ª, 7 de octubre de 2008, ROJ: SAP MA 1689/2008). 

Presentado el escrito de impugnación vuelve a precluir el trámite de alegaciones y no se podrán introducir posteriormente ulteriores motivos para impugnar la tasación, salvo que fuesen apreciables de oficio (SAP LA CORUÑA, 371/2010, Sección 3ª, 22 de septiembre de 2010, ROJ: SAP C 2449/2010) y para el caso de superar el trámite de admisión, la falta de mención de las razones de la impugnación podría luego transformarse en su desestimación (SAP ALICANTE, 431/2009, Sección 8ª, 17 de noviembre de 2009, ROJ: SAP A 3645/2009) . 

Lo que no vale son las impugnaciones genéricas en las que se alega, por ejemplo, que se infringe el límite del artículo 394.3 LEC sin aclarar respecto a qué cantidad y partida; que la cuenta de derechos del Procurador es indebida o que la minuta del letrado no es detallada, antes al contrario, pasado el filtro jurídico que hace el Letrado de la A. de Justicia corresponde al impugnante precisar su desacuerdo con la tasación y las razones que le llevan a tal conclusión. El artículo 245 LEC no presenta ninguna dificultad interpretativa con lo que no cabe subsanación (artículo 231 LEC), no hay obligación de averiguar qué es lo que se impugna y además se prevé un recurso de reposición, que siempre deberá sujetarse al requisito de admisión del artículo 452.1 LEC (el impugnante tendrá que precisar con toda claridad qué infracción se cometió en el decreto de inadmisión a trámite de la impugnación de la tasación de costas). 

Por último, la denominación de la impugnación por la parte no afecta ni a la admisión, ni a la tramitación posterior. Esta es una cuestión que el  Letrado de la A. de Justicia está obligado a examinar, impulsando el trámite como corresponda y de ahí, por ejemplo, que si se impugnan los derechos del Procurador por indebidos, pero sin atacar partida alguna, sino solo su cuantía, deba inadmitirse la impugnación, sin perjuicio de revisar el cálculo realizado.